Unos pocos minutos de un video que nunca fue incorporado en el juicio contra once campesinos por la masacre de Curuguaty, en Paraguay, podrían abonar nuevos argumentos para un último escalón dentro de la justicia de ese país que permita rever una condena por un hecho de consecuencias dramáticas para la región del que este jueves se cumplieron cinco años.

La masacre fue un caso resonante por la oscura trama de intereses económicos y políticos que esconde, pero sobre todo por el uso que se hizo de él. Fue la primera excusa para un juicio político exprés contra el presidente Fernando Lugo que en una semana lo dejó afuera del Palacio de los López y puso en su lugar el vicepresidente, Federico Lugo.

Era el segundo caso de golpe parlamentario en América Latina en el gobierno de Barack Obama -el primero había sido en 2009 en Honduras- y fue el molde en que cuatro años después se montó el operativo que expulsó del Planalto a Dilma Rousseff, un laberinto del que aún no alcanza a salir el Brasil.

El 15 de junio de 2012 una noticia conmovió al corazón de América del Sur: en un choque en un intento de desalojo entre policías y campesinos que ocupaban un predio de unas 2000 hectáreas, en Curuguaty -una localidad del este paraguayo que fue la cuarta capital del país, durante la guerra de la Triple Alianza- habían sido abatidos seis agentes y once trabajadores rurales. De entrada el caso parecía oscuro y el avance de las horas lo vino a confirmar.

Lugo, un sacerdote tercermundista, había llegado al poder en 2008 mediante una alianza con el partido Liberal Radical Auténtico, de centro derecha, para poner fin a décadas de «coloradismo». El partido Colorado, la derecha más rancia, venía gobernando desde la Guerra Fría con el dictador Alfredo Stroessner y luego «heredó» el poder cuando Paraguay «recuperó la democracia», en 1989.

Fue, como la del PT y el PMDB en Brasil, una alianza endeble, como dormir con el enemigo a la espera de poder concretar un proyecto progresista. Pero de entrada los sectores de ese conservadorismo retrógrado, que nuca dejaron el poder real, comenzaron a conspirar y a limar la imagen del cura. Que primero resultó «carpeteado» con sus relaciones íntimas que le dieron al menos dos hijos que súbitamente aparecieron a la consideración pública cuando ya estaba en el gobierno.

El ataque fundamental contra Lugo no era el de la castidad, por supuesto, sino el que como obispo de San Pedro, donde había nacido, además, había conocido de cerca el drama de los campesinos en busca de tierra y el despojo al que terratenientes habían producido en ese país desde el fin de la guerra de la «triple infamia», en 1870. Y precisamente una de las promesas de Lugo había sido avanzar hacia una reforma agraria, entre otras propuestas de avanzada.
Como destaca Héctor Aquino, presidente de la Unión de Gremios de la Producción y uno de los más importantes productores sojeros, “Paraguay es el cuarto exportador de soja, por debajo de Estados Unidos, Brasil y Argentina, y el décimo exportador de carne vacuna. Esto es así porque desde hace 40 años se viene consolidando la economía agrícola de esta país y hubo una gran inversión de tecnología agrícola”.

En un país que produce alimentos para 60 millones de habitantes y pero que tan solo tiene 6,5 millones de habitantes, la tierra es un bien que puede alcanzar valores inimaginables. Por eso inversores y agricultores brasileños ocupan tierras limítrofes (se los llama «brasiguayos») y cerca de 100mil campesinos pobres de tienen reclamos que duermen confortablemente en algún cajón de escritorio de algún funcionario del área agrícola del gobierno.

Caso paradigmático

El campo de Marina Kue, como se conoce al que fue escenario de la Matanza de Curuguaty, es casi un ícono de esa situación. Se trata de 2000 hectáreas que fueron donadas en 1967 al estado nacional por la empresa La Industrial Paraguaya, un holding que había surgido de los restos del país que habían sabido construir José Gaspar de Francia y francisco Solano López.

Para los tiempos de la donación, gobernaba el general Stroessner, quien le otorgó el predio a la Marina. Hasta que en 1999 vuelven al estado sin que se hubiera labrado escritura de ese predio. Desde entonces, familias campesinas comenzaron trámites para que les adjudicaran lotes a través del Instituto Nacional del Desarrollo Social y la Tierra(Indert ).

En 2005, los reclamantes, que de hecho ocupaban los campos, reciben la notificación de que el juez de Curuguaty José Benítez había ordenado escriturar el antiguo Marina Kue a nombre de Campo Morombí SA, una firma del grupo Riquelme, que lo había reclamado mediante un juico de usucapión, esto es, que había acreditado el pago de impuestos durante más de 25 años.

Aquí parece haber metido la cola un ángel -que no el diablo-, ya que hubo un error de los abogados de la empresa y el titulo se inscribió con un número que correspondía a otra finca. Igualmente, Campos Morombí siempre consiguió que un juez amigo aceptara sus pedidos de desalojo.

El cabeza del grupo era en ese momento Blas N. Riquelme, quien falleció pocos meses mas tarde a los 83 años. Riquelme, un magnate con intereses en grandes empresas, incluso una cervecera, fue senador colorado y un figura de peso dentro de partido.

Viernes negro

Un informe elaborado por Antonio Guillermo García Danglades para Barómetro Internacional detalló que ese viernes 15 de junio de 2012, a las siete de la mañana, 11 campesinos y 6 policías «fueron asesinados durante un operativo de desalojo ejecutado por unas 324 fuerzas militares y policiales contra poco más de 50 hombres, mujeres y niños de familias campesinas que habían ocupado tierras del distrito de Curuguaty, reclamadas por la familia del terrateniente paraguayo Blas N. Riquelme, empresario y ex presidente del Partido Colorado». Y añade una explicación muy oportuna del periodista británico Benjamin Dangl, quien encuentra que el caso refleja «un conflicto por el acceso a la tierra, la cual representa el poder y el dinero para las elites, la supervivencia y la dignidad para los pobres, y ha estado en el centro de importantes batallas políticas y sociales en Paraguay durante décadas”, y que para entender ese conflicto, “hay que echar un vistazo a la historia de la guerra por los recursos naturales de Paraguay, por la tierra (…) y a la historia de la resistencia de una comunidad agrícola”.

Lugo, en este contexto, resultaba un escollo difícil de evitar si, como se veía, iba ganando espacio propio entre las clases populares y podría convertirse en un líder intolerable para el establishment paraguayo. Pero mucho más problemático resultaba justo en ese momento -en pleno auge del progresismo en Sudamérica- para los intereses del departamento de Estado, por entonces todavía en manos de Hillary Clinton.

Lugo enfrentó siendo presidente la friolera de 23 pedidos de juicio político, que no prosperaron por falta de oportunidad política. Aún así su gobierno avanzaba, y lo hacía paralelamente al fortalecimiento de los organismos regionales, ante la mirada atónita de una derecha que se atrincheró en el Congreso, desde cuyo Senado, por ejemplo, impidió que Venezuela ingresara a Mercosur bajo el argumento de que no era un país democrático y Hugo Chávez era izquierdista.

Lugo consiguió, aun en esas condiciones extremas, implementar un sistema de salud gratuito por primera vez en décadas y otorgó planes de jubilación para los más pobres. Pero debió enfrentar la realidad de que la reforma agraria se demoraba ante la urgencia de los campesinos sin tierra. Y al tiempo que el Indert iba definiendo qué propietarios andaban «flojos de papeles», surgió un misterioso grupo guerrillero que lo corría por izquierda, Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), flameado como una amenaza por los terratenientes amenazados con algún tipo de expropiación.

Tras la masacre de Curuguaty, en tiempo récord -una semana y tan solo dos sesiones- los diputados armaron un juicio político. Y fueron tan explícitos en sus cargos que entre los fundamentos del Libelo Acusatorio figura primero la acusación de que en facilitó el ingreso a una sede militar de simpatizantes socialistas que habían organizado un encuentro político (delito, como se ve, imperdonable).

Luego lo acusaron de haber permitido «invasiones de tierras» en varios distritos paraguayos y de no haber combatido «la inseguridad», ya que no actuó como ellos pretendían contra el EPP. En el último punto del libelo aparece recién su responsabilidad con la matanza de Curuguaty.

Pero un punto destacable es sin dudas el cuarto, donde dice que el Protocolo Ushuaia II del Mercosur, que había firmado el presidente, es «un atentado a la soberanía de la República del Paraguay suscrito por el Presidente Fernando Lugo Méndez con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República». Ese documento es un complementario del compromiso democrático aprobado desde 1998 en adelante establecido para garantizar el respeto a la constitución y la voluntad popular en los países que desean formar parte de Mercosur y Unasur y fue incorporado a instancias de Néstor Kirchner.

Hubo un par de senadores que no tuvieron empacho en considerarse nacionalistas porque, dijeron en ese juicio récord, buscaban defender al Paraguay de la incursión del resto de los países del Mercosur como lo había hecho Solano López en el siglo XIX.

Lo que vino después en la región puso de manifiesto los intereses estratégicos en pugna detrás del golpe en Paraguay. Cristina Kirchner y Dilma Rousseff unieron voluntades y aceptaron el ingreso de Venezuela al Mercosur al tiempo que suspendían a Paraguay por no respetar la democracia. Tres años mas tarde, Dilma sería desbancada en una operación similar a la que nació en Curuguaty y ahora este nuevo Mercosur derechizado busca expulsar a Venezuela. Ya no vive Chávez y ni Lugo, ni Cristina, ni Dilma están en el poder y ahora resulta más claro ver lo que esos gobiernos representaban y por qué fueron combatidos.

Mientras tanto, 11 campesinos sobrevivientes de la masacre fueron condenados a penas de entre cuatro y 30 años, una sentencia que el Tribunal de Apelaciones de Canindeyú confirmó en mayo pasado.

Las condenas más duras fueron para Rubén Villalba, con 30 años de cárcel más 5 de medidas de seguridad; Luis Olmedo, 20 años; Arnaldo Quintana y Néstor Castro, 18 años. Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, en cambio, recibieron penas a seis años de prisión y Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro, a cuatros años.
En 2013 el presidente provisional, el que fuera vice de Lugo, Federico Franco, ordenó a los Riquelme devolver el campo porque no tenían bien demostrada la propiedad.

La aparición de estas video, unos pocos minutos que no habían sido incorporados inexplicablemente al proceso, son otra arma para apelar en casación ante la Corte Suprema de Justicia. Allí se ve como los policías manipulan pruebas sin el menor criterio, o al menos sin un criterio que no pudiera ser objetado en un juicio imparcial.

Los reclamos que tienen los abogados de los campesinos son que durante el juicio, al que consideran amañado, desaparecieron evidencias, se contaminó la escena del crimen. Además, señalan que la fiscalía no pidió autopsias de los cuerpos, que por lo tanto no se sabe quién mato a quién. Y que ni siquiera los forenses se pudieron poner de acuerdo sobre cómo habían sido los hechos.

Este viernes, como un modo que puede parecer irrespetuoso de recordar la masacre, Lugo fue elegido  titular del Senado y quedó en la línea de sucesión presidencial. en una movida que le criticaron agriamente sus opositores. Ya se había acercado al actual mandatario, Horacio Cartes, en un intento de promover una enmienda constitucional que habilitaría la reelección. Lo que le permitiría volver, ya otra vez está primero en las preferencias del electorado.