La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó su oposición a enviar a juicio oral solo la parte central de la investigación del intento de magnicidio porque, dijo, «elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y que daña el descubrimiento de la verdad».
Los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, presentaron un escrito de unas cien páginas en el que sostuvieron que resta producir pruebas importantes y que no es momento de elevar a juicio a los acusados Fernando Sabag Montiel, autor material del hecho; su coautora Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, señalado como partícipe secundario.
«Subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral», señalaron los abogados en el escrito presentado en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
Los abogados de la exmandataria fueron críticos con la actuación de la jueza y con el desarrollo de la investigación, y remarcaron que existen líneas de investigación pendientes que podrían servir para aclarar si los autores materiales del hecho tuvieron por detrás a otros autores intelectuales.
Sobre el hecho en sí, del escrito surge que no hay dudas: los abogados recordaron que el 1 de septiembre de 2022, cerca de las 20:50, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de la ciudad de Buenos Aires, Fernando André Sabag Montiel se acercó a Cristina Fernández de Kirchner, sacó una pistola Bersa calibre .32, modelo Lusber 84, numeración 25037 y gatilló a la altura del rostro de la Vicepresidenta.
«A pesar de que el arma estaba cargada con cinco cartuchos, la bala no salió», reconstruyeron los abogados, y recordaron que el intento de magnicidio se produjo cuando la exmandataria recibía el apoyo de militantes en los días en los que alegaba en su contra Diego Luciani, el fiscal del juicio conocido como «Vialidad».
El escrito comienza con una muy fuerte crítica vinculada a la pérdida de información del teléfono de Sabag Montiel, cuestiona la supuesta demora en la detención de Uliarte y luego avanza con otras decisiones que la querella le cuestiona a la jueza, como el tratamiento de denominada «pista Milman» o a la pista «Carrol», vinculadas a dirigentes políticos enfrentados al oficialismo.
«Lo expresado hasta aquí da cuenta de que lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación. La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes», aseguraron los abogados Ubeira y Aldazabal en el escrito presentado.
«Si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque», continuaron.
«Resta saber cosas que podrían agravar su situación y, más importante aún, servir para clarificar lo sucedido y encontrar la verdad, objetivo central de la instrucción. Por ejemplo, todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?», se preguntaron los abogados.
«Tampoco sabemos por qué Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte tenían certificados falsos de discapacidad, que Carrizo se encargaba de tramitar. La falsificación es un delito por sí mismo, pero lo cierto es que puede haber tenido un rol en el plan criminal. Podría darse por sentado que el único objetivo de los certificados era viajar gratis en colectivo, pero parece una medida demasiado compleja para un fin tan estrecho», sostuvieron.
«Puede ser que el fin fuera no pagar el transporte público, pero también puede ser que fuese algo más: por ejemplo, al usar un carnet de discapacidad para subir a un transporte público no se apoya la tarjeta SUBE, con lo que no se puede rastrear el trayecto que hizo la persona», hipotetizaron los abogados como una forma de resaltar que en el expediente aún hay incógnitas que no fueron develadas.
«Lo mismo sucede con los DNI en poder de Sabag Montiel y de Carrizo. Es sumamente extraño que ambos tuvieran en su poder documentos de personas cuyas edades coinciden con las de las dos personas que estuvieron la noche del 1 de septiembre en Juncal y Uruguay. Este es otro indicio de que el plan podría ser mucho más elaborado de lo que se suele sostener», escribieron.
También se refirieron a la «repentina aparición de una novia de Carrizo a los seis meses de iniciada la causa» y lo señalaron como otra situación que muestra «que hay elementos centrales de las vidas de los imputados, relevantes para la investigación, que todavía se desconocen»
«Este panorama hace completamente inviable la elevación de la causa. En estos ocho meses no se ha hecho más que perder el tiempo e intentar circunscribir las responsabilidades a lo que se conoció el primer día (y ni siquiera, ya que se borró el celular de Sabag Montiel de forma más que sospechosa)», sostuvieron los abogados al oponerse a la elevación a juicio postulada por el fiscal Carlos Rívolo.
Señalaron que «con estos hechos parece casi ridículo tener que explicar que no es posible escindir la causa en tramos entre potenciales organizadores, por un lado, y ejecutores u organizadores más próximos al autor, por el otro, que es lo que se haría con una elevación parcial».
La querella volvió a proponer medidas de prueba que entiende fundamentales: se trata de medidas vinculadas a los documentos encontrados en los allanamientos, como también otras relacionadas con la agrupación Revolución Federal y evaluar si tuvo algún vínculo con los autores del ataque.
Un párrafo de la presentación esta relacionado a la «pista Milman»: «El 23 de septiembre tuvo lugar una prueba de suma importancia. Una persona se presentó en el juzgado y solicitó que se le tomé declaración testimonial. Dijo que el 30 de agosto había escuchado, en el bar Casablanca, al diputado nacional Gerardo Milman decirles a dos mujeres ´cuando la maten voy a estar camino a la costa´», recordaron los abogados.
También escribieron que «Milman llegó al punto de solicitar, el mismo día del atentado, información relativa a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner».
En el escrito se refirieron a la ampliación de la declaración de la secretaria de Milman que dijo ante la Justicia que su teléfono celular había sido manipulado para borrar información por un «perito» que el diputado le puso a disposición en una oficina que atribuyó a la referente del PRO Patricia Bullrich.
