Una gestión en estado crítico

Un área degradada y el ocaso del trabajo territorial

Sólo tres gobiernos en los últimos 70 años decidieron que la Salud no merecía un ministerio: la llamada “Revolución Libertadora”, tras el golpe de 1955, la dictadura de Juan Carlos Onganía y, por último, en septiembre del año pasado, la administración de Mauricio Macri, que la rebajó a Secretaría, dependiente de la cartera de Desarrollo Social.

Esta decisión no fue sólo administrativa. Profundizó un recorte que se llevó a cabo desde el primer día de la gestión Cambiemos. A finales de 2015, Salud representaba el 2,3% del presupuesto nacional. En 2019, se le destina apenas el 1,7% del total. En ese desmantelamiento, la Atención Sanitaria en Territorio, la herramienta del Estado para ir en busca del ciudadano y velar por su salud,  fue una de las áreas más vapuleadas por el macrismo. En 2015 tuvo un presupuesto de 338 millones. En 2018 descendió a 221 millones. Este año siguió ajustándose hasta ser sólo de 165 millones de pesos, todo esto sin contar la inflación del 257% en casi cuatro años. En el medio se vaciaron programas territoriales como los trenes y camiones sanitarios, que brindaban servicios de medicina clínica, oftalmológica, odontológica, análisis de laboratorio y diagnóstico por imágenes, esenciales en tareas de acceso a la salud primaria en regiones lejanas como el monte chaqueño o las comunidades aborígenes del Noroeste.

Borrando todo lo anterior: los planes Qunita y Remediar

A pesar del anuncio de campaña en 2015 de “unir a los argentinos”, Educación y Salud se transformaron en las áreas donde más se reflejó la intención del macrismo de borrar todo el ideario simbólico kirchnerista. Conectar Igualdad y Pakapaka son algunos ejemplos. En Salud, el caso emblema fue el Plan Qunita. Además de perseguir judicialmente a sus creadores, el gobierno desmanteló este programa icónico que apuntaba a disminuir la mortalidad infantil en lactantes. Entre los más pequeños, el 50% de las defunciones súbitas responden a situaciones de colecho. Aunque el plan fue alabado en la región y países como Finlandia y Estados Unidos poseen iniciativas similares, el juez Claudio Bonadio consideró que eran “riesgosas para la salud”, en base a supuestos informes del INTI y de la Sociedad Argentina de Pediatría –que rechazó esa afirmación–, y ordenó la destrucción de 60 mil cunas. En 2016, la mortalidad infantil se estancó por primera vez en nueve años. Y se incrementó en distritos como la Ciudad de Buenos Aires (la más rica del país), Chubut, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, de acuerdo a un trabajo de la Fundación Soberanía Sanitaria. A principios de este año, el gobierno salió rápidamente a asegurar que había vuelto a descender de 9,7 decesos por cada mil nacidos vivos en 2016 a 9,3 en 2017.

Otro plan que tenía millones de beneficiarios era el Remediar. No lo eliminaron, pero lo fusionaron en una iniciativa anunciada de manera grandilocuente como Cobertura Universal de Salud (CUS). A diferencia del Remediar, el CUS no envía canastas “personalizadas” de acuerdo a los pedidos de cada centro de salud del país, sino el stock con el que cuente en ese momento la Secretaría, el cual no siempre coincide con las demandas específicas. Tampoco el nuevo programa significó mayor inversión: entre 2016 y 2018 hubo 1300 millones de pesos que estaban presupuestados para la compra de remedios y que no se usaron.

La odisea de comprar medicamentos en la argentina

“En los últimos años se ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores”, afirma un documento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) titulado “El impacto inflacionario en los medicamentos”. El trabajo remarca que la jubilación mínima en septiembre llegó a los $ 12.937, lo que implica un aumento del 239% desde mayo de 2015, mientras que la inflación de los remedios en el mismo período alcanzó 393 por ciento. Incluso con la cobertura de PAMI, el aumento asciende a 247 por ciento. No es un dato menor si se tiene en cuenta que, según proyecta el Indec, hay 6,98 millones de personas mayores de 60 años en el país.

“Pero más grave aún es el aumento de medicamentos esenciales utilizados para enfermedades cardiovasculares, que han sufrido un ascenso sideral, como el Sintrom, cuyo incremento de precio alcanzó un 1050% y un 418% en el caso de la cobertura de PAMI –continúa el informe del CEPA–. A esto se le suma el hecho de que PAMI modificó la Resolución 005, dejando de entregar la medicación crónica gratuita a dos millones de afiliados y que para acceder a ella se exige cumplir una serie de requisitos demasiados restrictivos. Esta situación trae como consecuencia que las personas mayores dejen de consumir su medicación o lo hagan de manera limitada para generar un ahorro económico en los gastos que estos demandan”. Otros ejemplos dan cuenta de una situación angustiante: el atenolol para la hipertensión arterial creció un 831% bajo la gestión Cambiemos; y una silla de ruedas motorizada pasó de $ 22.748 en 2015 a 116.764: 413% de aumento.

En 2019, los medicamentos aumentaron en un solo mes lo mismo que en todo 2015. Inevitablemente, la restricción económica provoca que cada vez se consuman menos remedios. Un estudio del Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), presentado esta semana, destaca que hasta agosto de 2019, las dispensas habían caído un 7% en un año. Son 5 millones de unidades menos. “La situación se profundiza en los medicamentos incluidos en grupos terapéuticos en los que se ha verificado una importante baja en las dispensas: medicamentos para el sistema nervioso, antibióticos, antihipertensivos, analgésicos y tratamientos hormonales”, precisa el informe.

Con casi 20 dosis, el Calendario Nacional Obligatorio y Gratuito de Vacunas es uno de los más completos del mundo. Así lo reconocieron años atrás desde administraciones extranjeras hasta organismos como la Organización Mundial de la Salud. A partir de la gestión del ministro Ginés González García, el área había tenido un crecimiento del 2000% en su presupuesto. Se incorporaron decenas de vacunas nuevas al calendario, se reforzó la prevención, disminuyeron enfermedades y, por consiguiente, los costos de atención. Sin embargo, al finalizar el primer año de gestión macrista, el ministro Jorge Lemus le bajó el rango al Plan Nacional de Vacunación, redujo un 35% su personal y despidió a su titular, la especialista Carla Vizzoti. Le dijeron que fue “por motivos políticos”.

En 2018, se quitó una vacuna del calendario (el refuerzo de la meningocóccica para los 11 años), por lo que ahora el gobierno fue condenado judicialmente a informar sobre su suspensión. En estos años, otros dos elementos regresivos se sumaron al vaciamiento de la política de inmunziaciones: la desregulación del mercado –lo que motivó que las prepagas hoy cobren hasta el 60% de dosis que antes colocaban de manera gratuita– y el comienzo tardío de campañas de vacunación como la antigripal o la del sarampión, cuyo refuerzo arrancó a darse el año pasado un mes después de lo estipulado, a pesar del aumento de casos.

A mitad de año, el gobierno respondió un pedido de informes en el Congreso sobre compra de vacunas. Los resultados son alarmantes. En 2019 adquirieron 26.202.500 dosis. Si se descuentan las extras de la triple viral y neumocóccica por campañas específicas de 2018, son 3,8 millones menos que el año anterior. En 2016, producto de las compras de la gestión anterior, habían sido 37.441.558 vacunas, casi 11 millones más que en ahora. Aquel año hubo 1,2 millones de dosis más de SRP (triple viral) que éste. El doble para rotavirus, casi 6 millones más de Sabin bivalente, 350 mil más de la vacuna meningocóccica, 400 mil más de hepatitis B (pediátrica), 600 mil más de hepatitis A (pediátrica), 1,1 millón más de la BCG, y 700 mil más de la triple bacteriana acelular. Son, precisamente, las más difíciles de conseguir en hospitales. En consecuencia, de acuerdo a la misma respuesta oficial, hay cien mil niños menos vacunados contra la hepatitis A que el año pasado, y 400 mil menos recibieron la pentavalente.

El retorno de enfermedades que se creía erradicadas

En medio de este laberinto de índices negativos y recortes, reaparecieron enfermedades que se creían superadas. Sin una política de prevención en fronteras ni concientización en la vía pública, sólo este año hay 33 casos confirmados de sarampión, de los cuales 26 no cuentan con antecedentes de viaje o vínculo con casos importados, 800 aún sin resolver, y más de 1500 sospechosos que quedaron del año pasado y que nunca se confirmaron, según admitió la Comisión Nacional de Inmunizaciones en mayo. El último verano se registraron 12 muertes por hantavirus en Chubut; hay zonas como la Comuna 7, en el sur de la Ciudad, con tasas de tuberculosis similares a las de Jujuy o Salta; y en 2016 se produjo un brote de dengue con más de 76 mil infectados. A pesar de esto, el gobierno profundizó el desmantelamiento de áreas claves como la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores. En lo que va de 2019, el programa “Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales” lleva apenas el 15% de ejecución; el de “Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos”, el 30%; y “Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud”, sólo el 1 por ciento.

Uno de los aumentos más preocupantes es el de las enfermedades de transmisión sexual. En cinco años se cuadruplicaron los casos y la tasa ya llega a 50,4 cada 100 mil habitantes. Nada es azaroso. De nuevo tiene su correlato en las políticas públicas. El programa “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” lleva ejecutado sólo el 37% de su presupuesto, y “Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas”, el 54 por ciento. La compra de anticonceptivos tuvo una demora de meses, y ni siquiera se adquirió el total pautado. Mientras tanto, el precio de los preservativos aumentó un 404% desde diciembre de 2015. En ese escenario, no sería inusual que las personas se cuiden menos: según datos de Ceprofar, en el primer trimestre de este año se vendieron 7,6% menos de anticonceptivos que en el mismo período de 2018.

Menos prestaciones para los más desprotegidos

Una escena sirve para comprender las prioridades de Cambiemos: Salud fue la única área de la que Macri no habló en el primer debate presidencial. Apenas llegó a mencionar supuestas mejoras en el PAMI, asociándolo a que los jubilados pueden ver las recetas desde sus celulares. Sin embargo, lo realizado en la obra social estatal durante estos años estuvo lejos de ser idílico. Los abuelos fueron atacados desde todos los frentes: les aumentaron los medicamentos, les bajaron la cantidad de remedios gratuitos y les achicaron la cartilla de profesionales y centros de salud porque el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados empezó a pagar montos fijos para cada prestador, usualmente por debajo de lo necesario.

El PAMI tiene 4,92 millones de afiliados. En 2017, a partir de la decisión oficial de crear un «Plan de Medicamentos Sustentable», se otorgó subsidio total de medicamentos a sólo un 20% del padrón. A partir de ahí, casi cuatro de cada diez de los damnificados dejaron de tomar sus remedios. Entre los que siguieron comprando, siete de cada diez sólo se llevaron algunos de los recetados. Ya no todos los sugeridos por el médico. En agosto de este año, en plena campaña de las PASO, el titular del PAMI, Sergio Cassinotti, rechazó la propuesta de Alberto Fernández de generar una ley para garantizar medicamentos a todos los jubilados: «Hay que dárselos gratis a quienes lo necesitan. El gratis para todos lleva al sobreuso y al descontrol», dijo.

En paralelo, el gobierno de Cambiemos recortó 170 mil pensiones no contributivas. El 70% correspondió a personas con discapacidad. El Foro Permanente para la Protección y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad reclamó numerosas veces ante la Agencia Nacional de Discapacidad, intentando hacerles entender que esas personas se encuentran entre las más vulnerables a la hora de encontrar empleo y generar ingresos propios que les permitan su subsistencia. Este año la Justicia obligó al gobierno a reponer las pensiones quitadas. El fallo se cumplió en muy pocos casos.

Elefantes blancos: los hospitales que no fueron

El macrismo no se distinguió por un gran plan de infraestructura, ni en educación ni en salud. Pero hay un dato más grave: cuando llegó al gobierno se encontró con 13 hospitales casi listos desde 2015, con más de un 80% de obra terminada. Hoy son «elefantes blancos». Ni Nación ni Provincia quisieron continuarlos. Incluso la gobernadora María Eugenia Vidal fue más allá y se hizo cargo de no inaugurar los seis que tiene frenados en territorio bonaerense: «No voy a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas, porque eso es una estafa a la gente. La salud no es un edificio. Construir un edificio es la parte más fácil», declaró a Radio Nacional antes de las elecciones de 2017.

Dos de esos hospitales (el Presidente Néstor Kirchner, en Laferrere, y el Doctor René Favaloro, de Rafael Castillo) se ubican en el partido de La Matanza, donde hoy cuentan con apenas mil camas públicas para internación por habitante. Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y Escobar son otros municipios bonaerenses que aguardan hace cuatro años una buena noticia. Pero la falta de obras se extiende a todo el país: entre los centros de salud frenados está el Hospital de Niños Eva Perón, de Catamarca, dos en Entre Ríos (que superaban el 82% de ejecución a fines de 2015), y los Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia en La Pampa, Formosa, Río Gallegos y Santiago del Estero. Se trata del Plan Nacional de Medicina Nuclear–Nucleovida, que lanzó a fines de 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Preveía invertir 4300 millones de pesos para centros de diagnóstico por imágenes y el tratamiento de enfermedades complejas como el cáncer, con el objetivo de «ampliar en un 40% el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país». En la mayoría de esos casos, lo único que faltaba era adquirir el equipamiento y los insumos, todos dolarizados. Si los hubiesen comprado en 2016, en comparación con la devaluación que sufrió la moneda, el ahorro pudo haber sido millonario.

Una provincia con la salud en crisis

Mientras que hace 15 años se destinaba a las partidas de Salud el 10% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en 2019 representa sólo un 5,5% del total, y apenas un 28% más de fondos que en 2018, muy por debajo de la inflación interanual. El único sector de los hospitales públicos que refleja una mejora en las obras es el de las guardias, el primero que ven los pacientes cuando llegan. Salas de terapia, quirófanos y consultorios clínicos quedan invisibilizados en la desidia, fuera de la mirada de los contribuyentes.

De acuerdo a relevamientos de los gremios, 22 de los 42 centros de salud del Conurbano y La Plata transcurrieron el último invierno con problemas de calefacción. Durante junio y julio, en el hospital psiquiátrico Dr. Alejandro Korn, de Melchor Romero (La Plata), varios pacientes debieron trasladarse a los comedores de los pabellones para dormir. El Oñativia, de Rafael Calzada, sufrió un incendio el 17 de diciembre pasado. Hasta hoy continúa con guardia de contingencia e inoperativo en cirugías, partos, terapia intensiva, internación de maternidad, neonatología e internación de adultos. El Belgrano, de San Martín, también carece de calefacción central, y el Erill, de Escobar (el único público para los 220 mil habitantes del distrito), tiene peligro de derrumbe y carece de escaleras antiincendios. En la sala de partos del hospital Meléndez, de Adrogué, comparten dos nacimientos a la vez por falta de espacio, y el Evita, de Lanús, volvió a inundarse a principios de octubre. Así lo relató Sandra Álvarez, trabajadora del hospital: «Se desbordó el tanque del sexto piso, se volvieron a suspender cirugías y se cerró la maternidad. Todo esto es agotador.»