Cuando pensamos en temas como los relacionados con las acciones de «justicia por mano propia», debemos recordar siempre lo siguiente: el Estado argentino es, desde hace años, responsable por la comisión de graves faltas, que lo colocan en una posición difícil de defender en esta materia. Es responsable por la situación de inseguridad que se vive, y que afecta en particular a los sectores más vulnerables de la sociedad; es responsable por las circunstancias de grave injusticia social, explotación económica y marginación institucional que afecta a amplias porciones de la población; y responsable además ante nosotros por su incapacidad de asegurar un juicio debido para todos, aun para quienes cometen las más serias faltas. Se trata de incumplimientos y ofensas que no son sólo de orden moral, sino también legal, dado que se corresponden con acciones y omisiones de los deberes a que está obligado por razones de naturaleza constitucional. Se trata, por supuesto, de faltas que llevan años, y que hacen responsable a buena parte de la dirigencia política y empresarial del país.
Pero, en todo caso, dichos fracasos ponen a las actuales autoridades en una situación de particular vulnerabilidad: les toca a ellas asumir su responsabilidad mayúscula, en lugar de apresurarse a señalar las faltas de los restantes.
Por ello mismo, resulta inaceptable que muchas de las principales autoridades del momento realicen declaraciones públicas como las que hemos conocido en los últimos días, ya sea tratando de definir quiénes son las «verdaderas víctimas», ya sea pidiendo amparo impune para quienes han hecho justicia por su cuenta.
Necesitamos un Estado que se haga cargo pronto de su responsabilidad, que es mayor, en lugar de involucrarse tan liviana e impropiamente en asuntos tan graves. «
