Jonatan Herrera, de 23 años, fue baleado mortalmente por la policía el 4 de enero de 2015, mientras lavaba su auto, un Volkswagen Gol, en la puerta de su casa en el Barrio Tablada de Rosario, en Santa Fe. Este miércoles, la Cámara Penal, dio vuelta un fallo de primera instancia que condenaba a Ramiro Rosales, autor del disparo que mató al muchacho, a 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Ahora, los jueces consideraron que se trató de un homicidio doloso y elevó la pena a 17 años de prisión.
Pero aquel 4 de enero, Rosales no fue el único efectivo que participó del fatal operativo. Todo había comenzado unos instantes antes con un robo en una juguetería de la zona, tras lo cual agentes del Comando Radioeléctrico perseguían a un sospechoso, quien pasó corriendo frente a Jonatan que lavaba su auto. En ese momento, pasaba un colectivo urbano en el que viajaban policías de la recientemente creada Policía de Acción Táctica (PAT) y cuatro uniformados decidieron bajarse y unirse a la persecución.
Se pudo reconstruir que Jonatan intentó ponerse a resguardo y corrió detrás de un árbol pero los miembros de PAT abrieron fuego y lo mataron. En la escena se levantaron unas 50 vainas de las armas reglamentarias de los policías. Cuatro uniformados y una mujer del Comando Radioeléctrico quedaron vinculados al caso. Las pericias determinaron que Rosales disparó 11 veces, sin dar la voz de alto.
En abril de 2017, además de Rosales, fueron condenados a penas menores a casi 4 años de prisión por abuso de armas agravado los policías Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, mientras que la mujer del Comando Radioeléctrico fue absuelta. Uno meses después, en octubre, la Cámara Penal confirmó la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que cuestionó el encuadre culposo del caso, anuló el fallo y remitió las actuaciones a un tribunal de segunda instancia para el dictado de esta nueva sentencia.
Según publicó El Ciudadano, la causa derivó en una lucha titánica de su familia acompañada por la Multisectorial contra la Violencia Institucional que logró, después de ocho años, alcanzar este fallo condenatorio por parte de los jueces camaristas Gabriela Sansó, José Luis Mascali y Carolina Hernández.
“Nos falta Pichón, nos falta Maxi, Sergio, son un montón y esperemos que marque un precedente en la ciudad y que dejen de matar a nuestros pibes en los barrios. Que el Estado esté presente con políticas públicas, con educación, con salud, con vivienda, con dignidad. Eso es lo que queremos. Dejen de mandar a policías a nuestros barrios, dejen de invertir mucha plata en eso. Los pibes están en peligro, no son peligrosos”, dijo Julieta, la hermana de Jonatan tras conocer el veredicto.