Desde que decretó la vuelta a clases el 17 de febrero, en plena pandemia de coronavirus, el Gobierno de la Ciudad dejó en claro que habrá niños y niñas que no podrán retornar a las aulas de forma presencial, por estar incluidos en grupos de riesgo o por convivir con parientes que lo estén. Sin embargo, no dio información clara sobre cómo será la educación de esas y esos estudiantes. Una ONG pidió a la Justicia que le ordene a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta garantizar conectividad y dispositivos a quienes deban continuar aprendiendo de forma virtual.
Así lo planteó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en el marco de una causa preexistente a nivel judicial para que se entreguen dispositivos electrónicos y conexión a internet a niños, niñas y adolescentes de la Ciudad y especialmente a barrios vulnerables. “Dada la inminencia del inicio del ciclo lectivo, veíamos que si bien se dice que el 17 vuelven no veíamos de qué forma se iba a protocolizar cómo vuelven quienes son de riesgo o viven con personas que requieren cuidados especiales. Por eso solicitamos en el expediente ya iniciado que se ordene al GCBA que aquellos que ya saben que no van a volver, que los provean de dispositivos para tener educación online”, explicó Guillermina Greco, abogada de ACIJ, en diálogo con Tiempo.
“Por otro lado, dado el protocolo de vuelta a clases, que se establezca un protocolo específico para algo que probablemente suceda, cuando haya síntomas y se tenga que suspender la presencialidad de alguna burbuja o grupo. Tener un protocolo de cómo se garantizará la conectividad y dispositivos a esos chicos y chicas”, remarcó.
Si bien la falta de datos certeros forma parte de lo denunciado en esta causa, ante la consulta de este diario al Ministerio de Educación señalaron que estiman que un 10% de las y los alumnos no podrá volver a las aulas por ser o convivir con personas en riesgo ante el covid-19. En el material difundido por el Ejecutivo local el viernes último sólo dice que “para dichos grupos de estudiantes, se brindarán alternativas remotas para garantizar la continuidad pedagógica”.
En tanto, la causa original que pide garantizar la conectividad “viene tramitando de forma bastante complicada, con muchos pedidos y contra-pedidos, información que no se presenta en tiempo y forma”, advirtió Greco. Y agregó que se reiteró un pedido a la Justicia para que sea más accesible para las comunidades educativas la información sobre el Plan Sarmiento, a través del cual el Gobierno porteño debe entregar computadoras. La oposición porteña denunció en la Legislatura que ese plan sufrió un fuerte recorte presupuestario.
“El primer pedido fue el 26 de enero porque habilitamos la feria por cómo venía la causa. El juez de feria dejó supeditada la resolución a que el GCBA entregara información que adeudaba. Entregaron información que sigue estando incompleta y el 4 de febrero reiteramos el pedido y planteamos que más allá de que no están entregando los datos, que resuelvan sobre la cautelar. Todavía no lo hicieron”, señaló la letrada. A menos de diez días de la fecha decretada para la vuelta a las aulas.
