A una semana de la inusitada represión de la Policía de la Ciudad sobre los feriantes, vecinos y turistas de San Telmo, comienza a hacer efecto la política del gobierno de criminalizar a los trabajadores informales y coartar el derecho a la protesta. Tiempo dialogó con cuatro de los 18 detenidos el domingo pasado, que fueron acusados de atentado contra la autoridad, resistencia y lesiones. Todos sostienen que, a partir del miedo por tener esta causa penal sobre sus espaldas, bajarán su exposición, aunque mantendrán el firme reclamo de volver a trabajar en la calle.

La tensión en San Telmo viene en aumento desde hace poco más de dos meses cuando un sector de los feriantes, nucleados en la Cooperativa El Adoquín, que trabajaban sobre la calle Defensa al 800, 900 y 1000, acordó con el gobierno porteño reubicarse en Defensa al 700 y sobre Chile, entre Defensa y Balcarce. Más allá del convenio firmado, un grupo importante de los cooperativistas no aceptó ir a Defensa al 700 porque ya había allí otros feriantes y se plegó al denominado Frente de Artesanxs Unidos, que busca una solución para todos los involucrados.

En San Telmo, a Roberto González todos lo conocen como Pipo. Es un artesano del cuero y desde hace nueve años se instala en Defensa al 900. Tiene 61 años y no los aparenta. Quizá por eso, los agentes de la Policía de la Ciudad le machacaron la cara y el cuerpo a golpes. “Hace dos meses que nos quedamos sin trabajo y empezamos esta lucha. Repartimos panfletos e informamos a la gente. Ese domingo hicimos talleres para mostrar que somos artesanos y no vendemos cosas ilegales”, explica Pipo y argumenta: “Espacio Público interpretó que estábamos vendiendo y mandó a la Policía. Cuando uno hace un taller, lleva sus herramientas, que son caras. Si te llevan mercadería, se puede reponer, pero las herramientas no. Le pusimos el cuerpo, pero eso significa defenderlas, no es que nosotros pegamos.”

“Nos cagaron a patadas. Fui uno de los más perjudicados”, resume González aún con el rostro y la nariz con hematomas. “Me pegaron en la cara, las rodillas, la espalda, tengo marcas en todo el cuerpo”, agrega el hombre, trasladado ese día a la Comisaría 43, de Floresta.

Horas antes de que se cumpla una semana de la represión, Pipo dice que aún no sabe si estará hoy en las calles de San Telmo: “Estuvimos pensando que los que caímos presos no vayamos, pero me parece que deberíamos ir. La verdad es que estamos muy nerviosos. Hay gente, como yo, que vive de esto nada más, y la plata no la tenemos. Es horrible que vengan a apretarte así.”

Juan Ignacio “Nacho” Sartori tiene 34 años y hace casi diez que vende pan relleno por Defensa al 1000, donde ofrece sus productos a feriantes y turistas por igual. “Nos costó mucho hacernos de un lugar y una clientela. Para nosotros, San Telmo es la principal salida económica. Ahora estamos jodidos en serio”, analiza.

“Ese fin de semana el ambiente estaba raro. Había muchos policías, infantería, móviles. De un momento a otro empezaron a detener a compañeros, y se me ocurrió ayudar a uno al que habían detenido violentamente adelante mío. Los policías se me vinieron encima, me pusieron una rodilla en la cabeza y otra en el lomo. Reboté feo contra el piso”, detalla Nacho, y expresa que aún le duele la garganta, a la altura de la mandíbula, porque el agente que lo redujo le metió un dedo hasta que le bajó la presión.

Sartori estuvo alojado en la Alcaidía 8 de Villa Lugano. Dice que hoy irá a San Telmo, pero estará “atento, hay que ver cómo se prepara el terreno. Aunque la otra vez estábamos re tranquilos y la represión la precipitó la policía”.

Raúl David Ambrosio, de 56 años, vive en Rafael Castillo y se considera un “artesano del metal”. Trabaja en la feria hace dos años, en Independencia y Defensa, cuando volvió desde el exterior luego de haber emigrado en los ’80. Durante la Guerra de Malvinas era cabo segundo, y aunque no fue a las islas, estuvo asignado a operaciones en la ESMA. Una vez que terminado el conflicto, pidió la baja y permaneció 35 años fuera del país.

“Nunca había visto una represión tan fuerte contra gente que trabaja. Yo estoy en una feria que se llama San Lorenzo y salí porque una señora estaba llorando. En ese instante, viene un cuatriciclo con un policía atrás pegándole palazos a todo el mundo. Me agarraron del pescuezo, me quedé quieto y por eso no me llegaron a pegar”, señala Raúl, y recuerda cómo el jefe del operativo, Cristian Benítez, “le pegó una patada a un pibe que ya estaba reducido y le rompió toda la boca”.

“El domingo (por hoy) voy a estar acá, en el pasaje San Lorenzo, pero no tan expuesto porque fui detenido, pasé 24 horas en la 43 de Floresta y no quiero que me lleven de nuevo”, concluye.

Las grandiosas esculturas de dragones de Lucas Coronel, de 32 años, que lleva una década en Defensa al 900, se destacan en la feria. “Estamos sufriendo un acoso terrible” explica el joven que pasó esa noche detenido en Floresta e indica que, al igual que sus compañeros, aún no definió qué hará este domingo. Es que “no quiero figurar como reincidente, todo por reclamar laburar. Sólo quiero mostrar lo que hago, vivo de esto”, justifica. Visiblemente compungido, subraya: “No nos puede estar pasando esto. Somos personas, podemos hablar, queremos que nos respeten. El gobierno no nos puede pasar por encima. No nos pueden lastimar así. Es terrible tener que volver a nuestras casas sin un mango y ahora cagados a palos, y explicarles a nuestras familias esto que nos está pasando.” «

El gobierno más represivo de los últimos 35 años

Durante los tres años de gestión de Mauricio Macri el índice de personas asesinadas a manos del Estado aumentó de manera drástica: de una cada 29 horas en 2015, pasó a una cada 21 horas a finales de 2018. El dato, brutal, es la conclusión más importante del Informe de la Situación Represiva Nacional presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). «Estamos demostrando que Cambiemos es el gobierno más represivo en los últimos 35 años», afirmaron desde la organización.
«Desde el mismo inicio de la gestión de Cambiemos –comienza el informe–, alertamos sobre el fuerte incremento represivo que vendría, a partir de la certeza de que, para cumplir el objetivo de reestructuración profunda y a largo plazo de la relación capital-trabajo que el nuevo gobierno se proponía, necesitarían echar mano de todos los recursos existentes para ampliarlos y profundizarlos e inventar nuevas herramientas represivas de ser necesario. Ese diagnóstico inicial fue correcto».
En el curso de este año Correpi incorporó 1102 casos al Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, totalizando 6536 hasta diciembre de 2018, y 6564 si se incluyen 28 casos ya chequeados de 2019, ocurridos en enero y primeros días de febrero, contra los 5462 que se registraron hace un año.
La cuenta da un total de 1303 personas asesinadas por el aparato estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La alarmante cifra representa el 20% de la totalidad de casos desde diciembre de 1983 en poco más de tres años.
El relevamiento también logró identificar un preocupante incremento de entre 100 y 150 casos de personas muertas en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires, en el período que va de 2012 a 2015.
«La Policía de la Ciudad –destaca el informe de la Correpi– mató 43 personas en 26 meses. Casi dos personas por mes. Otro gran éxito del gobierno de Cambiemos».

Violencia avalada por los funcionarios

Las imágenes y los videos que registraron la actuación del subcomisario Cristian Benítez durante la represión del fin de semana pasado, que terminó con 18 personas detenidas, dan escalofríos. El uniformado, a cargo del operativo, se destacaba también por vestir a la última moda con las nuevas tecnologías adquiridas por el Ministerio de Seguridad porteño, que no escatima recursos en armas ni equipos para la represión callejera. Uno de los dispositivos que cargaba Benítez era una cámara digital, adosada a su pecho, para registrar a los manifestantes involucrados en el reclamo por las fuentes de trabajo. Los videos lo muestran golpeando a varias personas, sobre todo a quienes filmaban la represión.
Según coincidieron voceros de la Defensoría de la Ciudad y del Ministerio Público de la Defensa, la gran mayoría de los detenidos sufrieron golpes al momento de la detención. Los artesanos detenidos fueron trasladados a diferentes lugares y después de declarar en sede judicial, liberados unas 24 horas después.
Durante la semana, el Frente de Artesanxs Unidos de la calle Defensa brindó una conferencia de prensa en la que denunciaron que “el subcomisario Benítez en los últimos ocho domingos había dado su palabra de que no iba a haber represión. Sin embargo, hay filmaciones de él rompiéndole la cara a trompadas a los compañeros y arrastrándonos por los adoquines. Nos corrieron durante cinco cuadras por la calle Defensa con la Infantería, como si fuéramos animales. Hay compañeros y turistas lastimados. El Gobierno de la Ciudad sigue sin dar la cara. ¿Dónde está? Es el único responsable de lo que está pasando”.
En declaraciones públicas, el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, optó por avalar el operativo. Poco después de la violenta refriega pidió que se deje trabajar a las fuerzas de seguridad y se excusó en que «la Policía de la Ciudad filma todos los procedimientos para darle un marco legal y evaluar si se actuó correctamente».