“La DEA ata todos los cabos sueltos”, resumió un especialista en narcotráfico y seguridad consultado por Tiempo acerca de la resonante detención de Esteban Íbar Pérez Corradi y, en paralelo, respecto del asesinato de dos colombianos ocurrido en Unicenter en 2008, por el que se pidió el encarcelamiento del ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, acusado de tener en su poder una de las armas homicidas.
Según varios expertos, la suerte de los sospechosos de narcotráfico depende de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. A través de las charlas con sus abogados, que ellos mismos se encargaron de hacer públicas, quedó claro que Pérez Corradi se niega a ser extraditado a la Argentina porque dice no tener “garantías de un juicio justo y de seguridad referentes a mí y a mi familia», según sus propias palabras. Antes, el supuesto instigador del triple crimen de General Rodríguez, por el que están condenados a perpetua los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, quiere tener resuelta la situación de filiación con sus dos hijos nacidos en el extranjero: uno en Brasil y otro en Paraguay, donde finalmente cayó preso el domingo pasado.
«Si me entrego va a ser en Paraguay o en otro lugar, porque van a tener injerencia Estados Unidos u otros países sobre mí, así no quedo a disposición de Argentina”, precisó en un mensaje de audio enviado a uno de sus defensores, donde afirma que estaba en Buenos Aires. No hay mayores precisiones de cuándo es el audio ni quién fue el destinatario, pero todo indica que fue enviado por Pérez Corradi y recibido por su cuestionado abogado, Carlos Broitman (ver aparte), quien dejó de hablar con la prensa desde ese momento.
Uno de los expertos en narcotráfico que dialogó con este diario y que hoy está enrolado en las filas del macrismo sostuvo que Pérez Corradi “se tomó la delicadeza de ir a la Triple Frontera para ser apresado, cuando se movía a sus anchas por los countries de Asunción, Brasil y Argentina”. La fuente sostuvo que “de una u otra manera, la DEA está metida. Negocia constantemente con los actores. Utiliza la misma lógica que el Departamento Estado usa para el narcotráfico o el terrorismo”, y ejemplificó: “Fortalecen a un grupo para destruir a otro y luego hacen lo mismo con otro sector más débil para socavarle el poder al que ya habían ayudado antes”.
“La misma lógica que usaron para Saddam Hussein, reemplazado por Osama Bin Laden y luego por Isis, la usan con los cárteles mexicanos y colombianos. Se sientan de los dos lados del mostrador”, precisó un ex legislador con amplios conocimientos en el tema. “En esta dinámica resulta inevitable que para obtener información haya infiltrados, los cuales nunca son confiables”, continuó.
Un ex funcionario de la Secretaria de Inteligencia recordó que Julio César Posse, ex agente de la SIDE y de la DEA, “puede ser clave para entender este funcionamiento. Él era uno de los custodios de Sebastián Forza y fue quien lo vinculó con Pérez Corradi, entre otros personajes de ese ambiente”.
El ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, ya había quedado ligado a la causa del triple crimen cuando a principios de año se fugaron del Penal de General Alvear los condenados por esa matanza. Su domicilio fue uno de los allanados en los múltiples procedimientos que se realizaron para dar con el paradero de los prófugos o de los cómplices que le dieron cobertura.
Si bien fue rápidamente desvinculado del caso, los investigadores secuestraron de su casa de Quilmes un arsenal. Resulta que una de esas armas, una pistola italiana Tanfoglio calibre 40, fue peritada y ahora se sabe que coincidiría con la utilizada para matar a los dos colombianos en el estacionamiento del shopping de Martínez. “El tercer colombiano que estaba ese día y se salvó de milagro, Julián Andrés Jiménez Jaramillo, luego brindó información y abandonó el país. No hay dudas de que la DEA lo permitió”, resumieron las fuentes.  «

Un abogado cuestionado

Esteban Pérez Corradi no es el primer detenido que defiende el abogado Carlos Broitman que puede terminar siendo extraditado a Estados Unidos. El colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff tuvo ese destino y esa misma senda transita Henry de Jesús López Londoño, más conocido como «Mi Sangre», por mencionar algunos de los clientes de Broitman, quien a fines del año pasado quedó en el ojo de la tormenta cuando el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, fue separado preventivamente de su cargo, acusado de encubrir y proteger una red de narcotráfico.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense corrió de su cargo a Novo en noviembre, luego de que éste hubiera sido denunciado por el fiscal Luis Angelini por obstruirle las investigaciones del doble crimen del Shopping Unicenter, donde murieron acribillados los colombianos Héctor Duque Ceballos y Jorge Quintero Gartner, y del asesinato de su cóterraneo Juan Sebastián Galvis Ramírez, masacrado poco después en San Fernando.
La clave para que avance el juicio político contra Novo es que la esposa de Broitman, Mariana Busse, quien había sido secretaria del fiscal general, renunció para acompañar a su marido como defensora de los hermanos Juliá (también investigados por Angelini en la causa de los crímenes de los colombianos). Luego, la mujer volvió a la justicia, pero sin apartarse de estas investigaciones en las que tenía un claro conflicto de intereses..

Drogas

“La política nunca problematizó si estaba bien o mal un acuerdo institucional con la DEA. Esto pasó los últimos 20 años. Está naturalizado que hay que negociar con ellos”, dijo una de las fuentes consultadas.