Las noticias de asesinatos, masacres, desapariciones de dirigentes, líderes sociales y campesinos siguen ocupando las portadas de los medios de Colombia. La tan ansiada paz que parecía haber iniciado el histórico acuerdo con las FARC, exguerrilla reconvertida hoy en partido político con presencia en el Congreso, no logra implementarse por el escaso cumplimiento de cláusulas establecidas en aquel entendimiento, por la proliferación de grupos paramilitares y narcos que asedian territorios, y por falta de políticas específicas en esta materia de parte del gobierno de Iván Duque. La tendencia, dicen dirigentes territoriales, será peor en el año que entra, en que se disputará en elecciones el control en las regiones y ciudades.
«Nos preocupa mucho la incapacidad del gobierno de Duque de recoger los avances que tenía la implementación de los acuerdos de paz y mejorarlos, es decir cumplir con lo pactado», dijo a Tiempo María José Pizarro, diputada por Bogotá del movimiento Colombia Humana, del candidato presidencial que enfrentó a Duque en el balotaje, Gustavo Petro.
Promediando esta semana se conoció el trágico destino de Viviana Muñoz Marín, una joven funcionaria de la oficial Agencia de Reincorporación colombiana, encargada de realizar el trabajo psicológico de los excombatientes de las ex FARC para su reinserción social, en el departamento de Caquetá.
La psicóloga estaba desaparecida desde el martes. Su cuerpo fue hallado un día después junto a los restos de un hombre identificado como Jesús Ignacio Gómez Ávila, empleado en una empresa local.
El lunes, se produjo la masacre de seis personas en la zona rural de Mapiripán, Meta, y fue el sexto episodio de estas características contra grupos de personas ejecutado por paramilitares en 2018.
Colombia llega a fin de año con el trágico marcador de unos 350 líderes sociales exterminados en tiempos que deberían ser de posguerra y pacificación.
Lo cierto es que desde la firma histórica en La Habana con las FARC, cuando aún era presidente Juan Manuel Santos, el único logro concreto fue el pase a la política de la guerrilla más importante del país. Pero el presidente saliente no consiguió acordar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y tal como advierten activistas de Derechos Humanos, tampoco obtuvo resultados favorables la actual administración derechista y uribista de Duque, más allá de un reciente cese unilateral del fuego decretado por ELN a causa de la Navidad. Pero además en los últimos tiempos proliferaron nuevos grupos paramilitares y otros preexistentes se vieron fortalecidos al ocupar espacios anteriormente controlados por la exguerrilla, en base a la lentitud en la implementación de los emprendimientos productivos destinados a exguerrilleros y campesinos.
Según un documento del Ministerio de Defensa, publicado recientemente por el diario El Tiempo, existe un registro que contabiliza 7260 hombres en armas en 26 departamentos colombianos (de un total de 33). La cifra es casi igual a la de los fusiles que en su momento entregaron las ex FARC, dice el informe. Se afirma que el grupo más numeroso es el ELN con 2206 hombres, seguido por las disidencias de las FARC con 1740 y el Clan del Golfo con 1600. Sin embargo, otras voces críticas consideran que esos números están recortados. «¿Se cree el cuento el Ministerio de Defensa de que estas organizaciones ejercen el soberano y terrible control territorial que conocemos en zonas como el Catatumbo, Urabá antioqueño, Ituango, Cauca, Nariño, Pacífico vallecaucano, Chocó, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Guainía, Jamundí, Tuluá, Cartago, Casanare, Arauca, Vichada, Meta, Huila, Aguablanca, Comuna 13, El Codito, los Sanandresitos, las centrales de abastos y las lazas de mercado, Buenaventura, Tumaco, etc., etc., con tan sólo 7260 hombres armados?», cuestionó el sitio palabra.com.co, cercano a la Iglesia católica.
Como factores de empeoramiento del conflicto, la diputada Pizarro señala «el asesinato continuo de líderes y lideresas sociales, la presencia de grupos armados aún en el territorio y la incapacidad que han tenido el ministerio de Defensa, de Interior y de Duque para garantizar no solamente la seguridad con presencia de fuerza pública, sino también hacer presencia integral del Estado en los territorios, para concebir la seguridad desde una óptica diferente».
Un analista político y activista en DD HH adelantó en forma reservada por temor a represalias que «la negociación con el ELN no tiene perspectivas en estos momentos, hay conflictos en regiones como el Catatumbo donde no hay negociación posible con el Ejército Popular de Liberación (EPL). Se prevén grandes conflictos por la tierra y la tendencia es a incrementarse el asesinato de líderes políticos ya que en 2019 serán las elecciones departamentales, de alcaldes y gobernadores. Desde el año 1946 los picos de violencia se registran en esos momentos, porque es la pelea por el control político local y el dominio territorial», explicó.
Por su parte y en forma tardía, el gobierno puso en marcha un censo territorial para conocer la situación actual de los exintegrantes de las FARC, destinados a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Para los excombatientes es un lastre que dilata todo el proceso. «Cuando estamos esperando la fase de presupuesto y ejecución de proyectos, el gobierno retrocede y nos lanza al inmenso mundo de la parálisis», criticó Fredy Escobar Moncada, exguerrillero vinculado con el proceso de reinserción.
Cayó Gaucho
El presidente de Colombia, Iván Duque, informó ayer que en una operación conjunta del ejército y la policía, con apoyo del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la fiscalía, fue abatido en ecuador el disidente de las FARC Walther Patricio Arizala, conocido como «Guacho», el más buscado por Colombia y Ecuador. En la operación llevada a cabo en zonas selváticas del departamento fronterizo de Nariño, «cayó uno de los más horrendos criminales que haya conocido nuestro país», agregó Duque.
El frente disidente Óliver Sinisterra que dirigía este exguerrillero de origen ecuatoriano es considerado responsable de secuestrar y asesinar a dos periodistas y un chofer del diario El Comercio de Quito y a una pareja ecuatoriana. Los familiares de los periodistas asesinados en abril de 2018 señalaron en un comunicado que «es lamentable que quien se adjudicó el secuestro y asesinato de cinco personas haya sido abatido en lugar de que lo hayan capturado con vida».
