Hay ocupaciones y ocupaciones. La frase podría estar acompañada con la imagen del personaje de Los Simpsons y ser un meme. Pero es lo que ocurre en la realidad en San Carlos de Bariloche. Y en otras vastas regiones de la Patagonia. Hay usurpaciones VIP que no son ni miradas ni atacadas por la sociedad barilochense como los terrenos en los que viven las comunidades mapuches. Se trata de empresarios que instalan cabañas en lo alto del cerro, sobre terrenos municipales. Aparte del negocio económico, desencadenan dos problemáticas centrales: la ambiental (en cómo afectan al ecosistema en el cual se enclavan) y la humana. El peligro que generan, al estar en zonas con peligro de derrumbe.
Este jueves, por segunda vez en menos de un año, la Secretaría de Fiscalización de Bariloche allanó e infraccionó al titular de uno de estos complejos de cabañas en un predio de la ladera norte del cerro Otto. Las cabañas llamadas «Entre lengas» se promocionan en las redes sociales.
«Pedimos una mirada previsora para que no ocurra un desastre. Ya tuvimos una mala experiencia (en referencia al complejo Villa Huinid, donde un alud generó víctimas fatales en un hotel que estaba precariamente instalado). En este caso, con la altura, la velocidad que podría ocasionar un deslave sería más grave aun». Esa advertencia fue realizada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano de Bariloche, Claudio Otano, durante el allanamiento, ordenado por el juez Ricardo Calcagno.
Se trata de una zona ubicada a 300 metros de Piedras Blancas, cerca del refugio Berghof. El accionar fue encabezado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de Bariloche, junto con el Servicio Forestal Andino, el Splif, la delegación municipal Cerro Otto y la Dirección de Obras Particulares. Al llegar detectaron al menos doce viviendas construidas con vista al lago, a 1200 metros de altura.
En las redes sociales se promocionan como un complejo turístico. «El procedimiento se hizo en tierras municipales, en una zona de alta fragilidad ambiental y sobre la cota 900″, acotó el funcionario. ¿A qué se refiere? A que de acuerdo con la Ley Provincial de Bosques, es «una zona roja», que contiene peligro de derrumbe producto del desmonte ilegal de un bosque de lengas y vegetación autóctona.
Un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) advierte que la zona tiene «un riesgo geológico latente». Traducido: alto peligro de deslaves. «Hay que imaginarse un deslave ahí arriba, a 1250 metros de altura: afectaría no solo a estas viviendas sino también a todas las que están más abajo, en condiciones regulares por debajo de la cota 900, en el barrio de Melipal. Es muy peligroso», alertó Otano.
Según contó, las viviendas construidas «se vendieron a 20 o 30 mil dólares en el marco de un negocio inmobiliario, de acuerdo al testimonio de algunas personas encontradas en el lugar». Y no dudó en caracterizarlas como «una ocupación vip por las características edilicias y los buenos materiales. Tienen paneles solares y un portón tenía un cartel que decía ‘ÁREA VIGILADA’».
La Municipalidad de Bariloche presentó la denuncia por usurpación ante la Fiscalía a fines de septiembre del 2021. Una sentencia de la Justicia de Faltas ordenó demoler las construcciones que no contaban con autorización en el lote municipal. Pero en la zona siguen construyendo, a pesar de todas las advertencias y las normativas que lo prohíben. En el procedimiento secuestraron grupos electrógenos, motosierras y herramientas de construcción.
«Del año pasado a la fecha, los inspectores observaron más construcciones. Para el próximo operativo vamos a requerir más personal y más equipo para desmantelar esas construcciones. Ocupan un lugar inestable y encima lo ofrecen turísticamente», describió Otano. Y alertó: «Son ocupaciones VIP, que pueden causar una catástrofe ambiental, es muy grave esta situación. Por eso procedimos a allanar y secuestrar portones, cercos, grupos electrógenos, paneles solares, y diferentes artefactos que se encontraban allí de manera ilegal, irregular y sobre tierra municipal. Su accionar en zona de derrumbe no sólo podría afectar a estas viviendas de buen nivel adquisitivo construidas allí, sino a las que están más abajo en condiciones regulares, por debajo de la cota 900».
Durante el procedimiento no encontraron personas habitando las viviendas, excepto una: un hombre que dijo «haber comprado ese terreno de buena fe». Incluso él mismo en el allanamiento el año pasado: «Los m ismos inspectores le informaron el año pasado que no podía estar ahí, y sin embargo siguieron construyendo. Está la sensación de que nunca va a pasar nada; por eso es importante de que el municipio y la provincia actúen en forma conjunta», se lamentó Otano. Aquí, como en el Delta, se observa el doble comando contra el que pierde cualquier ambiente: Ejecutivos provinciales permisivos (o corresponsables) y una Justicia que prefiere mirar para otro lado.
Hay antecedentes en la zona. En septiembre del 2019 un fallo judicial favoreció a un ex integrante de la junta vecinal, Rafael Boné, reconociendo que unos 200 lotes de gran valor ambiental e inmobiliario que había «usurpado» (según las denuncias) años atrás en Península San Pedro de Bariloche, son de su propiedad.
En el caso de Bariloche aún aguardan la orden de desalojo para concretar la demolición: «Necesitamos que se genere esa orden judicial no solo para desalojar sino también para remediar el lugar –añadió Otano–. Ayuda tener el peso de ley. Nosotros ya notificamos a las personas que se deben ir, pero no obedecen porque el municipio tiene menos fuerza que una orden de la justicia».
