La batalla se libra en territorio enemigo. En Pergamino, núcleo sojero de la provincia de Buenos Aires, allí donde Bayer- Monsanto tiene sus campos de experimentación transgénica, la lucha de las víctimas de las fumigaciones logró que la justicia extienda las distancias de protección, obligue al municipio a repartir bidones de agua en barrios con presencia de agrotóxicos e impute a dueños de campos y productores por encontrarlos a «prima facie» coautores penalmente responsables del delito de «contaminación ambiental en general, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos». Como si la salud deteriorada de los vecinos de Pergamino no fuera suficiente prueba para demostrar el daño provocado, un informe pericial del INTA no solo señaló la eficacia de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, al establecer la distancia de protección de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 para áreas respecto del ejido urbano, sino además recomendó “fuertemente la reducción de las aplicaciones (en dosis e intensidad) en los sistemas productivos, para disminuir la exposición ambiental de los plaguicidas”.
Desde 2011, Sabrina Ortiz, abogada querellante en la causa e integrante de Naturaleza de Derechos, viene denunciando las fumigaciones que en ella le provocaron dos ACV isquémicos, la pérdida de un embarazo y la presencia en el cuerpo (también en el de sus hijos) de glifosato y otros insecticidas en cantidades intolerables.
Su reclamo derivó en el fallo del juez Villafuerte Ruzo que suspendió la aplicación de agrotóxicos en tres barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a productores por incumplir las medidas de protección y contaminar el ambiente.
En ese marco, el informe del INTA, con firma de la ingeniera agrónoma especialista en plaguicidas, Virginia Aparicio, valoró la medida que, “con base científica proporcionó el equipo de trabajo de la investigadora Delia Aiassa una zona de exclusión de aplicaciones de 1095 metros” al considerar que “distanciar las aplicaciones de las zonas de bombeo, contribuye a disminuir la probabilidad de que un plaguicida esté disponible para ser transportado verticalmente a través del perfil del suelo y alcance el agua subterránea”.
Con respecto a los agrotóxicos encontrados en las muestras de agua, el informe explica, por ejemplo, que la atrazina “es una sustancia química disruptiva endocrina que puede causar problemas reproductivos en especies animales y está asociada a bajo recuento de espermatozoides y retraso en el crecimiento intrauterino en humanos; que el herbicida 2,4D es “posiblemente carcinogénico” y el clorpirifos “es un compuesto químico del grupo organofosforados, que se reconoce como la familia de plaguicidas más tóxica para las especies, incluido, los seres humanos”.
El documento científico concluye que “esta población (en referencia a los barrios de Pergamino) está expuesta a niveles más altos de plaguicidas que los residentes que no viven cerca de tierras agrícolas”.
Por último, el informe pericial “recomienda fuertemente la reducción de las aplicaciones (en dosis e intensidad) en los sistemas productivos, para disminuir la exposición ambiental de los plaguicidas” y destaca que “es posible producir cultivos extensivos aprovechando en mayor medida los procesos naturales y las interacciones beneficiosas, para reducir el uso de insumos y mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas”.
