A un año del asesinato de la dirigente brasileña Marielle Franco, las autoridades de ese país aún no dieron respuestas contundentes a su familia ni a la sociedad sobre los responsables del crimen. Además, su incapacidad para llevar a los responsables ante la justicia pone a otros defensores y defensoras de los derechos humanos en riesgo, señaló Amnistía Internacional en un comunicado este jueves.
Si bien en la semana del aniversario del crimen de la concejala de Río de Janeiro y de su conductor Anderson Gomes, la policía detuvo a dos hombres, aún las autoridades deben responder a la pregunta quién mató y quien mandó a matar a Marielle Franco. Información revelada por las autoridades y descubierta por la prensa hace temer que la investigación no siguió el debido proceso.
“Estos arrestos son la primera señal de progreso en una investigación que apenas avanzó. Hacemos un llamado a las autoridades brasileñas para garantizar que las investigaciones sean independientes e imparciales y que lleven a todos los responsables, incluidos a aquellos que ordenaron el crimen, a la justicia», señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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Conocida por defender los derechos humanos de las jóvenes negras, las mujeres, la población de las favelas y las personas LGBTI, Marielle Franco – una mujer bisexual negra que nació en una favela – fue elegida concejala de Río de Janeiro en 2016. Solía denunciar las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de la policía y las fuerzas de seguridad del Estado. Poco antes de que la mataran había sido designada para vigilar la intervención federal en la seguridad pública en Río de Janeiro.
Brasil es uno de los países más mortales del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos, según tiene documentado Amnistía Internacional. Las autoridades brasileñas tienen un pésimo historial en lo que se refiere a la investigación de homicidios de defensores de los derechos humanos y de homicidios con agentes de policía implicados.
Amnistía Internacional reclama a las autoridades brasileñas que designen un equipo externo e independiente de expertos para hacer un seguimiento de la investigación y examinar toda posible negligencia, irregularidad o injerencia indebida. Asimismo se exige que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos del homicidio y de las familias de Marielle y de Anderson Gomes.
