Al límite, los Bomberos Voluntarios de La Matanza asistieron a un hecho histórico: los tres niveles del Estado (Nación, Provincia y el Municipio) conformaron una mesa para atender la delicada situación económica que atraviesa la entidad que, de no torcer el rumbo, ya no podría prestar servicios a la comunidad. El gesto deja entrever una política más comprometida con la realidad de los cuarteles, en donde el Estado apenas tenía un rol de administrador de recursos que generalmente llegaban a destiempo.
“Queremos terminar con esta idea de que el bombero es el bueno y el Estado el malo”, dice Virginia Laino, la directora de Bomberos Voluntarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo del destino de unos 50 mil bomberos en 982 asociaciones distribuidas en miles de cuarteles, que comprenden las 24 federaciones, nucleadas a su vez en un Consejo Nacional.
De acuerdo a la Ley 25.054, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se financia con el 5 por mil de lo recaudado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a excepción de lo percibido por seguros de vida. Además, cada cuartel recibe fondos de acuerdo a las leyes provinciales y a lo que aportan los municipios.
“Hasta aquí, la Dirección solo administraba el subsidio y distribuía el dinero. Ahora, con la gestión de la ministra Sabina Frederic, propusimos incluir líneas técnicas de desarrollo. Una está vinculada a la integración de diversidad y género. Hay 7101 voluntarias y 43 mil voluntarios”, destaca Laino, que es experta en gestión de riesgo, trabajó más de 15 años en misiones humanitarias con la Cruz Roja y fue voluntaria de Cascos Blancos.
La funcionaria subraya que se planteó “disminuir los accidentes que los bomberos sufren en la ida y vuelta de las operaciones, o durante los servicios”, tal como ocurrió hace unas semanas en Villa Crespo, donde murieron dos jefes de bomberos, aunque en esa ocasión se trató de un cuerpo profesionalizado de la Policía de la Ciudad, es decir, que cobra un salario.
Este plan estratégico contempla el acompañamiento a los bomberos que, nucleados en asociaciones civiles, tienen que cumplir con ciertos requisitos –certificados provinciales, inscripción en la IGJ y las respectivas rendiciones de cuentas- para poder recibir el mencionado financiamiento del gobierno nacional.
“Hicimos mucho hincapié –subraya Laino- en la formación, para que las rendiciones sean de calidad, porque no todos los cuarteles tienen personal para ocuparse de eso. Hubo casos de cuarteles con comisiones directivas mal gestionadas, y ante cualquier error dejan de percibir el subsidio”.
El área que dirige ya distribuyó 1.415.225.028 pesos en el primer semestre de 2020, un 64% de un total presupuestado para este año de casi 2200 millones. Como el sistema es federal, todas las asociaciones reciben el mismo monto: 1.745.706 pesos, mientras que un pequeño porcentaje se reparte entre el Consejo Nacional, las federaciones y el Ministerio de Seguridad, como ente ejecutor.
“A pesar de la pandemia, no registramos retrasos como años anteriores. La distribución de recursos fue impecable. En el gobierno de Mauricio Macri nunca pasamos de 700 asociaciones que cobraban el subsidio; ahora fueron más de 900 de las mil que presentamos”, explica a Tiempo Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, quien reconoce que algunas entidades del interior profundo del país no lograron aportar todos los requisitos.
Alfonso, que también dirige la asociación bomberil chaqueña de Quitilipi, recuerda que en agosto de 2018 debieron movilizarse al Congreso de la Nación porque “más de un 45% de los fondos que nos correspondían no habían sido incluidos en nuestro presupuesto y querían cambiar la ley para perjudicarnos”.
“Somos asociaciones civiles sin fines de lucro que nos autogestionamos. No percibimos un peso de salarios. Lo que recibimos va directo a pagarle al personal administrativo, a los cuarteleros y a la renovación del equipo, que prácticamente un 100% es importado”, describe Alfonso.
El fomento a la producción local es otro de los ejes planteados por Laino: “El fondo es para combustible, reparar vehículos y reponer equipamiento. Desde Nación impulsamos el fortalecimiento de la industria nacional, porque un traje autónomo, que tiene una vigencia de dos a tres años, cuesta unos 2000 euros”.
Ambos coinciden en que la pandemia afectó económicamente los ingresos de los bomberos, al igual que al resto de las actividades. Es que cada cuartel llega a fin de mes gracias a los subsidios pero, sobre todo, a los emprendimientos propios que pueden generar, como alquileres u otras iniciativas, como rifas y eventos.
Los Bomberos Voluntarios de La Matanza (ver aparte) acaban de tocar fondo, pero nada tuvo que ver la pandemia, sino décadas de mal manejos. La nueva comisión directiva encontró como única salvación la venta de su histórico cuartel de Ramos Mejía por un valor de más de dos millones de dólares, que apenas la daría oxígeno para una sobrevida de unos pocos meses. Nación, Provincia, el Municipio y los propios Bomberos aseguran que están trabajando para salvar la institución y que esta situación no se repita.
El histórico cuartel de La Matanza bajó el cartel de venta y apuesta a renace
Hasta los ’80, los Bomberos Voluntarios de La Matanza fueron una referencia. Llegaron ser la tercera entidad de Sudamérica y la primera del país, pero todo cambió: “A mediados de los ’90 se dejaron de pagar las cargas sociales de los empleados y comenzó un eterno déficit”, explica a Tiempo Gustavo Cid, el presidente de la asociación matancera, que se lamenta por una seguidilla de malas gestiones de las comisiones directivas e intervenciones municipales que llevaron a la institución al borde de la quiebra. “El desmanejo fue tal que por el alquiler de 19 locales comerciales y una playa de estacionamiento que tenemos en pleno centro de Ramos Mejía, prácticamente no percibimos dinero. En 2016 hicimos un plan de pagos con la AFIP de 60 cuotas por una deuda 130 millones de pesos. En febrero pagamos la cuota 38 y no pudimos más. Aún debemos unos 70 millones, entre otros compromisos”.
Sin alternativas, pusieron en venta el histórico cuartel. Pero el Municipio, Provincia y Nación les pidieron que den marcha atrás, y el diputado Sergio Massa presentó un proyecto para condonar la deuda. Representantes de los tres Estados volverán a reunirse mañana. Cid y su equipo propondrán, entre otras medidas, un financiamiento genuino a través de un porcentaje de las tasas municipales o, como pasa en otras jurisdicciones, de parte de la recaudación de los bingos.
La entidad, que gasta unos $ 5 millones por mes y genera la mitad, tiene 223 bomberos voluntarios, 42 de reserva, 22 directivos, una escuela de cadetes, seis cuarteles y 43 empleados para cubrir unos 5000 servicios al año. De las 47 autobombas, 27 están fuera de servicio.
