Matías Iberra fue acusado de robar un equipo de mate. La policía no encontró en su mochila los elementos supuestamente hurtados, pero igual lo detuvo. Porque vivía en situación de calle y no tenía domicilio fijo. Cinco días después, su cuerpo golpeado apareció en un calabozo de la seccional segunda de Merlo. Fue el 1° de julio de 2019, hace exactamente tres años. Desde entonces y pese a las pruebas sobre el accionar policial hacia una persona pobre y con una crisis de salud mental, la causa permanece estancada.
Así lo advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), mediante un comunicado: “Matías fue víctima del sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires, que lo detuvo por ser pobre y que se encargó de encubrir lo que había sucedido con él. A pesar de las pruebas que surgen de la investigación, la fiscal (Valeria Courtade, a cargo de la UFI N° 3 de Morón) aún se niega a tomarles declaración a los principales sospechosos”.
Un mate
Todo empezó la noche del 26 de junio de 2019, en Merlo, Provincia de Buenos Aires. Un grupo de personas acusó a Matías de haberle robado un equipo de mate. Le sacaron su mochila y fueron a la Comisaría Primera de Merlo. Tras ellos llegó Matías.
En su mochila no estaba el mate en cuestión. Sin embargo, el fiscal pidió que se le dictara la prisión preventiva porque no tenía domicilio fijo. El juez lo convalidó.
“Durante los días siguientes Matías declaró a instancias del fiscal. Desconoció los hechos y dio su descargo. No importó: lo dejaron detenido por ese hecho absurdo”, consignó el CELS.
En la noche del 29 de junio, el joven tuvo una crisis de salud mental. No estaba ubicado en tiempo y espacio, gritaba, se autolesionaba y pedía por su familia. Así lo afirmaron los testigos. El lugar de recibir asistencia, fue esposado y aislado. Luego, trasladado a la Comisaría Segunda de Merlo.
“Así comenzó un ida y vuelta entre ambas sedes policiales: nadie se quería hacer cargo de un preso golpeado y con una crisis de salud mental. En el Hospital Eva Perón un médico lo revisó y emitió un certificado que decía que no tenía lesiones visibles, lo cual era falso a simple vista. Matías volvió a la Comisaría Primera y permaneció allí hasta la madrugada. Finalmente, luego de negociaciones telefónicas que incluyeron a los titulares de las dependencias, lo volvieron a llevar a la Comisaría Segunda. Tan grave era el cuadro que, al momento de recibirlo, los propios policías dejaron asentado por escrito que Matías ingresaba golpeado y con un certificado que describía un buen estado de salud”, reconstruyó el CELS.
Después del traslado, su crisis se agudizó. En medio de ese cuadro, rompió los cables de electricidad e inundó la celda. Como respuesta, le cortaron la luz. Pasó esa noche y el día siguiente golpeado y mojado, en medio de muy bajas temperaturas.
El informe del CELS señala que “nunca lo vio un médico. La mañana del lunes 1° de julio Matías apareció muerto. La autopsia dice que falleció de un traumatismo encéfalocraneano y que el golpe letal lo recibió durante el lapso de traslado que se inició la noche del sábado y finalizó durante la madrugada del domingo. Las comisarías Primera y Segunda de Merlo fueron allanadas recién el 5 de julio, cuatro días después de los hechos”.
Lo que pasó con Matías quedó probado a partir de peritajes, declaraciones testimoniales, análisis de cámaras de seguridad, de registros satelitales sobre los movimientos del móvil policial, de datos en los libros de las dependencias policiales y de los teléfonos de los sospechosos. Sin embargo, la causa quedó estancada.
“El caso de Matías demuestra cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal avanzan con una vehemencia inusitada ante casos absurdos, como la sospecha del hurto de un equipo de mate; pero tienen una vara muy distinta al momento de investigar y enjuiciar a las fuerzas de seguridad. En un caso, sin pruebas, se detuvo y dejó morir a una persona en extrema situación de vulnerabilidad. En el otro, a pesar de la cantidad de evidencia, ni siquiera se les tomó declaración a los presuntos responsables”, concluyó la organización social.
No sólo Matías
El tercer aniversario de la muerte de Matías Iberra en un calabozo se da días antes de que se cumpla un mes del fallecimiento de Daiana Abregú en una comisaría de Laprida. Su familia marchará el martes para reclamar justicia, como lo viene haciendo desde el 5 de junio y pese a las presiones para que cese el reclamo a nivel local.
Daiana, de 26 años y mamá de un nene de nueve, había sido demorada por una contravención: por causar disturbios en medio de un supuesto brote de nervios, que luego un médico relativizó.
“Al igual que Matías, Daiana no tenía que estar en una celda. Entre 2019 y 2022, fallecieron más de 70 personas mientras estaban alojadas en comisarías”, indicó el CELS.
Según datos difundidos por la Comisión Provincial por la Memoria, en los últimos diez años murieron 187 personas en comisarías bonaerenses. En el 35 por ciento de los casos “se desconoce la causa de la muerte por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad”.
