El proyecto presentado por los diputados radicales Alfredo Cornejo y Luis Petri se titula, paradójicamente, “Ley de acceso y equidad en la vacunación contra el Covid-19”, pero en los hechos podría redundar en un acceso inequitativo a las vacunas. La iniciativa llega en momentos en que la industria farmacéutica pide al gobierno que se la habilite a adquirir y comercializar vacunas, que hasta aquí han sido aplicadas gratuitamente a la población.
Los legisladores presentaron la iniciativa, explican en sus fundamentos, con la intención de “ampliar y acelerar” el operativo de vacunación contra el coronavirus en el país. En concreto, buscan sacar de la esfera del Estado la política de inmunización de la población y autorizar a privados a importar y comercializar las vacunas, siempre que estén autorizadas por la ANMAT. Como contrapartida, aducen, esos privados deberán donar 10% de las dosis adquiridas al Ministerio de Salud de la Nación, a fin de ser incorporadas al sistema público de salud.
El proyecto también apunta a que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan comprar vacunas, descentralizando la adquisición, hasta aquí llevada adelante por el Estado nacional.
La gratuidad de la aplicación de las dosis, si prosperara la iniciativa de los diputados de la UCR, quedaría circunscripta a las vacunas que compre cada distrito y al diezmo que entreguen los privados, que desde luego quedarían eximidos de pagar derechos de importación o cualquier tipo de tasa o arancel por traer las vacunas que hoy compra el Estado nacional.
El texto del proyecto hace hincapié en el “panorama de escasez” de vacunas, en el cual “se agigantan la ineptitud y la corrupción del gobierno nacional en la gestión de la vacunación”. Y critica la política “restrictiva” que impide a los privados adquirir y comercializar vacunas, destacando las “capacidades técnicas, de recursos humanos, de redes, capilaridad y penetración social, de know-how” del sector privado.
“Es importante señalar que hay muchos ciudadanos que pueden hacer su parte accediendo a las vacunas por sus propios medios”, dice el proyecto, y afirma que se garantizaría que “nadie que acceda a las vacunas a título privado estará saltándose el lugar que le corresponda por su grupo” en el orden de prioridad de vacunación.
El jueves pasado, laboratorios, asociaciones de farmacias y droguerías abordaron en una reunión del sector el plan de comprar un stock de tres millones de dosis de la vacuna china de Sinopharm. A un valor de unos 26 dólares la unidad (sin aranceles), el cálculo del precio al consumidor que manejaban las farmacéuticas, sumado un 50% de margen de ganancia, es de no menos de 7600 pesos per cápita por cada dosis, unos 15.200 pesos por ambas.
Por supuesto, hay sectores de la población dispuestos y capaces de reunir ese dinero con tal de inocularse sin respetar el orden de prioridades instituido por cada jurisidicción.
Hasta aquí, el gobierno viene resistiéndose a la irrupción del mercado en una política tan sensible como la vacunación contra el coronavirus en el contexto de la peor pandemia global que recuerde el mundo, y monopoliza el diálogo y las negociaciones con los laboratorios que producen las vacunas, y desde luego su adquisición, con el fin de administrarlas gratuitamente a toda la población.
Ceder espacio a los privados vendría a distorsionar la política sanitaria en favor de los sectores que más tienen. En esa línea es que aparece el proyecto de ley de Cornejo y Petri, que si bien asegura que la apropiación de la vacuna por actores privados no subvertiría el orden de prioridad en la vacunación, no explica cómo se operaría esa regulación.
En tándem con intereses comerciales que exceden los de una política de Estado, que garantiza la inoculación gratuita, primero de los grupos de riesgo y luego de toda la población, los legisladores de la oposición pretenden, por el contrario, que la lucha contra el coronavirus no se interponga en los negocios.
