En un contexto de protesta social constante, un el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca aseguró que no constituye delito la interrupción del transporte ferroviario. Esto se conoció luego de que vecinos interrumpieran el servicio ferroviario durante casi una hora en reclamo de seguridad y contra la amenaza de quienes querían tomar sus casas para comercializar estupefacientes.
De Luca coincidió con el Juzgado Federal en lo Criminal número dos de San Martín que sobreseyó a Josefina Acosta quien, junto a otros manifestantes, hicieron un corte de vías del ferrocarril Belgrano a la altura de la calle Rawson, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. De Luca consideró que fue un grupo desorganizado de pocas personas, y que se trataba de vecinos que sólo querían reclamar seguridad para sus familias, desarmados y que no efectuaron ningún disturbio con ánimos de dañar a terceros o a sus bienes. En su dictamen el fiscal destacó que los manifestantes simplemente deseaban captar la atención de los medios de comunicación a fin de que las autoridades den respuesta rápida a su reclamo.
El representante del Ministerio Público evaluó que si quienes participan de manifestaciones públicas se remiten a reunirse, gritar, cortar calles o rutas, exhibir pancartas o banderas, y lo hacen de manera pacífica a las mismas se las debe catalogar como conductas expresivas.
Para De Luca no se trató de un piquete como medio para cometer otros delitos, como extorsiones a autoridades o a particulares sino una protesta como conducta claramente expresiva en reclamo del pleno goce del derecho de propiedad.
El fiscal destacó, además, que los manifestantes habían dado aviso a los empleados del ferrocarril y que estos se encargaron de avisar a la empresa para que disponga la interrupción del servicio. Es decir agregó- no se dio la circunstancia de estar el tren en movimiento y que la gente a bordo y otras personas y bienes corrieran peligro.
