Organismos de Derechos Humanos querellantes en juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar denunciaron el miércoles 15 de marzo que esos procesos están en «franco retroceso». Señalan juicios parados y demoras, fundamentalmente en las causas que tiene imputados a empresarios, miembros del Poder Judicial y acusados por hechos previos al golpe de Estado de 1976. Los números del último informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad van en el mismo sentido: advierten que desde 2014 se viene produciendo una baja en el ritmo de las sentencias dictadas anualmente, que alcanzaron un pico de 25 por año en 2012 y 2013. La tendencia a la baja se mantiene: en diciembre pasado se habían dictado 19 sentencias y en lo que va de 2017 se sumaron solo dos, y juntas apenas superan por una a las del último año de la presidencia de Cristina Fernández. Esa pereza procesal es correlativa con el desmantelamiento de áreas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el gobierno de Cambiemos consolidó a lo largo de 2016. Todo se da en el contexto de una avanzada discursiva impulsada desde sectores del gobierno nacional que es negacionista respecto del genocidio que vivió el país entre 1976 y 1983, a la que los organismos responderán con la consigna que este viernes, cuando se cumplan 41 años del golpe, llevarán a la Plaza de Mayo: «Este 24 de Marzo, todos a la Plaza. 30 mil detenidos-desaparecidos, presentes. Son 30 mil».
En el Poder Judicial saben leer el clima político. Y pese a que el año pasado hubo sentencias importantes como la del juicio por el Plan Cóndor y del centro clandestino La Perla, la condena al empresario de la Veloz del Norte, Marcos Levin, y este año el procesamiento del exjefe del Ejército, César Milani, la dinámica de los juicios por crímenes de lesa humanidad, está en retroceso. «Hay un colapso en lo que significa la política de Memoria, Verdad y Justicia en lo relacionado con las causas judiciales a partir de que también hay un problema en el propio Poder Judicial; hay juicios que no se hacen porque faltan jueces, es un déficit estructural», analizó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
«No hay un pronóstico auspicioso», señaló Auat. Lo que hay son consecuencias concretas. En La Plata el juicio a la patota paramilitar CNU sufrió tres demoras y está a la espera del debate: la última vez fijaron el 15 de mayo. En Rosario, la causa Feced III (155 víctimas y 14 imputados, entre ellos un capellán de Policía) debía comenzar la semana pasada, pero fue reprogramado para junio.
El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, advirtió que el principal problema lo encuentran en la Cámara de Casación, puntualmente en las
Salas I y III. «Vimos retrocesos muy notorios.
Estamos ante un escenario en el que empiezan a aparecer criterios muy peligrosos para el resultado de los juicios, y profundizando una línea que en Casación ya se veía desde el caso de Carlos Blaquier. Lo que vemos es que admite recursos que son improcedentes y no solo ya para paralizar causas, sino ahora también para evitar que lleguen a juicio. A la Corte le estamos pidiendo que revisen esos criterios», dijo.
«La cuestión discursiva no es menor», analizó la abogada querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, Guadalupe Godoy. «Los discursos negacionistas como el de (Darío) Lopérfido y (el excarapintada, Juan José) Gómez Centurión van acompañados de políticas frente a los juicios a las que los jueces son muy permeables, entonces tenemos un retroceso severo en las causas», agregó. Y recordó que ese proceso es acompañado desde los organismos del Estado donde «la lógica de funcionamiento de los funcionarios actuales en DD HH son más parecidas a la de un defensor de represores que a las de un fiscal».
Cifras
Las seis condenas de esta semana en la causa Colegio Militar y las 11 de principio de mes en Jujuy sumaron otros 17 condenados a los 733 que había en diciembre pasado, según el informe de la Procuración. Hoy son 750 represores con condena. Pero en lo concreto, durante el macrismo la cantidad de sentencias profundizó su caída.
Esta tendencia comenzó en 2014 y se profundizó el año pasado: menor cantidad de sentencias y menos sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones en arresto domiciliario. Aunque se inician nuevas investigaciones, solo se elevan pocas a instancia de juicio y aun así la etapa de debate no llega mientras que casi el 50% de las causas en instrucción se sostiene desde hace años. Los datos dan cuenta de que en diciembre de 2016, la cantidad de procesados en libertad es mayor que la de procesados con prisión preventiva (libres: 1141; detenidos: 1052).
La discusión sobre Miguel Etchecolatz en 2016 dio cuenta del incremento de la tendencia de los tribunales a otorgar las prisiones domiciliarias. «Hay más con domiciliarias que en cárceles: 519 en arresto domiciliario mientras que 460 en cárceles del servicio penitenciario», señala el informe de la Procuración. La preocupación de las fiscalías y querellas es el control de esas domiciliarias, que quedó en manos del patronato de liberados pese a que no es su función y carece de recursos. «
Dos sentencias y una detención de alto perfil
En lo que va de 2017 la Justicia emitió dos sentencias: el 15 de marzo el Tribunal Oral N° 1 de San Martín condenó a prisión perpetua a los exmilitares Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone, y a penas de tres a 15 años para otros cuatro en la causa «Colegio Militar»; el 2 de marzo, el Tribunal Federal de Jujuy condenó a 11 policías y militares por crímenes de lesa humanidad en la causa Almas Rojas, por el asesinato de militantes del PC. Pero la detención del exjefe del Ejército, César Milani, concentró toda la atención desde el viernes 17 de febrero, cuando el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena ordenó esa medida luego de indagarlo por los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón en 1977 y por el de Verónica Matta en 1976.
El viernes 3 de marzo, Fernando Poviña del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán también lo procesó pero sin prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición del conscripto Alberto Ledo.
Este jueves el exjefe máximo del Ejército fue trasladado al Complejo Penal de Ezeiza, donde permanecerá preso. En su caso, todos los recursos fueron desestimados por la Justicia. El proceso de ralentización judicial en las causas por delitos de lesa humanidad agregó una pátina de oportunismo político al encarcelamiento del último jefe militar del kirchnerismo. El esmerilado fue injusto con las víctimas. «Es por la lucha de las víctimas que lo denunciaron aun en dictadura, como hizo Olivera, que está preso Milani. Más allá de que al gobierno le sirve políticamente, es un logro nuestro y lo que a nosotros nos importa es que esté preso», explicó Gabriela Schaller, militante de DD.HH en La Rioja y familiar de víctimas de la dictadura.
