La estructura actual de la educación inicial, primer nivel del sistema educativo, fue definida en 2006 por la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), que lo reconoce como una unidad pedagógica para los niños de 45 días a 5 años inclusive. Desde 2014, las salas de 4 y 5 son obligatorias, y el Estado nacional y los provinciales asumieron el compromiso de universalizar la oferta para los niños de 3 años (Ley N° 27.045). Sin embargo, persisten fuertes disparidades en el acceso según la edad, el tipo de contexto territorial, el nivel de ingresos de las familias y el sector de gestión. Además, no existen articulaciones entre la oferta del sector educativo y las otras instituciones que trabajan con la primera infancia.

Esta es la radiografía que ofrece el informe titulado “Mapa de la Educación Inicial en la Argentina”, elaborado por UNICEF y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con datos recabados entre 2017 y 2019. “El mapa federal que presentamos contribuye a identificar los avances y desafíos para garantizar el derecho a la educación en la primera infancia. La universalidad de la sala de 5 y el cierre de las brechas en sala de 4 son logros importantes de los últimos diez años. Todavía persisten grandes inequidades en el acceso, en el currículum y en los equipos docentes. Es necesario profundizar y potenciar una agenda educativa e intersectorial para los más chicos”, asegura Alejandra Cardini, directora del Programa de Educación de CIPPEC.

La oferta de jardines no oficiales, espacios de primera infancia y otras iniciativas comunitarias comprende entre el 10 y el 20% de la asistencia total de los niños de 3 y 4 años a instituciones de crianza, enseñanza y cuidado, con importantes variaciones entre jurisdicciones y según las edades. Es el caso de los Centros de Primera Infancia (CPI), pensados para los sectores más empobrecidos, y que actualmente el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta computa como matrícula equivalente a la de jardines de infantes.

Según explica la licenciada en Educación y legisladora del FIT Laura Marrone, «este trato discriminatorio de los más vulnerados, que son apartados de los jardines públicos sin distinciones de clases sociales, contribuye a la cristalización de la fragmentación social desde la primera infancia»

Una primera disparidad en el acceso está dada por la edad de los niños. La sala de 5, obligatoria desde 1993, se encuentra prácticamente universalizada en todo el país. La de 4 se ha expandido de manera sostenida, y el acceso a la de 3 también se ha ampliado, aunque en menor medida. Entre 2010 y 2016, las tasas de matriculación de las salas de 4 y 3 pasaron del 73% al 85% y del 36% al 41%, respectivamente. Sin embargo, no ha crecido la cobertura para los niños de 2 años, que para todo el país se ha mantenido en un 4 por ciento.

Una segunda disparidad es la territorial, que evidencia las diferencias entre jurisdicciones. Así, mientras en algunas provincias la cobertura para niños y niñas de 4 años alcanza niveles cercanos a la universalidad (Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz y Córdoba), en otras poco más de la mitad de los niños de esa edad asisten al jardín de infantes. Las disparidades interprovinciales son aún más marcadas en las salas de 3 años: en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la cobertura es del 65% y el 59%, respectivamente, pero en otras jurisdicciones el acceso al sistema educativo en este grupo de edad no logra superar el 10 por ciento.

En la Ciudad, según los datos obtenidos por Tiempo, de un total de 65.787 alumnos que en 2019 solicitaron vacante en el nivel inicial a través del sistema de inscripción online, sólo fueron asignadas 26.108, es decir, apenas el 39,69% del total de las reclamadas. En este nivel quedaron 11.883 chicos en lista de espera.

Por otro lado, la asistencia a establecimientos educativos varía según el nivel socioeconómico de los niños. Entre los niños de 4 años, por ejemplo, un 96% de los que pertenecen a hogares de ingresos más altos, acceden a la educación, mientras que sólo el 83% de los más pobres lo hacen. A los 2 años, la brecha es aún mayor: la tasa de asistencia de los sectores más prósperos es del 53%, pero entre los más vulnerables, sólo 4 de cada 100 niños asisten a una institución de crianza, enseñanza y cuidado.

“Hoy es clave profundizar y acelerar la articulación para avanzar en el diseño de políticas públicas para la primera infancia que partan de una mirada integral del niño y de un principio de equidad, es decir, que garanticen a todos los niños, sin importar su origen social o geográfico, el cumplimiento de sus derechos. Avanzar en esta dirección requiere respaldo presupuestario y asegurar la inversión. El financiamiento de las políticas educativas y de primera infancia no puede estar sujeto a los vaivenes de la economía, sino que debe constituir una política de Estado sostenida en el tiempo. Solo así será posible romper con las desigualdades territoriales y socioeconómicas que existen hoy en la Argentina y que afectan las oportunidades y el futuro de todos los niños y niñas”, asegura el informe de UNICEF-CIPPEC.

*Artículo realizado en el marco de las prácticas profesionalizantes de Tiempo y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).