La de Mariela Neira es la historia, otra más, de una mujer policía acosada y maltratada por un superior. También es la triste confirmación de que en estos casos, por lo general, las consecuencias solo son para las víctimas. Luego de años de sufrir daños psicológicos, la mujer fue dada de baja de la fuerza. El jefe denunciado, en cambio, recibió un ascenso.

El 21 de febrero, la ex cabo de la Policía de Córdoba presentó la denuncia penal por abuso y acoso sexual por parte del comisario inspector Mauricio Mielgo, actualmente a cargo de la Unidad Regional Departamental Marcos Juárez. “Quiero que me devuelvan el trabajo que me robaron y que limpien mi imagen”, avisa Mariela.

El primer destino de la mujer había sido la comisaría de Corral de Bustos, en el sur de Córdoba. Era el año 2001 y todos los sueños y expectativas que había acumulado en los años de formación se estropearon al toparse con el entonces oficial Mielgo.

“Él era mi jefe directo y siempre me buscaba y perseguía. Esperaba que yo estuviera de guardia para quedarnos solos. Desde ese momento nunca paró de acosarme. Muchas veces lo dejé pasar porque tenía miedo y porque cuando lo denuncias a tus superiores nunca hacen nada. Nadie te cree cuando decís la verdad”, se lamenta.

Mariela nunca más consiguió estabilidad en su trabajo. El traslado forzoso –para huir del acosador o como castigo por negarse– se volvió costumbre. La distancia, sin embargo, no supuso un freno para Mielgo.

“Donde yo estuviera, él iba –recuerda–. Me caía por sorpresa. Era imposible seguir trabajando. Cuando empezaba una relación, él se enteraba y me trasladaba. Una vez hizo correr el rumor de que yo salía con tres tipos a la vez y que los presionaba para sacarles plata. Él me arruinó la vida”.

En 2016, a una licencia médica por una pancreatitis le siguieron pedidos de carpetas psiquiátricas atribuidas al estrés laboral. Mielgo había convertido la vocación de Mariela en un infierno. “Él oscilaba entre acosarme y maltratarme. Cuando le decía que no, me respondía que yo no servía para ser policía, que era una ´carpetera´ (en referencia al pedido de carpetas médicas). Una vez le pregunté por qué me odiaba tanto y solo se rió”.

En agosto de 2018, Mariela se reincorporó a su trabajo bajo la modalidad de Tarea No Operativa (TNO), un mecanismo previsto para los efectivos que no se encuentran en condiciones de asumir la totalidad de su labor por enfermedad o accidente. Por la misma época, Mielgo ya ostentaba el grado de comisario y prestaba servicio en Marcos Juárez.

“Me mandaba mensajes todo el tiempo. El 21 de octubre de 2018, me escribió para saludarme por el Día de la Madre y me pidió que le mandara una foto de mis ´melones´. Yo no le respondí y me empezó a mandar fotos de sus genitales. Guardé todos esos mensajes como prueba de que era una persona enferma”.

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Mafia. Mariela logró una entrevista con uno de los jefes de mayor rango de la Policía de Córdoba, quien la recibió junto a una psicóloga. Mariela contó la situación que venía padeciendo desde años y llegó a un acuerdo: el jefe policial trasladaría a Mielgo a otra jurisdicción si ella no hacía la denuncia. “Lo acepté porque soy una mujer grande con dos hijos que solo quiere trabajar tranquila. Confié en ellos, pero fui amenazada y viví todo un año con presión alta”.

Todo empeoró cuando el propio Mielgo tuvo a su cargo el Informe de Calificación Anual de Mariela, donde pudo escarmentarla por exponerlo ante los jefes. “Personal en TNO con muchos conflictos personales y laborales», la describió el comisario.

Finalmente, el 26 de abril de 2019 Mariela fue dada de baja de la Policía de Córdoba. Ella denuncia que la institución realizó maniobras para que no pudiera presentar un recurso de reconsideración. “Toda la fuerza es una mafia”, se queja.

Además de la denuncia penal, la causa tramita otra vía administrativa a través de una presentación ante el Tribunal de Conducta Policial que está bajo la órbita del Ejecutivo provincial.

“Desde lo de Mariela, nos han llegado otros 47 casos de acoso por parte de un jefe o superior dentro de la fuerza, pero la mayoría no tiene elementos probatorios para judicializar la situación. Suelen ser dos verdades enfrentadas”, explica René Zavala, secretario general de la Unión de Policías y Penitenciarios de Córdoba, y patrocinador de la denuncia.

“Si bien no podemos garantizar que los genitales fotografiados correspondan al denunciado –agrega Zavala–, sí está probado que salieron de su celular. Tenemos capturas de pantallas y audios que lo comprometen seriamente. Este hombre debería estar en situación pasiva, y no dando órdenes como si nada de todo esto hubiera existido”.