Menos del 40% de los alumnos inscriptos en la Ciudad en 2019 recibieron su vacante. Los datos del sistema de inscripción online, a los que Tiempo tuvo acceso, desmienten los datos que difundió el Ministerio de Educación porteño hace una semana. La mayoría de las organizaciones de padres y docentes sostienen que las cifras entregadas por Soledad Acuña no son confiables.
El 25 de abril pasado, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informe sobre la falta de vacantes en la educación pública y gratuita, realizado por la legisladora Lorena Pokoik, que exigía al gobierno de la Ciudad detallar la cantidad de familias que quedaron excluidas del sistema en los tres niveles educativos. Acuña se negó a brindar esos datos. Hace tres años que su cartera elude hacerlo, y sólo “cumple” con una sentencia judicial, la 23.360/2006, iniciada por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que luego formalizó un acuerdo con el Ministerio por el que se comprometía a informar la falta de vacantes en el nivel inicial, desde los 45 días de vida a los cinco años.
Según la ministra, en 2019 hay 9120 niñas y niños sin vacante. Carmen Ryan, coordinadora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ, reconoció a este diario que el Ministerio incumple el acuerdo, ya que «debe informar bimestralmente cómo evoluciona la matrícula de las escuelas públicas del nivel inicial y el número de niñas y niños que quedaron en la lista de espera». Los datos aparecen en el expediente sólo una vez al año, en mayo, mucho después de las inscripciones. «El gobierno justifica estas demoras basándose en dificultades operativas, lo que es difícil de comprender al existir un sistema informático», concluye Ryan.
Durante la semana, Tiempo accedió a las cifras finales que arrojó el sistema. Los datos son categóricos: de un total de 65.787 inscripciones de alumnos en 2019 que solicitaron vacante en el nivel inicial, sólo fueron asignadas 26.108, es decir, el 39,69% del total de las reclamadas. En este nivel quedaron 11.883 chicos en lista de espera, además de otros 648 en primaria y 372 en secundaria. Es decir, un total de 12.903 alumnas y alumnos excluidos del sistema público de gestión estatal. Pero el gobierno además desconoce otro dato importante: hay otros 12.700 chicas y chicos que asisten a los 104 Centros de Primera Infancia (CPI), que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, y tampoco tienen una vacante en la educación pública. Los números finales brindados por el sistema de inscripción online, sumados a los pibes desescolarizados que asisten a los CPI, son contundentes: en la Ciudad hay 25.600 chicas y chicos sin vacante, muy por encima de los 9120 que acepta Acuña.
«El gobierno debe reconocer a la matrícula de los CPI como parte de la falta de vacantes porque los ha quitado del área de Educación y los ha colocado bajo el Ministerio que atiende a sectores marginados», explica la licenciada en Educación y legisladora del FIT Laura Marrone. La existencia de los CPI viola de raíz el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, ya que el gobierno intenta hacer pasar por jardines de infantes a estos espacios de contención pensados para los sectores más empobrecidos. «Este trato discriminatorio de los más vulnerados, que son apartados de los jardines públicos sin distinciones de clases sociales, contribuye a la cristalización de la fragmentación social desde la primera infancia», concluye Marrone.
«Es imposible creer que desde 2017, único pedido de informe que respondió Acuña, cuando había 11.958 pibes sin vacantes, de los cuales 10.480 eran del nivel inicial, hayan bajado a 9120 este año, cuando no se generaron nuevas vacantes que puedan disminuir aquella cifra», dicen desde el colectivo La Vacante es un Derecho. «Observamos además mucha dificultad en la asignación de vacantes para los que están en lista de espera, ya que el ofrecimiento es casi nulo. Y en el contexto actual de crisis, que dificulta afrontar las cuotas de un privado, pensar que la demanda de vacantes en escuelas públicas haya bajado, es descabellado». «
¿DÓNDE ESTÁN?
En febrero de este año, Tiempo advertía sobre dos nuevas categorías en el sistema de inscripción online: «solicitudes incompletas» y «vacantes pendientes de validación». Engloban, en 2019, a 13.857 familias que no pudieron finalizar el trámite por diferentes motivos, y otras 10.247 aún no validadas, todas en el nivel inicial. ¿Dónde fueron a parar esos pibes? ¿A la educación privada, a los CPI, quedaron desescolarizados? El Ministerio no podría responder porque no hace estadísticas sobre el tema.
FALLOS FAVORABLES
Mientras la ministra Acuña sostiene que la única obligación es dar vacantes a partir de los cuatro años, el 100% de las familias que van a la Justicia obtiene dictamen favorable. El artículo 24 de la Constitución porteña la prescribe desde los 45 días de vida.
