A pocos días de que se cumplan, el próximo martes, nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, los familiares fueron recibidos por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien prometió entregarles toda la información disponible sobre un caso, aún no resuelto. Un grupo de investigadores, conformado tras un acuerdo entre el gobierno y la CIDH, asegura que el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido.

Esa comisión concluyó el pasado 26 de julio las pesquisas iniciadas en 2015, alegando que el estamento militar se niega a entregar información sensible, por lo que resultaba «imposible» seguir adelante con su labor.

AMLO niega que su gobierno esté ocultando pruebas que incriminarían a militares. Se «entregará a padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (estado de Guerrero) la información relacionada con el caso. No se oculta nada ni se protege a las personas involucradas», dijo el subsecretario de DD HH, Alejandro Encinas, luego del encuentro.

No es, en cambio, la posición del algunos familiares, como Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien declaró a periodistas que se quejó por ese tema ante el mandatario. «El presidente ha protegido mucho a las fuerzas armadas», afirmó.

Por su parte, López Obrador defendió la actuación de su gobierno recordando que por el caso están presos dos generales, otros 20 integrantes del ejército entre oficiales y soldados, un exfiscal general y unas 120 personas más. Los normalistas desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 tras dirigirse al municipio de Iguala, para tomar autobuses con los que pretendían viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación.

Las versiones oficiales apuntan a que fueron detenidos por policías coludidos con criminales. El cartel Guerreros Unidos los habría asesinado para luego desaparecer sus cuerpos. Las familias rechazaron la investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que sostenía, entre otras cosas, que los jóvenes fueron confundidos con miembros de otro cartel, por lo que se conformó el GIEI. Posteriormente, López Obrador creó una unidad especial de la fiscalía e instauró una comisión de la verdad para esclarecer el caso. Hace un año, un informe de dicha comisión sostuvo que militares y funcionarios permitieron el secuestro y asesinato de los estudiantes.