Los trabajadores de 1893 consolidaron ayer la recuperación en tiempo récord de la histórica pizzería de Scalabrini Ortiz y Loyola, en el barrio porteño de Villa Crespo. Pese a los cuatro meses de pandemia y de aislamiento social, lograron firmar el nuevo contrato a nombre de la flamante recuperada.

La firma Maridani SRL, que responde a Mariana Ferraz y Danilo Ferraz, acumulaba deudas de entre dos y tres meses de sueldos y largos retrasos en el pago de vacaciones y aguinaldo, y 100 mil pesos a proveedores. Formalizó la situación de tres empleados recién cuando se le abrió la posibilidad de hacer uso del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, por la que el Estado abonaría 50% de cada salario. Sin embargo, lo hizo con una fecha de inscripción falsa y con montos inferiores a los reales.

“Las cargas sociales nunca estaban pagas. Cuando teníamos reuniones con el dueño, solo respondía que estaba en plan de pagos”, explica Ernesto De Arco, camarero de la pizzería y flamante tesorero de la nueva cooperativa.

La pandemia parecía el golpe final tanto para los trabajadores como para la empresa. La necesidad de aislarse impidió que entre el 20 de marzo y el 15 de abril realizaran ventas, pero en cuanto una primera flexibilización permitió el delivery, los trabajadores le propusieron al dueño retomar las actividades. Así, podrían retirar unos pesos para llevar comida a sus casas. “Nosotros compramos la mercadería con nuestros ahorros para poder trabajar esos días y nos fuimos autogestionando. El dueño estaba borrado”, cuenta el mozo.

El maestro pizzero lleva 25 años usando ese horno en esa misma esquina. El promedio de antigüedad de los trece empleados es de ocho años. Los clientes siguieron comprando contentos, aún cuando por prevención, las pizzas tenían algunos cambios. La de rúcula, por ejemplo, no incluía la hoja, para reducir las posibilidades de transmisión del virus. A cambio, llevaba aceite saborizado.

Mientras trabajaban a destajo, el dueño daba una nota al diario La Capital de Mar del Plata sobre la situación gastronómica en medio de la pandemia, y aseguraba que transformaría a 1893 en una cooperativa para mantener las fuentes de trabajo.

Entonces, De Arco recordó la experiencia de la parrilla a la que solía ir a comer: Alé Alé, un restaurante recuperado hace siete años. Tras un año de permanencia en el local, resistiendo también a la violencia de la patronal y de la policía que quiso desalojarlos, hoy tienen un nuevo espacio, más grande, con dos pisos y dos niveles de terrazas. Todos cobran lo mismo, sumaron más trabajadores y añadieron el servicio de delivery. Además, un compañero está terminando la carrera de chef, por lo que ampliarán la carta a fin de año. Ernesto, cuyo segundo nombre es Fidel, se permitió soñar y contagiar a sus compañeros.

Hablaron con Andrés Toledo, presidente de la cooperativa Alé Alé, que les contó su historia, los invitó a dar la pelea y los vinculó a la Unión de Trabajadors y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Con la ayuda del encargado de la rama Recuperadas del sindicato, Eduardo Amorín, conformaron la cooperativa, se asesoraron legalmente con el abogado Adrián Albor y Marcelo Treleani, del Grupo de Litigio Estratégico, y avanzaron hacia la autogestión.

Se sentaron con Ferraz, le explicaron que no sería parte de la cooperativa de trabajo porque constituiría fraude laboral, recibieron insultos, provocaciones y golpes, pero le impidieron llevarse nada.

Por una denuncia de usurpación, la justicia colocó una consigna policial que prohibía que ingresara cualquier persona al local. Tuvieron que permanecer ahí, encerrados por la policía y por la pandemia, para cuidar sus fuentes de trabajo. Y siguieron recibiendo pedidos telefónicamente, que se cocinaban en Alé Alé.

En el Ministerio de Trabajo, los autogestionados y Ferraz firmaron un acuerdo en el Servicio de Conciliación Obligatoria, para que los bienes pasen a manos de la cooperativa.

Quedaba todavía un escollo: renovar el contrato de alquiler del inmueble, ya vencido. Alé Alé también había pasado por una experiencia similar, pero con la diferencia de que la patronal era también dueña del inmueble. Toledo todavía acompaña a 1893, festeja y enseña el camino: “Una más que se suma a todas las recuperadas. Ahora el desafío es administrarla bien. Esto recién empieza”.


Una oportunidad para la articulación

Para firmar el contrato de alquiler, 1893 debió reunir más de medio millón de pesos. Así como vendieron órdenes de compra a UTEP Evita, consiguieron por medio del sindicato de la economía popular el acceso a dos mesocréditos que posibilitaron la firma del contrato: uno de la fundación La Base y otro de la cooperativa de consumo Consol. “Si bien no es habitual que se entregue financiamiento para cubrir el ingreso a un local, tampoco es habitual que salgan así en un contexto de pandemia, aislamiento y recesión”, explica Eduardo Amorin, de UTEP.

Gildo Onorato, referente de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, resalta la importancia de esta recuperación en este contexto: “Hay muchísimas desigualdades, altos niveles de pobreza y desocupación. El eje pospandemia tiene que ser el trabajo. 1893 expresa eso y también una nueva oportunidad de integración y articulación”.

Eduardo «Vasco» Murúa, de la Dirección de Empresas Recuperadas en la Secretaría que conduce Emilio Pérsico en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, adelanta: “Ya los anotamos en el Registro de Empresas Recuperadas. Ahora pueden acceder al de Trabajadores de la Economía Popular y al programa Potenciar Trabajo. El próximo paso será un proyecto de Manos a la Obra que articule a varios restaurantes recuperados».