A León le gusta despertarse cuando todavía es de noche y entonces el río, allá afuera, no se ve: se adivina. Va a matar el tiempo –la ansiedad– con una de las gruesas enciclopedias que le regaló la abuela hasta que la lancha, a eso de las ocho y media, lo levanta a él y también a Olmo, el hermano más chico. 

El viaje hasta el Jardín 919 en el arroyo Paycarabí, en el Delta del Paraná, es el encuentro con la isla. Están los compañeros y las maestras, pero también algún padre que prometió cortar el pasto de la cancha de fútbol o la vecina que se ofreció a dar un taller de cestería. Esa es la rutina de León que, a pesar de sus 6 años, está decidido a no dejar que se la quiten. «Si me cierran la escuela –avisa– pido la llave y entro igual».

El 14 de febrero, con el escueto argumento de «optimizar recursos», las directoras de ocho escuelas rurales –cuatro de educación primaria y cuatro jardines– en el Delta de San Fernando fueron notificadas de la decisión del gobierno bonaerense de cerrar sus establecimientos (también se clausurarán cursos en otros jardines de infantes y en dos escuelas secundarias) y «reubicar» a sus alumnos en seis colegios de la zona del río Paraná Miní.

Las directoras, con el aval de la comunidad –padres, docentes, vecinos–, firmaron las notificaciones en disconformidad. El rechazo fue inmediato y así también la organización. Hicieron marchas a la Jefatura Distrital, asambleas en la plaza principal de San Fernando y hasta un picnic en la estación fluvial de Tigre con el único propósito de resistir.

«La gente del arroyo se comunica una con otra por medio de la escuela: nos juntamos en la escuela, trabajamos por la escuela y sentimos por la escuela. No sé cómo definir la identidad, pero estoy segura de que para la gente de la isla es el único lugar que crea lazos», dice Sandra Tomaselli, mamá de León y Olmo.

Sandra eligió para sus hijos la Escuela 13 y su jardín de infantes, el 919, por un motivo inapelable: es la que queda más cerca de su casa. La construcción de la pertenencia llegó después, cuando supo que los vecinos mandaban a sus hijos al mismo lugar y, más tarde, cuando entre todos levantaron la biblioteca, compraron ventiladores, construyeron un muelle nuevo, renovaron la instalación de gas y tiraron piedras en la estacada para mejorar la costa.

Pero el rechazo al traslado de sus hijos a otra escuela excede el apego sentimental. Existen razones prácticas como, por ejemplo, la distancia, que obligaría a los chicos a viajar arriba de un bote más de una hora.

«Los funcionarios –continúa Sandra– dicen que para nuestros hijos es mejor estar con 15 chicos que con cinco pero no entiendo por qué sería mejor ir a un lugar lleno de gente, con bullicio, con colas para subir en la lancha para después viajar todos amontonados. No es la vida que hacemos. En mi casa no tengo vecinos cerca, por eso nunca estamos de a muchos. Yo lo llevo a mi hijo a la casa de un amigo y es un acontecimiento. Acá, tener tres nenes juntos es una fiesta. Vivimos así y no nos parece mal».

Para Lucila Pacheco, profesora de Literatura en una escuela en el Delta donde ya cerraron cursos, el criterio cuantitativo no debería aplicarse en la educación rural porque «uno de sus principales objetivos es mantener el arraigo».

«Las escuelas son pequeñas –explica– porque las comunidades son pequeñas pero están vivas y, por la manera de resistir a los cierres, se ve que también están fuertes».

«Acá hay vida». La resolución firmada hace unos días, y que anticipó la suerte de otras 39 escuelas rurales en el interior de la provincia (ver recuadro), contempla el cierre de la Escuela 13 y su jardín de infantes 919, sobre el arroyo Paycarabí; la primaria 19 y el jardín 920, ubicado en el arroyo Las Cañas; la Escuela 18 y su Jardín 904, en el arroyo Felicarias, y la Escuela 25 y el Jardín de Infantes Rural e Islas de Matrícula Mínima, sobre el arroyo Caracoles.

Muchos de los pobladores de las islas creen que esta resolución es parte de un plan mayor que busca deshabitar la zona para favorecer emprendimientos inmobiliarios privados. En ese sentido, destacan que no tienen surtidores de nafta dentro de los arroyos, soportan frecuentes cortes en los suministros de luz y no cuentan, por ejemplo, con hospitales de alta complejidad.

«Las pocas escuelas que tenemos son espacios que dan vida al arroyo. Permiten que las personas se encuentren, que la gente venda su manufactura, que intercambien la fruta que cultivan. Son nuestros lugares públicos y los vamos a defender con todo lo que tenemos», avisa Marisa Negri, profesora de la Escuela Técnica 1 de Islas y una de las principales organizadoras de la «resistencia».

El jueves, Negri y otras referentes de la comunidad educativa del Delta se reunieron con la inspectora regional de San Fernando, Elsa Luna, y lograron que la funcionaria se comprometiera a abrir una mesa de diálogo con la comunidad al tiempo que solicitaron una medida de no innovar «para reformar lo que el gobierno cree que no funciona».

¿Qué se traen?

María Ricciardo tiene 64 años, nació en Mendoza pero de muy chiquita la «trasplantaron» a la isla. Allí cumplió el sueño de montar su propia fábrica de cortinas de junco, que se le ocurrió el día que se cansó de que los acopiadores del continente le pagaran centavos. Sus nietos estudiaban en la escuela de Caracoles, como antes lo hicieron sus hijos y hasta ella misma. «A los funcionarios que cerraron las escuelas les diría que pregunten a la gente de la isla cómo funciona la vida acá adentro, que se metan un poquito. Yo sé que somos pocos pero somos seres humanos. Acá hay vida. No es que esto está muerto, y que no vive nadie. Y también les diría que no estén pensando en los negocios inmobiliarios porque al isleño no lo van a poder sacar de acá. Yo no soy tonta, me doy cuenta de que algo se traen», remarca.

Majo Gaitán tiene cuatro hijos, todos en edad de jardín y primaria. Cuando llegó al Delta la sorprendió la solidaridad y el compañerismo de la gente y, en especial, el vínculo que se construye con los docentes. «El colegio –dice– es lo que está más presente. Donde yo vivo, si la lancha del colegio no pasa todos los días, yo quedó aislada. ¿Quién se va a acordar de mis hijos? ¿A quién le va a importar el futuro de ellos? ¿Cómo van a ser personas de bien si de chiquitos ya los están desarraigando de lo más hermoso que tienen que son sus escuelas?».

Un frente docente contra los cierres

Ante el intento de cierre de ocho escuelas en el Delta de San Fernando, un grupo de educadores que trabajan en la zona crearon el Frente de Docentes Isleños, una organización que fundamentalmente a través de videos compartidos en las redes sociales, pretende visibilizar la problemática que «desarticularía a toda la comunidad». El grupo también denuncia la implementación, desde hace unos años, «de un plan para deshabitar la zona» a favor de emprendimientos inmobiliarios para loteos de fin de semana y barrios cerrados.

Menos escuelas para la población rural

Luego de anunciar el cierre de ocho establecimientos del Delta, el gobierno bonaerense decidió clausurar otras 39 escuelas rurales a diez días del comienzo del ciclo lectivo.

El viernes, el gobierno de María Eugenia Vidal se comprometió ante los gremios docentes a analizar cada uno de los casos y decidió sumar a los inspectores y la comunidad de cada zona al debate.

La decisión fue informada en una reunión que mantuvieron los funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación y los sindicatos que forman el Frente de Unidad Docente que reclamaron que se suspendan los cierres hasta el 31 de marzo.

El bloque de diputados del FpV ya presentó un pedido de informes en la Legislatura para que la gobernadora brinde explicaciones. En tanto, los sindicatos pidieron al subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, que «se abstenga de cerrar cursos y/o escuelas burocráticamente, dejando estudiantes sin acceso al derecho a la educación» y que «se analice la matrícula al finalizar marzo». «