El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que su exministro de Justicia y exjuez, Sérgio Moro, hacía política de “forma camuflada” y que pese a ello tiene derecho de ser candidato presidencial en 2022. Bolsonaro se refirió a la decisión de Moro, el juez que condenó y encarceló al líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, de afiliarse el miércoles al partido derechista Podemos con el objetivo de presentarse a las elecciones generales de octubre del año próximo y posicionarse como un aspirante de la llamada “tercera vía”.

La corte suprema de Brasil anuló las condenas y procesos contra Lula en la operación Lava Jato por manipulación de pruebas y animosidad política. “Ahora puedo entender un poco más las cosas sobre Moro. No tengo nada en contra de que se afilie a un partido pero el hacía eso (política) en forma camuflada”, dijo Bolsonaro a la radio oficialista Jovem Pan.

Moro pasó 23 años como juez de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, y tras comandar la operación Lava Jato condenó y encarceló a Lula, quien quedó fuera de las elecciones de 2018, algo que abrió el camino para la victoria de Bolsonaro. Un mes después de la elección, Moro renunció para asumir como como ministro de Justicia. Estuvo en el gobierno ultraderechista hasta abril de 2020, cuando rompió con Bolsonaro denunciando que quería manipular a la Policía federal.

Bolsonaro sostuvo que Moro buscó ser designado para un asiento en el Supremo Tribunal Federal aliándose a su proyecto. “Una persona que pasa 23 años como juez no renuncia para ser ministro apenas. El pueblo ahora debe elegir a quien quiere para administrar”, dijo el excapitán. Bolsonaro también comentó el pase a la política del exfiscal de Lava Jato Deltan Dallagnol, un aliado de Moro. “El propósito político de Moro y Dallagnol comienza a revelarse ahora”, dijo Bolsonaro.

El mandatario insistió, por otra parte, en buscar en el Congreso una enmienda constitucional que suspenda los pagos de los juicios del Estado para poder reunir unos 15.000 millones de dólares para sustentar el plan Auxilio Brasil de ayuda social a más d 17 millones de familias en el año de su reelección. La aprobación de esta enmienda constitucional “no es un default, es una postergación de pagos”, afirmó Bolsonaro.

El caso se judicializó porque la magistrada del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber ordenó al Congreso a revelar el origen y destino de las llamadas enmiendas parlamentarias, partidas presupuestarias secretas que están siendo denunciada como una compra de votos del oficialismo. “Existe un exceso de interferencia del Poder Judicial en el ejecutivo, porque el que quiera ser presidente debe presentarse a elecciones. La medida es más política que económica”, dijo Bolsonaro sobre el llamado “presupuesto secreto”.

La enmienda es clave para la continuidad de los planes sociales, sobre todo porque el gobierno eliminó el plan Bolsa Familia, la marca social de Lula, el favorito para octubre de 22, y quiere imponer rápidamente el Auxilio Brasil. La medida fue aprobada en primera votación de Diputados la semana pasada y precisa ser ratificada en segunda votación antes de pasar el Senado.

El caso provocó la suspensión de la candidatura presidencial del tercero en la encuesta, Ciro Gomes, a raíz de que más de 10 diputados del Partido Democrático Laborista (PDT) votaron a favor del gobierno, contrariando a la oposición.