Un fiscal federal pidió el sobreseimiento de cinco mujeres trans acusadas de infringir la ley de estupefacientes, por considerar que por su identidad de género viven en una situación de extrema vulnerabilidad y falta de acceso a derechos básicos. Además, pidió se lleve a juicio al encargado del hotel donde tenía lugar el narcomenudeo. Y que se investigue si existe una organización criminal que utiliza a mujeres trans en situación de vulenrabilidad para comercializar drogas.
El dictamen lleva la firma de Franco Picardi, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5. En sus casi 50 páginas, a las que tuvo acceso Presentes, cita a Judith Butler (“Como un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas”) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero también incluye muchas referencias a investigaciones de las propias organizaciones LGBT+ que dan cuenta de las condiciones de vida del colectivo travesti-trans. Entre ellas, un seguimiento realizado por Otrans, que investigó las causas de personas detenidas en la vía pública por infracción a la ley de estupefacientes.
“Mientras solo el 3% de la población total privada de la libertad en el Servicio Penitenciario Bonaerense es extranjera, la población de mujeres trans y travestis extranjeras representa el 85% de la población total de mujeres trans y travestis privadas de su libertad. Aquí se evidencia el impacto de la doble discriminación”, dice ese seguimiento de OTRANS, citado en el dictamen.
Para el fiscal Picardi, que sean trans y migrantes las convierte en blanco de “perfilamiento y acoso policial”. Cita diversas fuentes que prueban esto. A contramano de lo que suele ocurrir en la Justicia (con excepción del fallo por el travesticidio de Sacayán), analiza los sobreseimientos solicitados a partir de la vulnerabilidad del colectivo travesti/trans y desde una perspectiva de género. “Considero que el contexto y la dimensión construida del género autopercibido de las mujeres procesadas, incide directamente -como más adelante se explicará- sobre la imputación que pesa sobre ellas”, expresó en el escrito.
Y agrega: “Si bien la investigación en etapa de instrucción ha acreditado que “las mujeres investigadas ejercían la prostitución y, además, comercializaban estupefacientes al menudeo en las condiciones y circunstancias antes mencionadas . Ello, poniendo especial atención en que las nombradas son mujeres trans e inmigrantes. Es decir, forman parte, de por sí, de un grupo poblacional de extrema vulnerabilidad”.
“No puede pasarse por alto que la historia de rechazo y expulsión de estas mujeres -que a su vez fortalecen el sistema de dominación existente y las identidades hegemónicas- incide de manera notoria en su imputación y, bajo tales parámetros, considero que dicha circunstancia me permite comprender el principal motivo que las llevó irreversiblemente al lugar en el que se encuentran en la actualidad”, escribió Picardi en el escrito presentado el 9 de abril. Que también recoge cómo el trato que se da a las trans acusadas muchas veces viola su identidad de género.
“Tres de estas mujeres tienen antecedentes vinculados con infracción a la ley de estupefacientes e incluso han estado detenidas por este motivo, lo que permite vislumbrar palmariamente el nexo existente entre ser mujer trans y leyes que son utilizadas para criminalizar a esta población de forma recurrente”, señala el fiscal. Y considera que “corresponde que el Estado, por un lado, aborde el fenómeno criminal analizado apuntando a su complejidad y los eslabones más altos de la cadena, de modo de atacar el problema estructural. Y al mismo tiempo, ofrezca alternativas no punitivas al colectivo trans para el desarrollo libre de su identidad y el pleno ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales que puedan modificar su vulnerabilidad frente a estas redes criminales que se valen de una penosa situación para obtener un rédito ilícito”.
No sólo pide que las sobresean y liberen a todas, sino que solicita se “le otorgue intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas de la Procuración General de la Nación (DOVIC), para que asista a las cinco trans”. Y también pide que se solicite a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “que extienda un acompañamiento a las nombradas, para que se las incluya dentro de los programas integrales que ofrece dicha área (tales como inserción integral laboral, salud, etc)”.
Los hechos que se investigaron
La investigación empezó a partir de una denuncia anónima acerca de venta de estupefacientes a baja escala en el barrio de Constitución. La presentó en octubre de 2017 la Dirección Autónoma de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad. La investigacón encontró a un grupo de mujeres trans que sobrevivían de la prostitución en inmediaciones de un hotel. En el interior se concretaba la venta de estupefacientes. En las cercanías de otro hotel, a 100 metros, pasaba algo similar. En diciembre de 2018 los dos hoteles se allanaron, junto con una vivienda particular. Las pericias determinaron que las sustancias incautadas eran de baja pureza. A partir de esto cinco mujeres trans -cuatro provienen de Perú y una de Tucumán- fueron procesadas. Cuatro de ellas están en libertad pero una continúa detenida por no haber podido dar un domicilio fijo, punto que también es cuestionado por este dictamen.
Repercusiones
“El pedido del fiscal es coherente y va en la misma dirección de las denuncias realizadas por OTRANS ARGENTINA a organismos internacionales de Derechos humanos como la ONU, donde damos cuenta de los armados de causas, detenciones arbitrarias vejaciones torturas y muertes de femenidades trans y travestis en situación de encierro, y como esto se potencia con las trans y travestis migrantes del cono sur”, dijo a Presentes Claudia Vasques Haro, presidenta de la organización.
La activista Alba Rueda, de Mujeres Trans Argentinas, consideró que se trata de un “dictamen innovador, que da cuenta de la violencia estructural”. Pero, advierte, “es una mosca blanca dentro del sistema judicial. Citar a Butler, a Zaffaroni y hablar de las condiciones de vulnerabilidad de las compañeras, citar informes de la militancia LGBT+, es algo que no encontramos en la justicia. En el punteo que hace el fiscal se ve claramente cómo nos trata el sistema judicial. Por ejemplo, cuando cita la declaración policial que hace referencia a un travestido”.
“Traer nuestros estudios de militancia a un dictamen es algo nuevo para el sistema judicial. Pero es una excepción. Lo que estamos viviendo son políticas de criminalización a partir del narcomenudeo. Estamos viendo cómo se llenan los calabozos en la Ciudad de Buenos Aires y en el penal de Ezeiza con aplicación de estas leyes”.
Rueda dice que a partir de la ley de identidad de género, “ya no nos pueden criminalizar por eso pero sí por esta normativa con el narcomenudeo. En el penal de Ezeiza, la mayoría de las chicas trans y migrantes están procesadas por esto y sin sentencia. Nadie presta atención a esta desigualdad estructural. Y ahora que pasó a la órbita de la Ciudad, (a partir de enero) se criminaliza a la pibas por esto, se corta el hilo por los sectores más vulnerables.
“Con este dictamen, la justicia aplica por primera vez una perspectiva desde los derechos humanos de las travestis y trans. Tiene en cuenta el impacto diferenciado que tiene la ley de estupefacientes sobre esta población. No se centra en si encuadra o no en el delito, sino en la situación de vulnerabilidad que impide apegarse a la norma”, valoró Greta Pena, -desde Cien por ciento Diversidad y Derechos-. “En la mayoría de estos casos, que son más del 70% de las mujeres trans detenidas, la justicia deja caer su peso en ellas que son el eslabón más débil de la cadena, y no investiga ni a la organización criminal ni a las fuerzas de seguridad”. Para ella, “es un orgullo ver cómo el fiscal cita las leyes conquistadas y las estadísticas e informes de la organizaciones LGBTI argentinas. Esto también es gracias a la ley de identidad de género”.
