Dos intendentes, un fiscal federal, muchos policías y varios inspectores y empleados municipales. Un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) reveló que de las 1800 denuncias recibidas en 2016 a través de la línea 145, alrededor de un 10% involucra a funcionarios públicos como cómplices o encubridores de las maniobras delictivas.

“El número de denuncias recibidas por este medio aumentó exponencialmente en el último año y mucho tuvo que ver su carácter anónimo. Eso permitió que las personas se animaran a denunciar casos con fuerte implicancia social e institucional. Un ejemplo de ello es que la investigación que involucró al fiscal de Paso de los Libres, en Corrientes, que debió renunciar al cargo, tuvo ese inicio”, explica Marcelo Colombo, titular del organismo.

En mayo del año pasado, una voz anónima contó a un operador de la línea 145 que el fiscal federal Benito Pont brindaba protección a los prostíbulos de esa ciudad del Litoral. La investigación posterior demostró que el representante del Ministerio Público integraba una banda que explotó con fines sexuales al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes locales nocturnos.

El rol del fiscal, que renunció cuando su nombre trascendió en los medios, era clave para el funcionamiento de la organización: retardó deliberadamente las investigaciones que tenía bajo su instrucción y en las que estaban denunciados varios de los prostíbulos que amparaba. A pesar de tener una gran cantidad de pruebas, Pont investigó deficientemente para evitar así avanzar sobre los verdaderos responsables de la red y, finalmente, se declaró incompetente para que las causas fueran enviadas a la justicia provincial.

En lo que va de 2017, el porcentaje de funcionarios públicos denunciados al 145 se mantiene constante con respecto a los informes de los dos años anteriores. Sobre el tipo de imputación, desde la Procuraduría admiten que son “absolutamente heterogéneas”. En ocasiones, los denunciantes no suelen identificar a personas concretas, sino utilizar expresiones genéricas tales como “determinada comisaría”, “la municipalidad”, “los jueces”, “vínculos con la política” o “un policía de tal seccional”. 

El documento también da cuenta de que durante 2016 se iniciaron 293 investigaciones preliminares de presuntos casos de trata de personas: 31 de ellas comenzaron a través de llamados efectuados al 145, mientras 262 provinieron de organismos públicos y/u organizaciones civiles (Ministerio de Seguridad, fundaciones, consulados, Dirección de Asistencia a la Víctima de la Ciudad, entre otros).

De ese total, el 75% fue derivado a fiscalías de competencia local o federal a lo largo de todo el país. Alrededor de 130 denuncias ya fueron archivadas, mientras que 31 dieron lugar al inicio de investigaciones preliminares en la Protex, dado que comprendían casos de connivencia o complicidad de altos funcionarios públicos o probaban la existencia de una red. A otros 313 casos se les dio tratamiento de emergencia, derivándolos desde el Ministerio de Justicia a las fuerzas de seguridad federales para su inmediata intervención.

Posición de poder

Un ejemplo de la efectividad de las denuncias anónimas a la hora de tocar intereses de personas acostumbradas a la impunidad es el de Luis Enrique Rogers, convertido en el primer intendente que irá a juicio acusado de ser cómplice de una red de trata. De acuerdo con la acusación de la fiscal federal subrogante Adriana Zapico, Rogers “no cumplió con sus deberes de funcionario público, al tener conocimiento de lo que sucedía en el local nocturno Good Night y omitir voluntariamente realizar la denuncia correspondiente”.

La representante del Ministerio Público detalló que la “contribución” de Rogers se materializó “en su carácter de intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, mediante el mantenimiento de la licencia comercial extendida por el municipio, pese a que firmó las libretas sanitarias de las mujeres que trabajaban en el lugar –para lo cual es requisito la presentación de exámenes médicos ginecológicos y análisis referidos a enfermedades de transmisión sexual, lo que es indicativo del ejercicio de la prostitución por parte de las víctimas–”.

La resolución de la fiscal también alcanzó al exjefe de la comisaría de esa ciudad, Carlos Adrián Alanis, y a otros tres imputados que serían el dueño del boliche, su hermano y el encargado. Pero el trabajo de Zapico tuvo un colaborador clave: el propio Rogers. La fiscal basó la acusación en las declaraciones que el intendente hizo en medios periodísticos, en los que manifestó que vetaría cualquier ordenanza que implicara el cierre del local y defendió su existencia al definir a Good Night como «un lugar de esparcimiento y contención espiritual para jóvenes y camioneros que pasan por la zona». 

«Me asesoré con varios policías –declaró Rogers en aquel momento– y me advirtieron que el cierre podría causar prostitución callejera, descontento social y hasta una epidemia infecciosa. Bajo mi óptica, funciona bien y es todo legal. Las inspecciones se hacen y las chicas tienen la libreta sanitaria al día».

Lo de Rogers no fue un caso aislado. Por lo menos en La Pampa. En su escrito, con fecha de octubre de 2016, el juez federal de Santa Rosa, Luis Salas, detalló que José Luis Cabak y Hugo Mario Iglesias, intendente y comisario de Macachín, respectivamente, “tenían un cabal conocimiento de las actividades ilegales que se desarrollaban en Chicho Show”, pese a que una ordenanza promulgada en octubre de 2009 había prohibido los locales de diversión nocturna tipificados como cabarets, whiskerías y night clubs.

El magistrado aseguró que Cabak, “conociendo lo que sucedía en el local nocturno no solo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo de la ordenanza que le permitió seguir funcionando y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en el lugar”.

Durante el operativo en el local se constató la existencia de una barra de tragos, una fonola, una gran cantidad de preservativos y una puerta que conducía a cuatro habitaciones con cama matrimonial y luces rojas.

El escrito del juez Salas concluyó que “sin la participación de Cabak e Iglesias no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito, en tanto que desde la posición de poder que sus cargos le conferían, realizaron un aporte necesario para la consumación delictiva y mantenimiento del ilícito en el tiempo, en perjuicio de las mujeres sometidas a explotación sexual». «

Explotación en talleres

obre los procedimientos que se llevaron a cabo en domicilios de la CABA, en los que se sospechaba que funcionaban factorías clandestinas de la industria textil, el informe de la Protex concluyó que se encontraron 162 locales que no tenían habilitación para funcionar y con anomalías tales como la coexistencia de un taller de costura y una vivienda, numerosas y graves faltas de seguridad e higiene, y/o trabajadores identificados y no registrados. Sobre ese total, el 61% de los inmuebles fueron clausurados.

Otro dato relevante es que de todos los trabajadores encontrados en los talleres, 365 son extranjeros mientras que sólo 68 son argentinos.

Finalmente, destacaron el trabajo articulado junto a otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Identidad

Como parte de un trabajo iniciado en 2013, coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT), en el año 2016 se han producido 152 identificaciones de cadáveres que habían sido inhumados como NN.