Esta reglamentación es una restricción de los derechos otorgados por la ley. Por eso este acto del Poder Ejecutivo me parece sumamente grave, además de ilegal. Lo que hace es limitar las modalidades de acceso al cannabis, que la ley reconoce como medicina, porque la mayoría de los pacientes accede a través del autocultivo.
Otra cuestión importante es que, a través de esta reglamentación, el Ejecutivo sigue criminalizando a las familias que cultivan cannabis con fines medicinales, contrariando lo que hicieron otros países, como Canadá, que regularon el cannabis medicinal. Es una reglamentación pésimamente redactada por el Ministerio de Seguridad, cuyo único objetivo fue excluir al autocultivo por políticas de seguridad. Para este gobierno, los pacientes que cultivan su propia medicina son traficantes.
Me pregunto qué pasará cuando alguien que se anotó en el programa reconozca que cultiva. ¿Lo van a criminalizar? Y si no lo hacen, ¿el Estado se convierte en cómplice?
Por último, las personas que se inscriban en el programa del Ministerio de Salud y quieran usar el aceite importado, que vale 300 dólares el frasco, lo recibirán gratis. Es decir que, si 100 mil personas se anotan, el Estado gastaría 30 millones de dólares de las arcas públicas aproximadamente cada dos meses, por el mero capricho de no permitir el autocultivo. Es algo insólito y que la mayoría de la gente debería saber. «
