Difícil imaginar un escenario peor que el actual en materia de vivienda: el déficit habitacional que padece la Argentina afecta a una de cada tres familias; los créditos hipotecarios UVA, lanzados en marzo de 2016 y que se ajustan por inflación, provocaron que miles de deudores lleguen a la desesperante posibilidad de perder su casa; y la construcción de viviendas sociales, mantenida por los movimientos de base, fue desalentada sin disimulo por parte del gobierno nacional, que en estos cuatro años privilegió el desarrollo de negocios inmobiliarios infringiendo, en algunos casos, normativas, o directamente modificándolas según el propio interés. La creación de un Ministerio de Hábitat, la desdolarización de los inmuebles y la regularización de la rentabilidad de los alquileres asoman como desafíos urgentes para la próxima gestión.
«Hoy la mayoría accede a la vivienda en condiciones de inquilinato. Por eso, uno de los grandes desafíos es tener una regulación de la rentabilidad del mercado inmobiliario. Hasta que eso ocurra, la vivienda será un lujo para pocos y no va a ser un derecho», advirtió Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, la primera organización creada a favor de los derechos de quienes alquilan.
Se calcula que en el país existen unos 4 millones de hogares con problemas de vivienda. En detalle: 1,5 millones de viviendas que habría que construir y otros 2,5 millones que existen pero están hechas con materiales de baja calidad, carecen de acceso a servicios básicos o sus habitantes viven hacinados.
Los créditos UVA, por fin, constituyen el gran fracaso de Cambiemos: préstamos hipotecarios concedidos a plazos de hasta 30 años que resultaron un negocio para los bancos (que siguieron enviando intimaciones de remate de las propiedades de quienes deben más de tres cuotas), pero una ruina para los hipotecados que perseguían el cada vez más esquivo sueño de la casa propia. «
