El Gobierno nacional reactivó el plan Qunita al encargar 14.000 kits para la primera infancia al Servicio Penitenciario Nacional, lo cual indica que serán fabricados por personas privadas de su libertad. El Boletín Oficial consigna este martes la contratación directa por un monto de 277 millones de pesos.
El plan Qunita, lanzado en 2015 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, apunta a reducir las muertes infantiles domiciliarias y contribuir tanto a la salud física y mental, como así también al pleno desarrollo de niños y niñas lactantes.
Qunita incluye sonajero, chupete, bolso materno, protectores mamarios, portabebé, camisón, pantuflas, guía de cuidados e indumentaria para el recién nacido, además de la cuna-moisés.
En la resolución 175/22 del Boletín Oficial, firmada por el jefe de gabinete Juan Manzur y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se enmarca esta nueva etapa del programa en la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del “Plan 1000 días” que fue votado en conjunto con la ley de Aborto a fines de 2020.
Por un monto de 277 millones de pesos, el Gobierno nacional encargó los 14.000 kits al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Nacional. Esto implica que la producción de los kits se realizará dentro de los penales federales, a cargo de presos y presas.
En 2016, la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña denunció la compra con sobreprecio de la primera etapa del plan, lo cual redundó en el sobreseimiento en 2021 de Aníbal Fernández, Nicolás Kreplak y otros funcionarios.
Ocaña había basado sus presentación ante la justicia en una compra particular de los elementos incluidos en el programa realizada por ella en comercios del barrio porteño de Once, según la cual el valor abonado por el Estado nacional era mucho mayor sin justificación.
