Tres de cada cuatro personas LGBTIQ+ que viven en América Latina, sufrieron al menos una situación de acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral en el último año. Así lo refleja la primera encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral realizada por numerosas organizaciones del continente, con el apoyo de con el apoyo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de ONUSIDA.

La encuesta, respondida por 1584 personas entre el 29 de mayo y el 16 de junio de este año, demuestra las realidades que viven habitualmente en sus sociedades: el 37,2% reconoce haber sufrido alguna de estas situaciones por su orientación sexual y/o identidad de género. Y asciende a 74% cuando se pregunta sobre un listado de experiencias vividas en el último año, entre las cuales figuran la violencia simbólica, violencia institucional, violencia sexual, acoso y violencia física.

“Nos importa que se puedan visibilizar las situaciones de discriminación y puedan salir del silencio”, apuntaron desde MSN Uruguay, que encabezó el trabajo junto a Nodos de Argentina, Integra Diversidade de Brasil, Sentiido de Colombia, Nodos México y MSN Consultorías de Uruguay, acompañadas por 35 organizaciones de toda la región.

El estudio señala que los principales responsables de dichas situaciones son: los compañeros del mismo equipo (33%) y los jefes o jefas (23,8%). Además, estas violencias son ejercidas tanto por varones como por mujeres. “Necesitamos saber cómo se sienten y son tratadas las personas LGBTIQ+ en sus lugares de trabajo en cada país de América Latina, tanto como analizar los datos desde una perspectiva regional”, remarcaron desde Integra Diversidade de Brasil.

Un problema central es cómo la violencia en una relación de poder obliga al silencio de la víctima, o hasta se naturaliza. El 86,3% no realizó la denuncia, y cuando se indaga en los orígenes se evidencian tres causas: porque la persona no consideró relevante efectivizar la denuncia; porque no hay confianza en el mecanismo que la organización dispone para realizar la denuncia; o por temor a represalias o consecuencias negativas que las personas denunciantes pudieran recibir.

Sentiido de Colombia analiza que “la inclusión y la discriminación laboral se deben abordar no solo desde cuántas actividades haga una compañía: también hay que escuchar las voces de las personas que se identifican como LGBTQ y quienes son las principales receptoras de las políticas y la cultura empresarial. Estos datos son un recurso fundamental para que las compañías sean más conscientes de los resultados de sus políticas”.

El 35% de las personas encuestadas refirieron que sus espacios laborales cuentan con políticas o programas en esta temática, pero sólo el 25% se siente representado por ellas. «Contar con datos que visibilizan estas vivencias de las personas LGBTIQ+ nos ayudará a promover que las organizaciones realicen programas más efectivos, y adecuados para eliminar estas situaciones que vulneran los derechos humanos», comentaron desde Nodos de Argentina.

En nuestro país avanza desde la semana pasada el proyecto de Ley Laboral de Cupo Trans, el sector LGBTI que más sufre la violencia cotidiana. La norma, avalada por seis bloques en el Congreso, propone que el 1% de los empleos de la administración pública nacional sea destinado a personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. como ya ocurrió en provincias como Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe, donde es del 5%, y en universidades, desde la de Mar del Plata hasta la de Comahue. El cupo fue una iniciativa de la líder travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán. Logró que se apruebe en septiembre de 2015 en la Provincia de Buenos Aires (donde recién se reglamentó a fines del año pasado). Un mes después fue asesinada en su departamento del barrio de Flores.

De acuerdo a un informe de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTTA) y Fundación Huésped de 2014 (el último registro que se realizó hasta el momento), sólo el 18% de las personas travestis y trans tuvieron acceso a trabajos formales. La gran mayoría, excluidas de sus familias y del sistema de educación formal, recurre al trabajo sexual para la subsistencia. «Por lejos, las personas travestis y trans son la que más sufren. Más de un 80% de las denuncias por violencia o discriminación nos llegan de ellas –aporta César Cigliutti, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA)–. Entre un 60 y un 70% son migrantes, carecen de DNI y no están formalizadas en ningún registro. La mayoría en situación de prostitución, y no es un empleo como cualquier otro. Son miles que por ese trabajo terminan acuchilladas o descuartizadas».

En los últimos años recrudecieron hechos de represión de las fuerzas de seguridad, avalados por las propias autoridades. El 6 de marzo, la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó el protocolo LGBTI+ elaborado en su momento por la titular de la cartera durante el macrismo, Patricia Bullrich, que criminalizaba a la diversidad sexual y de género y la estigmatizaba como un grupo de población peligroso. Las organizaciones apuntaron que la norma represiva, «que se dictó bajo el pretexto de adecuar los protocolos de actuación las Fuerzas policiales y de Seguridad a estándares internacionales de Derechos Humanos», tenía como principal objetivo ampliar las facultades policiales para realizar requisas y detenciones sin orden judicial «y orientó hacia lo contravencional el accionar policial contra un grupo sexual históricamente perseguido, que lejos de ser perseguido debe ser protegido». En su lugar, el Ministerio creó un nuevo protocolo elaborado en conjunto con las organizaciones, centrado en garantizar los derechos de estas personas, respeto y prevención de la violencia por identidad de género y orientación sexual.   

«El proyecto de cupo laboral para travestis/trans es una demanda de las agrupaciones, organizaciones y de muchos organismos del Estado que venimos acompañando la lucha de los grupos sociales históricamente vulnerados por la discriminación. Creo que una ley de cupo es necesaria, para dar cuenta de una demanda social de un grupo extremadamente dañado e invisibilizado socialmente. Es por eso que el Estado, tiene que dar el primer paso, otorgando el cupo que corresponde para visibilizarnos en lugares estratégicos, como sucede conmigo y con otras compañeras y compañeros, pero no va a solucionar la faltante de opciones laborales para todos y todas», enfatiza Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI. Y concluye: «Queremos que todos y todas las profesionales de la salud nos atiendan sin prejuicios ni estereotipos, que las escuelas nos abran las puertas y que no nos expulsen, que presentarnos en una entrevista laboral no nos de miedo, que podamos circular libremente sin miedo a que nos agredan en las calles y que podamos besarnos con nuestras parejas y no tener que estar mirando para todos lados por miedo a que nos pase algo».