Un trabajo realizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero dio cuenta que las condiciones de las cárceles empeoraron desde 2013: presentando un mayor hacinamiento y un gran deterioro en las condiciones de encierro. El crecimiento de la población se debe sobre todo a delitos vinculados por drogas. Así se desprende de una encuesta realizada a más de 1000 personas privadas de su libertad en cárceles nacionales y de la provincia de Buenos Aires.
El informe denominado “Población privada de libertad en Argentina: un análisis comparado en perspectiva temporal 2013 – 2019” fue elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) que está orientado a la investigación académica y a la generación de conocimientos para contribuir, enriquecer y potenciar el debate local y regional sobre temas de inseguridad, violencia y delito desde múltiples perspectivas.
El estudio especifica que la población carcelaria tanto en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se incrementó en 18.000 personas en este período. Sin embargo, el número de plazas reales, creció menos de la mitad. La tasa de sobrepoblación (el número de internos por plazas disponibles) en el SPF es de casi 8% mientras que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires supera el 40%.
Los investigadores argumentaron que el significativo incremento de la población carcelaria se debe fundamentalmente a la política de encarcelamiento de infractores a las leyes de drogas ilícitas. Del informe también surge que la mayoría de estos infractores ocupan los estratos bajos en el negocio del narcotráfico.
Por otro lado, se establece un alza moderada en los niveles de violencia en los delitos cometidos y los internos manifiestan haber tenido un relativo fácil acceso a armas de fuego.
Tal como plantean diferentes organismos de derechos humanos, la profundización del hacinamiento en los lugares de encierro coincide con el avance de las normativas que establecieron la flagrancia.
“Los procesos de detención y juicio han mostrado algunos cambios en los últimos seis años. El más destacado es el creciente uso del proceso de flagrancia inaugurado en 2017. Aproximadamente la mitad de los internos admitidos entre 2017 y 2019 en estas jurisdicciones fueron procesados por flagrancia y los niveles de corrupción en la detención y en el proceso judicial son relativamente bajos y no han empeorado entre 2013 y 2019”, puntualizaron.
El informe de la UNTREF concluye que el sistema penitenciario presenta “deficiencias” a la hora de rehabilitar o reinsertar socialmente a los presos, tras analizar la calidad de los servicios de alimentación, salud, el régimen de visitas y los programas educativos, laborales y terapéuticos.
Más presos por narcotráfico y menos por robo
La cantidad de personas privadas condenadas por vender o transportar drogas fue en aumento. De acuerdo al estudio, en 2013 el porcentaje de internos por este tipo de delito era del 7.7%, mientras que en 2019 fue del 18.4%. Según los autores, “el encarcelamiento de estos individuos crea un doble problema de política pública: por un lado el estado encierra y gasta innumerables recursos para incapacitar y aislar a muchos vendedores o a las denominadas mulas. Por otro lado, estos detenidos son reemplazados por otros sin que la oferta de drogas haya disminuido”. Dicho de otra manera, los grandes narcotraficantes no suelen ir presos.
El informe también muestra que disminuyó la proporción de quienes están detenidos por robo (de 53,9% a 42,2%) y por homicidio (de 21,2% a 13,9%). Entre otros datos, el estudio estableció que por ejemplo que la institución penitenciaria sólo le proporciona ropa al 0,3% de los detenidos; respecto a la cantidad de camas, mientras en el año 2013 un 91,6% afirmaba que “todos en la celda tienen una cama”, esta proporción se reduce a un 57,7% en el 2019. No obstante, se aclara que este notable retroceso se observa principalmente en el SPB, mientras en el SPF la situación permanece casi invariable.
Otro dato relevante es que casi el 6% de la población carcelaria es femenina. Mientras que en 2013 en estas dos entidades había 1879 mujeres privadas de su libertad, en 2019 eran 2637, un crecimiento de 40% en solo 6 años.
En cuanto a la reincidencia el número se mantiene constante entre 2013 y 2019, aunque en términos absolutos crece. Aproximadamente, 4 de cada 10 internos habían pasado por una cárcel o había estado internado en un centro de menores infractores.
Un dato preocupante es que ha crecido la proporción de internos que dicen haber herido o matado a alguien en el delito por el cual se lo condenó, cerca de un tercio de los presos participaron en delitos extremadamente violentos. A su vez, según el informe en promedio los inmigrantes recurren menos a los delitos violentos, son menos reincidentes, y los delitos que cometieron han producido menos daños físicos.
En el año 2019, la mitad de los individuos privados de libertad tiene 33 años o menos. En relación al año 2013, se percibe un ligero incremento en la edad de la población carcelaria. La mayoría tiene pareja e hijos, éstos en mayor proporción en el año 2019, pero se observa una menor proporción de madres y padres adolescentes.
Por otro lado, se observa un leve aumento del nivel educativo de los individuos privados de libertad: en el 2019, un 5,7% de personas tiene terciario o universitario, mientras en el 2013 esta proporción se reducía un 3,5%, además se destaca que el nivel educativo de los presos es más bajo que el de la población general.
Si bien una gran proporción de los individuos privados de libertad ha atravesado infancias hostiles, un 63,2% proviene de hogares no violentos, donde no se observaba un consumo frecuente de drogas o alcohol (67,1%). Asimismo un 66,8% de los individuos no se fue de su casa antes de los 15 años, así como un 62,5% no ha tenido ningún familiar en prisión. En esta línea, en la encuesta se observa que los individuos privados de libertad en el año 2019 han tenido infancias más contenedoras en relación a los individuos detenidos en el año 2013.
