Que chicas y chicos reciban alimentación saludable en las escuelas y que el servicio no quede en manos de un puñado de empresas cuestionadas y vinculadas al Gobierno de la Ciudad. Tal es el objetivo de la acción judicial colectiva presentada este jueves para modificar el sistema alimentario escolar porteño. La iniciativa judicial forma parte de la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”, que incluye el impulso de un proyecto legislativo y el reclamo desde la sociedad civil.
La acción de amparo colectiva ambiental cuestiona la Licitación Pública que concesionará por cuatro años más el Sistema de Alimentación Escolar. La demanda ya tramita en el Juzgado en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad N° 22 y fue caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – EDUCACION-OTROS”, Expte. N° 59547-2022/0.
Pide, entre otras cosas, que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 55/22, de la Licitación Pública N° 7192-1818-LPU21 por no haber garantizado el derecho a participar a los integrantes de la comunidad educativa. Y que, en caso de haber sido adjudicado el servicio, se abra un proceso democrático de debate sobre las características de la prestación.
Además, solicita que se ordene al Gobierno de la Ciudad “que de forma inmediata garantice la prestación universal del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas (desayuno, almuerzo, vianda, refrigerio y merienda) a todo estudiante sin excepción ni exclusión de ningún tipo, sin condiciones y de forma gratuita”. Es decir, que frene el engorroso sistema de becas que deben tramitar las familias.
“En Buenos Aires el servicio de comedores escolares está concesionado hace décadas y son 19 las empresas las que hace 20 años se reparten este negocio multimillonario. Hablamos del servicio de comedor, refrigerio y desayuno de 290 mil estudiantes. Una semana antes del comienzo de clases, el GCBA llamó a una Licitación Pública para definir qué empresas, durante 4 años, van a ocuparse de este servicio. El valor del pliego, los plazos para presentar la oferta, el sistema de puntuación indicaría que todo estaría direccionado para favorecer a las mismas 19 empresas denunciadas sistemáticamente por las familias, las cooperadoras y los organismos públicos”, advirtió la ingeniera María Eva Koutsovitis, presidenta de Unión Popular CABA, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.
“Las concesiones se convocaron sin otorgar ninguna instancia de participación a la comunidad educativa como manda la Constitución Nacional. Además, consolidan la violación del principio de universalidad y gratuidad de la educación pública con el sistema de becas alimentarias. Hace años que los reclamos y cuestionamientos al Servicio son permanentes por la comunidad educativa sin que se haya modificado sustancialmente la prestación del servicio que empeora cada día a la vez que las empresas reciben cifras millonarias por parte del GCBA. Está en juego la salud y la alimentación de más de 200 mil niños y niñas”, remarcó Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, y letrado patrocinante de la causa judicial.
“Es el momento de que no se consolide esto, de rediscutir los pliegos y el servicio. En este marco se lanzó esta campaña con varias aristas. Una es acompañar el proyecto de ley de Ofelia (Fernández), porque tuvimos participación. Y presentar una acción judicial para que se frene esta concesión y se elimine el sistema de becas”, había anticipado Baldiviezo en diálogo con Tiempo hace dos semanas, tras la presentación de la legisladora del Frente de Todos, impulsora del proyecto de “Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas”.
“Hay que repensar el sistema. Basta de empresas que buscan la rentabilidad sin garantizar la calidad. Esto ha fracasado, queremos un sistema transicional a un sistema donde se vuelva a cocinar en las escuelas. Que haya obligación de dar alimentos nutritivos a la niñez. Hay cuestionamientos de nutricionistas a los pliegos actuales. Pedimos que se incorpore a los pliegos la Ley de Etiquetado Frontal que se aprobó en Nación, y que haya un sistema más desconcentrado. Hay leyes de economía social que se votaron el año pasado y no hay mejor situación para fomentar la economía social y la soberanía alimentaria que en las escuelas”, dijo entonces Baldiviezo.
La Campaña es impulsada por familias, cooperadoras y organizaciones sociales. En su comunicado, enumeraron los componentes del menú que cuestionan: “Tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, magdalenas, productos ultraprocesados para bebés de un año”. Este tipo de alimentación fue cuestionada por pediatras especializadas en la materia como Sabrina Critzmann, quien dijo a este diario: “No es una cuestión de capricho, hay evidencia contundente de diversos organismos, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que nos dan un fundamento científico de por qué no sugerir estos productos toda la vida, pero sobre todo en la infancia y la primera infancia, cuando se están programando muchas vías metabólicas y termina siendo la semilla de enfermedades a corto y largo plazo”.
