La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sumó otro revés judicial. En la demanda iniciada por Juan Grabois, la Justicia falló por cuarta vez a favor del dirigente y ordenó a la titular de la cartera que entregue la comida a comedores.
Así fue dispuesto por el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por la UTEP y el CELS.
“Cuéntenla como quieran, pero ya es el octavo juez que les falla en contra, estamos en una República y ahora la orden es clarita: entreguen alimentos”, posteó Grabois, dirigiéndose a Pettovello y al presidente Javier Milei.
.@JMilei , @SPettovelloOK , cuéntenla como quieran, pero ya es el octavo juez que les falla en contra, estamos en una República y ahora la orden es clarita: entreguen alimentos. pic.twitter.com/RRKBOGp2nY
— Juan Grabois (@JuanGrabois) November 1, 2024
Comer es un derecho
“El fallo es importante porque garantiza el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad a través de los comedores y merenderos comunitarios”, dijo a la prensa Diego Morales, director de Litigio y defensa legal del CELS.
En su fallo, el juez Lara Correa se basa en el “derecho a la alimentación” y considera que “los comedores y/o merenderos constituyen instrumentos para la satisfacción del derecho”. El magistrado le ordenó al Gobierno “continuar con la ejecución de las políticas públicas vigentes en materia alimentaria de manera progresiva”.
La decisión de Correa ya había quedado clara en pronunciamientos anteriores. Antes del inicio de la feria judicial de invierno, el magistrado había dispuesto el 12 de julio la distribución de los alimentos. Pero nunca se concretó. Luego, se habilitó la feria tras una apelación de Pettovello y el juez Martín Cormick consideró que “toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”. No sucedió.
La interpretación
Lo curioso es que Pettovello celebró el nuevo fallo. «La decisión judicial consolida la continuidad de los procedimientos de asistencia alimentaria que se venían realizando y refuerza el compromiso del Ministerio de gestionar recursos públicos de manera responsable y de garantizar que los programas de asistencia lleguen directamente a quienes más lo necesitan, sin intermediarios, consolidando así una política de equidad y transparencia”, difundió Capital Humano a través de un comunicado. Según su interpretación el fallo “ratifica la legalidad y el enfoque progresivo de las acciones desplegadas”.
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) November 1, 2024
Sin embargo, el escrito del magistrado es claro en la parte resolutiva: “Que la República Argentina mantenga y conserve los planes implica, dentro este cuadro de situación que, también debe respetar el principio de progresividad cumpliendo el compromiso de no derogar los derechos ya existentes y vigentes y, así como también ampliarlos de forma compatible con la dignidad de la persona humana”. En 129 páginas, se insta al Gobierno “a no producir condiciones que la dificulten o impidan el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a la alimentación”.
El CELS respondió a esa interpretación de Pettovello. «Hay comedores que se presentaron en mayo en el proceso judicial que todavía no reciben los alimentos que el gobierno dice estar entregando. Es el caso de los cuarenta que están agrupados en la asociación civil El amanecer de los cartoneros», difundieron. Y apuntaron: «Si hubiera cumplido con su obligación, esta sentencia no hubiera sido necesaria. Todo lo contrario: el amparo fue admitido porque sin un control judicial, el gobierno seguiría esquivando sus obligaciones».
Leímos el comunicado del gobierno sobre la Causa Comedores. Si hubiera cumplido con su obligación, esta sentencia no hubiera sido necesaria.
— CELS (@CELS_Argentina) November 1, 2024
Todo lo contrario: el amparo fue admitido porque sin un control judicial, el gobierno seguiría esquivando sus obligaciones.