Casi un año después de una de las polémicas iniciales de la pandemia, el otorgamiento de excarcelaciones y prisión domiciliaria a presos con factores de riesgo, que motivó hasta cacerolazos azuzados por la oposición y los medios concentrados, los ministros de Salud y Justicia y Derechos Humanos anunciaron el comienzo de la vacunación de más de cinco mil penitenciarios, poniendo de relieve que se trata de una población estratégica y que, ya en la segunda ola de contagios, es imprescindible minimizar el riesgo de brotes de la enfermedad en las cárceles.

Les ministres Carla Vizzotti y Martín Soria anunciaron que serán 5600 los miembros del Servicio Penitenciario Federal radicados en el AMBA que recibirán inmunización contra el SARS-CoV-2, por hallarse en contacto estrecho con la población que vive en contexto de encierro. El objetivo es que todas las jurisdicciones consideren en sus planes estratégicos la vacunación de este grupo como prioritario en tanto integrante de las fuerzas de seguridad.

El anuncio vuelve a poner en foco la situación de las personas privadas de su libertad en el contexto de la pandemia, y la necesidad de un abordaje inclusivo y no discriminatorio que, a contramano del discurso punitivista, no refuerce un cuadro de evidente vulnerabilidad.

En 2020, la irrupción del coronavirus desnudó el caldo de cultivo para el contagio que son las cárceles argentinas, con un déficit crónico en términos de higiene y seguridad y con cifras de hacinamiento que escalaron brutalmente en el último lustro. Sólo en las cárceles y alcaidías bonaerenses, había en marzo del año pasado 51 mil internos, cuando la capacidad era de 24 mil, es decir, una sobrepoblación superior al 110 por ciento, denunciada por la Comisión Provincial de la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Un dato sustancial; en las paupérrimas condiciones edilicias de las prisiones argentinas, caso un 20% de la población carcelaria sufre de tuberculosis, HIV y varios tipos de  hepatitis, entre otros factores de riesgo.

Pero la pandemia también desnudó el estigmatizante discurso de odio que agitaron los medios concentrados y la derecha ante las primeras excarcelaciones y prisiones domiciliarias.

Fue una medida sanitaria y humanitaria que se tomó en casi todos los países, que liberaron a miles de presos con factores de riesgo que purgaban condenas por delitos menores. Pero en la Argentina, una vasta operación de prensa repitió una y otra vez que se buscaba una “liberación masiva de violadores y asesinos” y hasta se motorizó un cacerolazo contra la medida.

Exactamente el 31 de marzo de 2020, un año atrás, la CIDH había urgido a los Estados a adoptar medidas para garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de su libertad y de sus familias frente a la velocidad de propagación del Covid-19, así como asegurar condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de Derechos Humanos. Una de las recomendaciones era la de reducir la sobrepoblación carcelaria.

Días después, las Cámaras de Casación Nacional y Casación Federal recomendaron la prisión domiciliaria como alternativa al encierro para “personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen riesgos procesales significativos, o cuando la duración de la detención hubiese superado notablemente los plazos fijados en la ley 24.390; personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena; personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; personas en condiciones de acceder en forma inminente al régimen de salidas transitorias, libertad asistida o condicional siempre que cumplan con los requisitos anteriores; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijes; personas con mayor riesgo en la salud”. En relación a los delitos graves –como violaciones, homicidios o femicidios, por ejemplo–, los fallos de las Cámaras evitaron imponer una medida general y sostuvieron que los jueces deberían revisar caso por caso.

Hubo, en efecto, un puñado de casos polémicos. Y los medios concentrados, en un prodigio de tergiversación, los extrapolaron a todo el sistema y sembraron el pánico entre sus audiencias. Muchos jueces dieron marcha atrás.

El resultado fue que sólo 860 personas dejaron la cárcel al principio de la pandemia, un porcentaje ínfimo que no alcanzó a revertir en absoluto el contexto de hacinamiento.

Como explicó entonces el secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Roberto Carlés, la Argentina quedó en el marco de la pandemia “por debajo de la media de las liberaciones de presos en el mundo”, lo cual pudo haber convertido a las cárceles en una zona liberada para los contagios. Para mayo del año pasado, por ejemplo, de los 93 casos que tenía Corrientes, 26 eran de internos la Unidad Penal 1 de la capital provincial.

El anuncio de Vizzoti y Soria viene a saldar aquella disputa y da respuesta a una problemática compleja que, en principio con la inoculación de quienes deben custodiarlos, busca proteger los derechos de las personas en situación de encierro.

Les ministres dieron a conocer la medida al cabo de una reunión en la que analizaron la situación de los 12 Hospitales Modulares de Emergencia construidos el año pasado por el Ministerio de Obras Públicas y los 31 Centros de Aislamiento Sanitario (hospitales carcelarios) que funcionan en las unidades penitenciarias federales y bonaerenses. En el marco de la pandemia, el Gobierno nacional decidió resolver una problemática pendiente que obligaba a los penales federales a recurrir a los hospitales municipales para la atención de las personas privadas de su libertad.

Además, ambos ministerios articularán en el entrenamiento del personal sanitario de estos hospitales modulares bajo un nuevo paradigma con perspectiva de género, consultorías y enfoque preventivo. Asimismo, se acordó que se fortalecerá el trabajo del Programa de Salud en Contexto de Encierro para ampliar la capacitación de las personas privadas de su libertad como promotoras de salud, con el fin de desplegar hacia el interior de los penales federales una política sanitaria basada en la prevención y acceso temprano al diagnóstico y tratamiento.

De la reunión también participaron el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.