El martes 6 de junio se anunció la reglamentación de la ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, que desde 2014 había sido aprobada por el Congreso. El jefe de Gabinete de Ministros a nivel nacional, Agustín Rossi, lo anunció en sus redes sociales y la definió como «una normativa clave para impulsar, fortalecer y proteger el sector».
La ley de Agricultura Familiar condensa una serie de medidas beneficiosas para un sector económico centrado en la producción de alimentos bajo lógicas distintas del modelo intensivo destinado en mayor medida a la exportación. Rossi argumentó que con la llegada de la reglamentación «cumplimos con nuestro compromiso con las organizaciones y familias campesinas e indígenas que contribuyen todos los días a la seguridad y soberanía alimentaria de la población y que practican y promueven sistemas de vida y de producción sostenibles que preservan la biodiversidad».
Para comprender mejor el alcance de la medida, ANSOL habló con Mercedes Taboada, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), y Miguel Ángel Gómez Humbert, presidente del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).
La ley de Agricultura Familiar pone el acento en la reparación
«La verdad que lo veníamos esperando y por supuesto que algo va a cambiar para el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena y la pesca artesanal. Esta esta ley representa nuestra pequeña reforma agraria en la Argentina», definió Mercedes Taboada la noticia de la reglamentación de la ley de Agricultura Familiar.
En diálogo con este medio, la referente campesina señaló que esta ley viene a reparar «un montón de cosas pendientes que tenía el Estado con nosotros«. Explicó además que poner en práctica la ley 27118 implica generar herramientas en los territorios, donde los productores «todo el tiempo son desalojados y criminalizados por usar la tierra de un modo distinto al otro campo, que solo genera commodities: los pool de siembra, los terratenientes».
Taboada pone el acento en la palabra «Reparación» dentro del título de la ley. «No se lo pusimos sin pensarlo. Es una ley de reparación histórica para agricultura para el sector. Es un es un choclo más o menos el nombre, pero quisimos ponerlo así, porque parecía que era lo más representativo», digamos, para cubrir, digamos, todos los aspectos, digamos, de las necesidades que tenemos».
Miguel Ángel Gómez Humbert define la ley como un paso adelante. «Es empezar a pensar nuevos paradigmas productivos. Se crea un Banco de Tierras a partir de las que tiene el Estado nacional en zona rural y son aptas para la producción. Es muy importante porque hoy hay muchos productores sin tierra». Explica que se está trabajando este proyecto en reuniones con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para lograr una definición política y de trabajo, dado que el Banco de Tierras va a ser una construcción con el Consejo de la Agricultura Familiar.
Al respecto, Taboada insiste en que estas políticas públicas lleguen lo más rápido posible a los territorios «para potenciar la producción de alimentos sanos con precios justos en la mesa todos los argentinos, y poner de una buena vez en la agenda cuál es el campo que realmente alimenta». «Creo que nosotros siempre hemos trabajado esas banderas: soberanía alimentaria y seguridad alimentaria«.
En lo inmediato, alcanzada la reglamentación sigue el trámite de cumplimentación. Según describen Taboada y Gómez Humbert, se trata de un proceso con las distintas organizaciones involucradas para relevar las tierras aptas para la producción, que estará abierto a toda persona que quiera producir.
Desde el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se están diseñando cinco Centros del Producción de Semillas Nativas: ya está en funcionamiento el primero en Máximo Paz, Santa Fe, pero habrá otros en el INTA de Cerrillos, en Salta; en Río Negro; en Misiones; en el Delta; y en el INTA de La Consulta, en Mendoza. «La idea es que generemos espacios de producción de semillas nativas para comercializarlas buscando que lleguen fácil a nuestros productores», explican.
La dimensión nacional y regional
«Tenemos que implementar la ley porque se enmarca en el Decenio de la Agricultura Familiar de la ONU» precisa el presiente del INAFCI, «porque tiene un rol fundamental en las metas de desarrollo sostenible 2030». Entre esas metas mencionadas está la lucha contra el hambre. Argentina y Brasil son los países que fomentan la consecución del Decenio en la región, por lo que el tema abre el panorama a un trabajo con todo el Mercosur.
«La situación de la agricultura familiar es similar en todo el mundo. La falta de tierras, acceso al agua, los insumos, la formalización, los créditos y la tecnología. Estamos pensando una banca rural que facilite todo esto a los productores», narra Gómez Humbert.
Con el foco en garantizar la producción y provisión de alimentos sanos a las comunidades, desde el organismo dependiente de Jefatura de Gabinete comenzarán una ronda de cinco reuniones regionales en todo el país. INAFCI cuenta con más de 1000 técnicos, por lo que la idea es lograr una confluencia con el INTA y el SENASA. Fue firmado un convenio para desarrollar mesas productivas para identificar qué es posible producir en las tierras que ingresen al Banco de la agricultura familiar y cómo financiar el desarrollo.
El camino sigue hasta llegar a un Plan Estratégico de la Agricultura Familiar que ponga en marcha la ley 27118. Desde INAFCI explican que se va a continuar trabajando de acá a octubre «en una hoja de ruta para que en la próxima gestión se cumplimente el Plan. Va a participar de este diseño la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es otro de los organismos que financia la puesta en marcha del Decenio de la Agricultura Familiar».
La ley 27118 prevé una primera etapa que dura tres años. En 2023, la definición del Fondo de Reparación que estipula el texto está a cargo de la Jefatura de Gabinete, donde se van a designar fondos extra para cumplimentarla. Para los próximos años este Plan tendrá presupuesto, que en Argentina se empezará a discutir en septiembre. «Queremos llegar a ese momento con todo diseñado y legitimado entre todos los organismos para discutir el presupuesto en la Cámara de Diputados«, explica Miguel Ángel Gómez Humbert.
El futuro de la agricultura familiar
Según el titular del INAFCI, «la agricultura familiar tiene futuro si es asociada, sea a través de cooperativas o asociaciones civiles, porque cuando el productor se asocia puede más. Desde el Instituto creemos profundamente que la salida de este proceso de crisis es colectiva, no es individual. Esto se traduce en consorcios productivos, los cuales impulsamos, en los que varias cooperativas se asocian. También estamos trabajando en federaciones por cadena productiva: ahora avanzamos hacia una apícola y otra de productores de vino», ejemplifica.
«Esta ley ya tiene nueve años. Las propuestas están, pero hay que ponerle presupuesto y llevarlas adelante», define Gómez Humbert el camino hacia adelante de la ley de Agricultura Familiar. «Estamos armando un dispositivo que nos permita construir correlación de fuerzas para discutir la relevancia que tiene que tener este sector en Argentina».
«Las organizaciones estamos de festejo porque por fin lo hemos logrado«, cierra Taboada su interpretación de la reciente noticia. «Casi nueve años de lucha que no fueron en vano y con la que vamos a sentar un precedente de ahora en más».
