“Con esta nueva ley tenemos una herramienta concreta y potente para prevenir la resistencia antimicrobiana, que es un problema enorme para la salud pública”. Las palabras de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se enmarcaron en el acto de promulgación de la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana mediante el Decreto 2022/529. Una norma que apunta a una articulación federal en toda la cadena sanitaria (desde farmacias hasta hospitales de alta complejidad) para enfrentar esta «pandemia silenciosa» que se va convirtiendo en uno de los mayores desafíos a enfrentar por los sistemas de salud del mundo. Cuáles son las claves de la ley.
Durante el acto, llevado a cabo en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) en el Centro Cultural Kirchner, la titular de la cartera sanitaria nacional destacó el rol de las sociedades científicas y académicas y el acompañamiento brindado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “La semana pasada estuvo en nuestro país la directora de la OPS, Carissa Etienne, quien se reunió con el Presidente y le manifestó la calidad y la importancia de esta ley que es modelo en toda la región”.
Tras la promulgación, ahora el desafío «enorme» de las autoridades será la reglamentación e implementación: “Esta ley tiene que llegar a cada rincón del país, desde un hospital de alta complejidad hasta un centro de salud de atención primaria, pasando por las farmacias. Por eso necesitamos avanzar fuertemente con una pata fundamental, que es la articulación federal y el trabajo con referentes de cada una de las jurisdicciones para llegar a todas las provincias”, señaló.
La ley es de orden público, por lo que las jurisdicciones no necesitan adherir y una vez promulgada pueden comenzar a trabajar para su implementación. El senador nacional, Pablo Yedlin, uno de los impulsores de la norma, remarcó que “la resistencia antimicrobiana es un enorme problema de salud, ya que conjuntamente con el rechazo a las vacunas, constituyen dos elementos enormemente complicados para los sistemas de salud que nos pueden hacer retroceder 100 años”.
Del texto de ley participaron las farmacias, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Salud, infectólogos, la industria, y el laboratorio ANLIS Malbrán. “Lo importante de la ley, aparte de poner estos temas en la agenda pública es que nos da la posibilidad de avanzar en la fiscalización de farmacias para controlar la venta archivada”, destacó Yedlin.
El director de productos veterinarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Federico Luna, señaló que la iniciativa «va a garantizar la continuidad de una política de salud pública sumamente necesaria porque como se ha dicho esta es la pandemia silenciosa que solamente conocemos los que estamos en el paño, pero todos debemos conocer, entender y hacer algo”.
Las claves
Durante el encuentro, la coordinadora de Uso Apropiado de Antimicrobianos de Salud, Laura Barcelona, describió los puntos centrales de la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana: se trata de una ley integral con un enfoque multidisciplinario, válida en todo el territorio nacional; se crea el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia que busca promover los programas de Control de Infecciones en las instituciones de salud, el uso apropiado, regulación y fiscalización de antimicrobianos, y la investigación en diagnóstico y tratamiento de infecciones.
La norma busca garantizar el acceso equitativo y asequible a los antimicrobianos, las vacunas y pruebas diagnósticas, y a través de ella se constituye la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (CONACRA). Entre otros puntos centrales de la ley, remarcó la profundización de acciones de comunicación, educación y concientización; la instrumentación de mecanismos de financiación de los ámbitos de la salud humana, animal, de la producción de alimentos y del medio ambiente para que concedan una mayor prioridad a la resistencia en la asignación de sus recursos; la regulación y promoción del uso racional de Antimicrobianos (ATM) en salud animal y producción agroalimentaria; la eliminación gradual del uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano, y la creación y aplicación programas de gestión de antimicrobianos.