Yensi García dice que se siente un empresario. Hay que creerle: ahora mismo, en el galpón que levantó hace unos meses en Langa, una localidad rural en las afueras de Lima, Perú, está hablando de compra de activos, ampliación de mercado y rentabilidad proyectada. «El cuy es un producto orgánico –se entusiasma– y por eso la demanda es cada vez mayor. Nuestra meta es dejar de venderles a los mayoristas y llegar al público de forma directa, sin intermediarios, para incrementar las ganancias».

Yensi tiene 25 años y la experiencia suficiente para saber de penurias. Lleva un sombrero de paja que lo defiende del sol. El negro de sus zapatos se adivina bajo el blanco de la cal, la misma que debe pisar cada vez que entra al corral para matar a las posibles bacterias que podrían perjudicar el negocio. «Por estos días –insiste– estamos con el tema del registro legal del criadero, elaborando informes y buscando nuevos ingresos económicos». Lo cuenta en un patio de tierra con pozas –jaulas– para las hembras y los machos. Detrás de él hay una pared de adobe reseco y, más allá, los cerros.

El 30% del territorio peruano –con costa, sierra y selva– vive de la actividad agropecuaria y la crianza de animales. Pero mucho no significa bueno: la pobreza rural, cercana al 50%, triplica la tasa de pobreza urbana (15,1%), al tiempo que la pobreza extrema, es decir, la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas, en el campo es diez veces superior que en la ciudad. Los resultados son obvios: la mayor parte de las actividades productivas se realizan en condiciones precarias (más del 40% de las tierras cultivables no son trabajadas y más del 60% depende de la lluvia como único sistema de riego) y el éxodo a la ciudad, aun sin trabajo asegurado y lejos de la familia, se vuelve una aventura preferible.

El Proyecto Sierra y Selva Alta es, en la actualidad, el instrumento para revertir esta realidad. Impulsado por el gobierno de Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el sistema de apoyo para la agricultura familiar crea oportunidades de empleo y, en consecuencia, de empoderamiento en las zonas más postergadas del país.

El proyecto de Yensi lleva el nombre de Asociación Productiva Cerrito San Bartolo–Langa y es uno de los 182 planes de negocio (sumado a otros 82 de gestión territorial) que el proyecto financia y supervisa en 14 distritos de la provincia de Huarochirí, lo que beneficia de manera directa a unas 1500 familias.

«Pusimos toda nuestra platita –recuerda Yensi–, unos cuatro mil soles (poco menos de 1200 dólares), y con los 16 mil de financiación que nos dieron compramos más cuyes, especialmente reproductores, pagamos asesoramiento técnico y armamos el criadero».

El cuy –cobayo en la Argentina o conejillo de Indias en España– es un roedor original de la región andina de América del Sur, nombrado así en Perú por el sonido onomatopéyico que produce. Precisamente, en aquel país es un éxito gastronómico basado en el valor nutricional de su carne, que recuerda a la del pollo o el conejo. El otro gran beneficio lucrativo es su uso en la medicina ancestral. Según la tradición, el cuy libera las malas «energías» de las personas, cura el mal de ojo y hasta el susto o espanto en los chicos. También es común que se lo pase por el cuerpo del «paciente» en una suerte de «radiografía natural» que le permite al animal «absorber» enfermedades como el asma, la pulmonía o el colesterol.

Orgullo

En Langa, a unos 60 kilómetros de la Capital, subiendo por la dificultosa Carretera Central, las oportunidades de prosperidad escasean como el agua. Por eso el objetivo del Proyecto Sierra y Selva Alta apunta a fortalecer los niveles de organización, detectar y fomentar talentos y capitalizar de manera sostenible sus activos.

Ya son unos diez los criaderos de cuyes financiados en la zona, pero también existen emprendimientos dedicados a la producción de café, miel, fruta, vinagre, artesanías y hasta turismo «vivencial», como en Antioquia, donde más de 120 fachadas de casas han sido pintadas y dibujadas por artistas locales con el propósito de convertirla en un punto de interés que ayude a recuperar su economía.

«A diferencia de Antioquia, nosotros no tenemos ingresos por turismo. En Langa hay un 50% de pobreza y un 15% de pobreza extrema. Estos proyectos nos están ayudando a que estas cifras disminuyan, pero lo más importante, permiten realizar los sueños de la gente», dice Miguel Castro, alcalde del pueblo.

El funcionario enumera los logros de los convenios firmados con el FIDA, como la creación de sistemas de riego tecnificado, la ampliación de la frontera agrícola y hasta la construcción de una tercera represa que abastezca de agua a los «patacheros», apodo que se ganaron por su afición al patache, un plato típico de la zona a base de trigo, porotos pallares, frijoles y garbanzos. «Antes –reconoce Castro– nos avergonzábamos de ser patacheros; ahora levantamos la mano con orgullo».

«Es muy fuerte ver a personas que por primera vez pisan un banco, realizar un depósito y tener una caja de ahorro. Aunque hay un monitoreo constante, ellos mismos ejecutan el presupuesto. Son experiencias bonitas e inigualables», destaca Shirley Lozano Reátegui, una de las responsables de la agencia zonal de Sierra y Selva Alta.

La idea de los incentivos financieros busca que los pobres rurales participen plenamente en el desarrollo local, con productividad y competitividad (por ejemplo, se inauguran corredores económicos en plena selva y se tiene presencia en las ferias regionales más importantes) y de esa manera mejoren sus recursos naturales y sus condiciones materiales de vida. También se operan cambios profundos en los comportamientos: se destierra el machismo –ya a nadie sorprende que una mujer sea la presidenta de una asociación– y se incentiva el amor a lo propio.

«Uno se va –dice Yensi– para mejorar su economía y estudiar, quiere progresar, pero ahora Langa tiene mucho para ofrecer y, como yo, muchos jóvenes están volviendo. No hay nada más lindo que estar en tu pueblo». «

Una Ley de Semillas que apunta a la concentración corporativa

El pasado 13 de noviembre, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados argentina logró dictamen para avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas (finalmente se postergó para 2019) y las organizaciones populares, pequeños productores, campesinos y pueblos originarios hicieron escuchar su repudio, además de alertar sobre el intento de «privatización» por parte del gobierno nacional a favor de las grandes corporaciones.

De acuerdo a un comunicado de la Multisectorial contra la Ley Bayer-Monsanto, nombrada así por la presión del mayor grupo mundial de suministros agrarios a favor de la propuesta oficial, esta ley «avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas (sin modificación genética), impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios”.

Precisamente, el punto más polémico de la normativa tiene que ver con prohibirle al agricultor la posibilidad de reservar semillas de su cosecha pare volver a sembrarlas en el siguiente ciclo.

«Esto demuestra el poder de las corporaciones, porque esta ley va en contra de la historia de la agricultura», explica Carlos Vicente, integrante de Grain, la ONG internacional que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente.

«Lo que se está imponiendo –concluye Vicente– es la concentración corporativa, y eso sólo se logra a través del dinero, capaz de comprar leyes que los amparen».

TOP TEN

Perú es el cuarto país más vasto de América Latina. En términos de población, el 54% de sus habitantes viven en la Costa, el 32% en la Sierra y 13,4% en la Selva. El nivel de pobreza afecta al 53% de los pobladores rurales, cifra altísima si se la compara con la pobreza urbana, que afecta al 16,6% de la población.

El Proyecto Sierra y Selva Alta es considerado uno de los diez mejores proyectos en todo el mundo, según la evaluación del FIDA.