Toda una señal de las nuevas eras: Wikipedia, la megaenciclopedia virtual, inició una huelga de 36 horas para protestar contra un proyecto de la Unión Europea que pretende regular los derechos de autor en la web.

De esa medida se enteraron los usuarios más inquietos, cuando intentaron buscar algún término o una referencia de los miles de millones que se guardan en ese sitio donde el patrimonio cultural de la humanidad está a disposición de cualquier ciudadano del mundo desde enero de 2001.

La portada de la enciclopedia aparecía con una faja negra sobre la que dice Defendamos una Red abierta. Y señala que este jueves el Europarlamento votará la iniciativa que, afirma, «en lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, (…) amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la Web».

A continuación detalla que si la propuesta se aprobara tal como figura en la propuesta actual, «acciones como el compartir una noticia en las redes sociales o el acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet; la misma Wikipedia estaría en riesgo»

Lo que pide esa verdadera suma del conocimiento humano actual, es que se eliminen los artículos 11 y 13 del proyecto. En el primer caso, de aprobarse la normativa, cuando se quiera vincular o referenciar el artículo de prensa como fuente de un apartado en Wikipedia, la plataforma debería pedir permiso a cada uno de los editores, lo que terminaría por dificultar o impedir su publicación. El artículo 13, en tanto, obliga a instalar herramientas de filtrado automático para detectar violaciones al derecho de autor.

Para Ana Bizberge, Magíster en Industrias Culturales por la UNQ, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA y especialista en política de medios y convergencia tecnológica, el proyecto en danza en Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo, forma parte de la estrategia del Mercado Único Digital.

Se trata de una propuesta impulsada por el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker que busca establecer para el mundo digital que replique la libre circulación de bienes y servicios en el mundo físico de la UE.  

El plan, que se comenzó a poner en marcha en 2015, apunta a liberalizar la circulación de datos en cada estado y al mismo tiempo unificar el pago de impuestos regionales. En simples palabras, que así como un ciudadano de la Unión puede viajar sin mostrar pasaporte entre los países miembro, al llegar a su destino también pueda ver su serie favorita en las plataformas web sin tener que estar asociado a otro proveedor. O que un ciudadano de una nación pueda acceder a contenido que por ahora es exclusivo de otro territorio dentro de la misma comunidad.

“El Mercado Común Digital es una reforma gigantesca que afecta desde la telecomunicaciones al comercio por internet, ya que implica políticas tributarias por las ventas realizadas a través de la web”, sostiene Bizberge. Los primeros en quejarse fueron los proveedores locales, que armaron su esquema de negocios en función de limitar contenidos para cada distrito.

Entre las cuestiones que regulará la norma estará también el delicado tema de los derechos de autor. En tal sentido es que los dos artículos cuestionados por Wikipedia también de alguna manera se relacionan con todas las plataformas digitales, como Google, Facebook, Twitter y Yahoo. ¿De qué modo?

El antes mencionado artículo 11, aclara Bizberge, implica establecer un pago por el uso de información producida por algún medio de comunicación, por ejemplo. Es así que “se lo conoce como el impuesto al link”, dice la también docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Es un punto que obviamente defienden los productores de contenidos, como los grandes medios internacionales, que sienten que hacen el gasto de producción pero no reciben los beneficios que se llevan las plataformas solo por poner la información en esas inmensas vidrieras. El punto es que el eventual pago no iría a los bolsillos de los periodistas que “pusieron los pies en el barro” sino para las empresas que le dieron el espacio o los tienen de empleados.

El artículo 13, en cambio, “deposita la responsabilidad de policía sobre lo que circula en las plataformas, ya que exige herramientas de filtrado de datos para detectar posibles infracciones a las leyes de copyright”.

Los primeros rechazos a la propuesta que trata el Parlamento europeo se hicieron sentir desde el creador de la World Wide Web (www),  Tim Berners-Lee y uno de los precursores de Internet, Vinton Cerf.Alegan que con esta regulación se atenta contra la libertad de expresión y circulación de la información.

Y que avanza hacia una sociedad en la que se ejerza algún tipo de censura, ya sea económica o política.