Casa. Techo. Vivienda. Hogar. Hábitat digno. Por sobre todo, digno. Eso es lo que se exige desde las organizaciones sociales. Una consigna que se extiende en todo el país. Desde el pedido de la completa aplicación de la ley en suelo bonaerense, –que apareció incluso en las marchas a San Cayetano–, la vivienda digna como bandera no sólo habla de un cumulo de ladrillos para cuatro paredes y un techo, también refiere a la construcción colectiva de hogares, barrios, ciudades dignas.
Según el último censo de 2010 en la Provincia de Buenos Aires hay 850.000 familias con problemas habitacionales. Tras un pedido por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tuvo que ser judicializado para tener una respuesta, “el Instituto de Vivienda de la provincia informó que en 2016 se construyeron solamente 861 viviendas y durante el primer semestre de 2017 se terminaron 669 viviendas”. Lo cual, según manifiestan desde el CELS, “resulta más que insuficientes en una provincia donde más de 500 mil familias viven en villas y asentamientos”.
Entre los años 90 y los 2000, muchas familias se autoconvocaron para conformar pequeñas organizaciones en pos de construir en conjunto soluciones o caminos para resolver distintas problemáticas que veían en los barrios. Una de ellas era la necesidad de la vivienda digna, y de esta forma nacieron cooperativas que buscaron la solución habitacional para sus asociados. Algunas pudieron ir resolviendo en los últimos años, y otras cada vez lo ven más lejos, dado al aumento de los materiales de construcción y de los terrenos, y al vaciamiento de programas que ayudaban a llegar a este tipo de metas desde la ex Secretaría de Acceso al Hábitat.
En julio de 2009 nacía la Cooperativa de Vivienda Para Todos Todo, luego de asambleas vecinales en el barrio de Piñeiro, Avellaneda. En ella coincide la unidad a través de la vivienda como también el marco de la hermandad entre pueblos latinoamericanos. Su objetivo principal era y es, según cuenta Claudia Córdoba, actual Tesorera y ex presidenta, “gestionar la construcción de viviendas dignas de los asociados”. En ese mismo momento nacía en la provincia de Buenos Aires lo que sería la primera versión de la ley, que en ese momento era llamada “Ley de Promoción de Hábitat”, actual Ley de Acceso Justo al Hábitat.
Claudia comenta como desde los inicios de la cooperativa hasta la actualidad, el interés primordial era la vivienda pero por sobretodo el concepto de dignificación de la misma, es decir que más allá de la construcción de la casa, ésta “contenga los servicios para una mejor calidad de vida de las personas que la habiten”. En este sentido estuvieron desde el principio en el pedido de reglamentación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (14.449), promulgada en la provincia de Buenos Aires en enero de 2013, y conformaron junto a otras organizaciones el “Consejo Auto convocado de Hábitat de Avellaneda”.
Desde allí fueron tras el sueño, y en la búsqueda de terrenos que puedan ser obtenidos mediante la expropiación o la compra. Y así, evaluaron e hicieron relevamientos de las tierras y los trámites pertinentes para la obtención de créditos a través de la ex Secretaría de Acceso al Hábitat.
“Cuando llegamos a reunirnos con Fuerza Solidaria del Banco Provincia los préstamos eran para la producción, y en noviembre de 2015, cuando iban a tasar el terreno por la Secretaria de Hábitat de Nación, llegaron las elecciones. Teníamos que esperar a ver quién asumía. Cuando finalmente asumió el nuevo gobierno, volvimos a presentar datos a la nueva gestión, que estaba a cargo de Camila Clemensewicz, y no nos dieron más audiencias. Nunca más hubo respuesta”, relata Córdoba.
Ana Pastor, presidenta de Madre Tierra, organización que integra el Foro de Organizaciones de Tierra Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (FOTIVBA), de donde salió la ley, cuenta que la misma fue producto de un proceso de construcción colectiva. “Cuando empezamos con la seguridad de que debíamos producir una gran base para esta ley, la empezamos a difundir y comenzamos a encontrar más actores que se sumaran a esa construcción colectiva. Ahí se suma la CTA, también con el apoyo de otros sectores, de los Curas de Opción por los Pobres, se va sumando la FTV, luego otros sectores políticos y organizaciones nacionales, y a fines de 2012 se logra con mucho trabajo que se apruebe esta ley, en manos de tres autores, la diputada Alicia Sánchez, el diputado Marcelo Sain y el diputado Alberto España”.
Esta ley tiene dos grandes ejes : uno que tiene que ver con la gestión del territorio; y el otro, con la distribución equitativa de los beneficios que da ese territorio, nutre a los gobiernos de herramientas para la construcción de espacios de fortalecimientos de capacidad operacional para que los municipios puedan generar acciones para la correcta distribución tanto los recursos fiscales como los extra fiscales, generar consorcios urbanísticos, o configurar zonas especiales para la promoción de hábitat social. En este sentido, en cuanto a la aplicación actual de la ley , Ana Pastor, comenta que hay una “atomización” de la gestión de la misma cuando la pasaron a Desarrollo Social, al contrario de lo que se pide desde las organizaciones sociales. “Desde el consejo se viene reclamando, ya incluso al gobierno anterior, que era muy importante unificar lo que tuviera que ver con la gestión del hábitat a nivel provincial y no lo habían hecho. Este gobierno no solo no lo unifica, sino que lo atomiza más, lo parte, le deja lo que es la gestión de la ley de hábitat en Desarrollo Social, dando a entender que la ley de hábitat es para los pobres”. Y continua: “Entonces con esto, para nosotros está muy clara cuál es la voluntad política. Cuando estamos hablando de la ley de hábitat, ellos entienden que es una ley para pobres pero nosotros entendemos que es una ley para todos, que es una ley para gestionar el territorio de manera equitativa, igualitaria, para no hacer bolsones de riqueza y bolsones de pobreza”.
Es entonces que el derecho al hábitat digno, algo esencial para el buen desarrollo de la vida de quienes habitan la Provincia de Buenos Aires, las familias bonaerenses lo ven cada vez más lejos. Aún cuando se cuenta con una ley que reglamenta la utilización de herramientas para la concreción de políticas públicas en torno a la problemática habitacional, y de espacios para la construcción colectiva de difusión y promoción del hábitat, entendiéndolo a como un todo compuesto por la vivienda, el barrio, el ambiente y las relaciones entre los actores que intervienen en el territorio.
