La reacción ultraconservadora contra la Educación Sexual Integral se cobró otra víctima, que en realidad fue víctima del Estado, que no protegió sus derechos sexuales y reproductivos ni garantizó su acceso a la salud y a una alimentación adecuada. El último parte médico dio cuenta del fallecimiento de la niña chaqueña de 13 años, perteneciente a una comunidad qom, que había sido sometida a una césarea de urgencia en el Hospital Julio C. Perrando, de Resistencia.

Así lo confirmó a la prensa Liliana Ensisa, coordinadora del Programa de Salud Integral en la Adolescencia de la provincia de Chaco. 

La niña estaba desde el lunes en estado crítico, con una falla multiorgánica, originada en una infección respiratoria grave, sumada al estado de gestación en el que llegó al hospital (cursaba la semana 29) y que profundizó el cuadro de desnutrición crónica con el que ingresó. Según fuentes del hospital, la adolescente no estaba escolarizada y convivía desde hacía dos años con un joven de 19.

La niña había sido trasladada a la capital provincial el viernes 2, desde el Hospital del Bicentenario “General Güemes”, de Juan José Castelli, y estaba acompañada por su padre y una tía, menor de edad. El bebé que nació, prematuro extremo, pesaba menos de un kilo y murió a las pocas horas con una infección conatal. 

Ensisa, quien además es médica pediatra había asistido en junio a plenario de Comisiones de Diputados que comenzaba a debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al cabo rechazado por el voto de los 38 senadores “percha”. Aquella exposición de Ensisa permitía entrever la realidad de la educación sexual integral en su provincia, con altas tasas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, y más grave aún en comunidades fuertemente vulneradas en sus derechos como los pueblos originarios.

En Chaco, el porcentaje de embarazos adolescentes es del 23,6% del total. Y un 56,6% de ellos son no intencionales. Cada año se producen sólo en esa provincia 1881 egresos hospitalarios por abortos realizados en situación de clandestinidad. También tiene la tasa más alta del país en mortalidad materna. 

Un comunicado de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, difundido antes de que se conociera la muerte de la niña, expresó su “repudio, preocupación y alarma” ante el caso, y responsabilizó al Estado. “Cuando exigimos ¡que sea ley! es que queremos terminar con la naturalización de estas historias, en la que una niña es violentada, forzada y torturada socialmente a continuar una gestación y a parir por el sistema médico hegemónico, lo que significa poner en riesgo su salud y su vida, y por el otro lado someterla a la tutela de un Estado que le arrebata todo principio de autonomía sobre su cuerpo”.