En la previa al receso invernal, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. Es la primera testigo que se presenta en una nueva audiencia sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Para el martes primero de agosto se convocará al asesor de Horacio Rosatti -presidente del Máximo Tribunal- Silvio Robles y al ex ministro de seguridad porteño de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro.
Batakis respondió preguntas de los legisladores en función del rol que tuvo como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. La funcionaria se refirió al conflicto que se originó en enero de 2016, cuando Macri elevó la coparticipación para la CABA del al 3.75% sin pasar por el Congreso y bajo el argumento de que debía financiarse el traspaso de una parte de la Policía Federal al gobierno porteño. Cuando asumió a la presidencia Alberto Fernández se quitó ese 1,40% adicional de coparticipación para auxiliar a Axel Kicillof en el conflicto con la Policía Bonaerense.
El conflicto se judicializó y luego de tres audiencias de mediación en las que la gestión porteña rechazó las ofertas de Nación, la Corte dictó una cautelar que elevó a 2.95% la coparticipación para la Ciudad, dejando pendiente la cuestión de fondo.
En ese contexto, la funcionaria señaló que en el gobierno de Macri hubo una transferencia «infundada» de partidas y «hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad». Batakis, que manejaba las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias, explicó que “en 2016, cuando se transfiere la policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia”.
“Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones. Están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Nacional. Esa devolución, para compensar, asciende aproximadamente en 8 mil millones de pesos”, agregó.
Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el macrismo, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.
Por otro lado destacó: “Cuando fuimos a buscar los antecedentes de esos tres decretos de la gestión de Macri no había ninguno. Y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”. “No hay ningún informe técnico. No hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”, agregó.
Sobre las audiencias que mantuvieron las partes por el conflicto judicial, la ex secretaria de las Provincias contó que “se hicieron distintas propuestas para tratar de llegar a un número y una metodología en común” pero “la Ciudad no aceptó ninguna”. El argumento, según Batakis, era que “no cubrían las expectativas que ellos tenían respecto del 3,5%”.
Por parte de la oposición se insistió en el cumplimiento del fallo de la Corte en cuanto al pago por parte del Banco Nación del porcentaje de coparticipación que, según el Tribunal, le corresponde. A lo que el Frente de Todos respondió que “no se puede cumplir una medida que está recurrida”. Según Batakis, la entidad que ella preside no fue notificada “porque la Corte entiende que es simplemente un agente financiero”.
Durante la jornada también expusieron los fiscales de Estado de las provincias, quienes apoyaron el pedido de enjuiciamiento de los miembros de la Corte: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz. El único de los convocados que no asistió fue Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, se reprogramará su convocatoria.
