Comenzó en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la etapa de investigación a los miembros de la Corte Suprema de la Nación sobre la medida cautelar dictada a favor de la Ciudad de Buenos Aires en contra del Estado nacional por la coparticipación porteña. A la primera audiencia, el próximo martes, inaugurarán la ronda de testigos el ministro del interior Eduardo “Wado” de Pedro y gobernadores. Además, se resolvió citar para el día 4 de julio a Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti y al ex ministro de seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Y el supremo Juan Carlos Maqueda deberá responder a su citación en los próximos diez días hábiles.
La titular de la comisión, la diputada oficialista Carolina Gaillard informó: “Vamos a tratar de que las reuniones no haya más de cuatro testigos para evitar que se extiendan y en la segunda o tercera reunión será convocado para dar testimonio”.
Durante la reunión de este jueves expuso otro diputado oficialista de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, quien aclaró que se trata de un conflicto que viene desde hace algunos años, originado a partir de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri aumentó la coparticipación federal de impuestos en favor de la Ciudad a través del decreto 194, elevando el 1,40% que percibía CABA entonces al 3,75%. “El decreto en sí no establece cuál es el destino del aumento de esos fondos. Genéricamente habla de una mayor autonomía para la Ciudad”, remarcó.
El legislador hizo referencia a un convenio suscripto el 5 de enero de 2016 que establecía la transferencia progresiva a la Ciudad, pero sostuvo que “está claro que el decreto que aumenta la coparticipación no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente”. Mencionó a continuación lo que decían los medios en esos días, y citó: “Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad en la demanda de mayores fondos de coparticipación”.
“Las propias autoridades dijeron entonces que parte del aumento se iba a trasladar ahí”, señaló, dejando entrever que no todo ese aumento sería para compensar los gastos en seguridad. A partir de eso, agregó, hubo una serie de planteos de parte de los gobernadores.
En Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli (Pro), señaló que todo el conflicto a la intención de transferirle los recursos quitados a la Ciudad a la provincia de Buenos Aires. “Lo que ocurrió fue que la Policía de Buenos Aires estaba casi en estado de sublevación –dijo-. La plata que se le sacó a la Ciudad se le dio a la provincia de Buenos Aires, esa es la verdad. El resto de las provincias, calladitas la boca”.
Tonelli sostuvo que el decreto de Alberto Fernández fue claramente ilegal, inconstitucional, violó todas las reglas de federalismo de concertación”. Consideró que se habían dicho “muchas macanas sobre la coparticipación federal”, y remarcó que cuando se sancionó la Ley de Coparticipación había dos provincias que no existían: Tierra del Fuego y CABA, por eso es que la coparticipación para esos distritos sale de la Nación, y se dispone por decreto.
Diez días para que Maqueda responda acusaciones
Por otro lado, se resolvió la citación del juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, para que responda en diez días hábiles, en forma personal o por escrito, las acusaciones por mal desempeño en sus funciones como supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
El cortesano podrá presentarse de manera presencial o enviar un informe escrito, que se agregará a lo actuado, aunque se aclaró que «la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones». Según explicó Gaillard «se le endilga mantener un sistema informático obsoleto que permitía la omisión en el deber de fiscalización, supervisión y control de gestión que tenía Maqueda como supervisor de la obra social».
