Al igual que otras tragedias, la de Moreno no fue un accidente. Se podría haber evitado. Así lo sostienen los gremios docentes, que en menos de un año presentaron seis denuncias al Consejo Escolar local, intervenido desde hace meses por la Provincia, remarcando la pérdida de gas en la escuela Nº 49 Nicolás Avellaneda. La explosión que mató a la vicedirectora Sandra Calamano, de 48 años, y al auxiliar Rubén Rodríguez, de 45, es la brutal punta del iceberg de un panorama desolador. Según el informe elaborado por los sindicatos, entregado en mayo a la gobernadora María Eugenia Vidal y al titular de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, son al menos 46 colegios los que sufren problemas de gas, y 13 de ellos señalaban pérdidas.
El foco de las denuncias está puesto en la inacción y subejecución del gobierno bonaerense en infraestructura escolar. Los problemas en los establecimientos se multiplican, los maestros hablan de “desidia y desinversión”, y coinciden en que se declare la emergencia edilicia y educativa en la provincia. Ayer, todos los directivos de escuelas de Moreno acordaron que no retomarán las actividades en ninguna escuela del distrito hasta que los inspectores certifiquen que están en condiciones edilicias de dar clases. La decisión empieza a replicarse en otros partidos del Gran Buenos Aires.
Tal como adelantó Tiempo en junio, 781 escuelas bonaerenses sufren algún problema edilicio. De ellas, 56 se ubican en el partido de Moreno, donde la gestión de Vidal intervino el Consejo Escolar el 27 de octubre pasado. Quedó a cargo Sebastián Nasif, que en 2015 se había postulado a consejero escolar por el Frente Renovador. Sobre las tareas de mantenimiento, el jueves admitió: “No están a nuestro alcance por cuestiones presupuestarias.”
Sandra y Rubén llegaron a la escuela alrededor de las 7:30. Diez minutos después, y poco antes de que arribaran los alumnos, se disponían a preparar el desayuno cuando ocurrió la explosión. “En principio se habría producido por una pérdida de gas en un artefacto calefactor de la sala de profesores”, indicó la fiscal a cargo de la UFI 8 descentralizada de Moreno, Gabriela Urrutia. Las pericias dirán si la falla fue en la estufa, en el anafe, y si hay responsabilidad de Cristian Recovene, el gasista que envío el Consejo Escolar la tarde anterior, pero lo cierto es que hubo seis denuncias previas por pérdidas de gas y hay dos muertes.
Para Sánchez Zinny, sin embargo, el problema radica en las gestiones anteriores. Al ritmo del ajuste en educación, habló sin números de “una inversión grande en muchas escuelas”. Un día después, Vidal eligió tuitear que guardaba silencio “para evitar la utilización política” de las muertes de Sandra y Rubén. El presidente Macri fue más allá y ese mismo día anunció el lanzamiento de una línea de créditos de Anses para resolver «problemitas» en los hogares, por ejemplo, un escape de gas.
Garantías
El desenlace fatal de la crisis en infraestructura escolar generó una ola de protestas docentes en la mayoría de los distritos, frente a los consejos escolares, a los que califican de «cáscaras vacías». En la EES N° 2 de Moreno se reunieron el viernes y sábado más de 300 directivos de todos los colegios y modalidades (incluso privados), que resolvieron suspender las clases a partir de mañana «hasta la certificación y habilitación por parte de profesionales matriculados dependientes de la Dirección General de Educación y el Ministerio de Trabajo provincial que den cuenta de las condiciones adecuadas del edificio, por cuestiones de gas, electricidad, agua, SAE (Servicio Alimentario Escolar) y demás problemáticas de riesgo en cada uno de los servicios educativos del distrito». La medida ya se replicó en José C. Paz y General Rodríguez e iba camino a sumarse La Matanza.
Hasta que cada una de las escuelas cuenten con el certificado solicitado, no levantarán la suspensión. Solicitan el fin de la intervención del Consejo Escolar «para regularizar y respetar lo elegido democráticamente por la población morenense», demandan que «se establezcan las responsabilidades políticas y penales» por las muertes de Sandra y Rubén, y aseguran que cada institución realizará «su plan de contingencia y continuidad pedagógica con el monitoreo de la supervisión». Anoche, directivos y maestros encabezaban una vigilia en el Consejo Escolar local porque «se ha comprobado fehacientemente que están sacando cajas del Consejo», dijo una fuente educativa, y reclamó «que esto no se borre y no se ensucie nuevamente a los docentes que estamos en esto». Acordaron volver a elevar a las autoridades todas las denuncias efectuadas en este tiempo. Y la comunidad educativa de Moreno hará una asamblea mañana a primera hora, y luego marcharán hacia la jefatura distrital.
En la misma sintonía, las organizaciones sindicales que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) resolvieron que «las escuelas con graves problemas de infraestructura, tales como instalaciones y/o equipos eléctricos deficientes; desprendimientos de mampostería; pérdidas de gas, artefactos en mal estado de conservación y funcionamiento; peligro de derrumbes; falta de mantenimiento de la red cloacal, pozo ciego o planta de tratamiento; filtraciones graves que pongan en riesgo los cielorrasos y/o electrifiquen las paredes; deben proceder a la ‘inmediata suspensión de clases’, según lo establecen los Artículos 195 y 196 del Reglamento General de Instituciones Educativas».
El “Carpetazo” presentado en mayo ante las autoridades provinciales por el FUDB menciona 46 establecimientos más con desperfectos en la red de gas. Un caso es la Escuela de Educación Media Nº 11, de Ezeiza, que figuraba con “pérdida de gas en la cocina, paredes electrificadas y riesgo eléctrico”. Pasaron tres meses y la situación no cambió. La Secundaria 38 de La Plata resolvió su problema con fondos propios de la cooperadora. El relevamiento actualizado esta semana por Suteba acota que en la Primaria 336 de Morón persiste el problema del gas: “El viernes suspendió las clases la directora y mañana tampoco podrán funcionar. Esta escuela tiene clausuradas dos aulas electrificadas, un baño de docentes y auxiliares clausurado y los de los alumnos en muy mal estado. Se desborda permanentemente el pozo. Y tiene algunas paredes apuntaladas con hierro por peligro de derrumbe”. En el Jardín 901 de Rojas debieron evacuar a todos los niños el jueves: “Llamaron a los bomberos por olor a gas. El viernes fueron de Litoral Gas y cortaron el suministro. No habrá clases hasta la próxima semana”. Los gremios también denunciaron que un día antes de la tragedia en Moreno internaron a una preceptora de la Escuela 54 de Merlo Norte “porque explotó la estufa y le quemó la cara cuando intentó prenderla”.
«Desde que asumió el gobierno que les decimos que hay distritos prioritarios por la situación edilicia: Moreno, Mar del Plata, Varela, José C. Paz y el año pasado sumamos a General Rodríguez, que creció mucho su población y empezó a tener serios problemas. Si hubiese de verdad un plan de obras que estableciera prioridades y las ubicara territorialmente estaríamos en otra situación”, enfatiza Silvia Almazán, secretaria general adjunta de Suteba. Hace hincapié en la falta de control: «En Moreno no tenía ni siquiera inspectores de infraestructura». Y completa: «El Ministerio de Trabajo también es responsable, porque los inspectores deberían recorrer las escuelas para ver qué pasa. Y sólo lo hacen para ver si hay asistencia, para amedrentar o disciplinar. Esta semana estuvieron recorriendo las escuelas por el paro, pero no para controlar el estado en el que se enseña”.
“En General Pueyrredón estamos igual o peor que Moreno. Lo mismo que sucedió ahí podría pasar acá”, advierte la secretaria adjunta de Suteba en Mar del Plata, Susana Aranguren. Ambos partidos comparten una similitud: poseen sus consejos escolares intervenidos. En Mar del Plata, tras la intervención se desataron problemas con cancelaciones de contratos y adjudicaciones exprés a otras firmas, primero con el transporte (“dieron de baja a las empresas, hicieron una licitación muy rápida, en una semana adjudicaron a otras dos, y bajaron la cantidad de colectivos; ahora hay chicos que viajan sin asiento, por la ruta”), luego con las viandas: «»Se lo dieron a dos empresas nuevas que no tienen idea de dónde estaban ubicadas las escuelas, están llevando la mercadería en cualquier horario, a veces cuando los chicos ya se van. Llevan menos cantidad de lo necesario y en mala calidad. Hay colegios que dejaron de dar clases por ésto». En el medio se profundizan los problemas de infraestructura: “El jueves, mientras recibíamos la noticia de la muerte de dos compañeros, en la Primaria 21 de Mar del Plata hubo que evacuar por pérdida de gas –detalla Aranguren–. La Secundaria Nº58 hace año y medio que no tiene su edificio: los chicos cursaron debajo del Estadio Mundialista y ahora los mandaron a una parroquia. Hay dos escuelas especiales funcionando en un edificio que la gobernación alquila, que tiene escaleras, cuando los alumnos son disminuidos visuales. Incluso hay problemas en colegios céntricos, como la Técnica 3, que tiene 1700 alumnos y está sin calefacción, y la Primaria 6, a la que le acaban de sacarle el medidor hace una semana por fuga de gas.”
La tragedia tampoco puede desvincularse de un contexto de confrontación del gobierno hacia los gremios docentes, especialmente Suteba, con la complicidad de los grandes medios a la hora de demonizar a los sindicalistas. El principal foco es la ausencia de paritaria, en la que la gestión de Vidal no ofertó más que un 15% y sumas en negro. Pero las mesas paritarias no discuten sólo el número salarial. Un área clave de negociación entre autoridades y trabajadores suele ser la “mesa de infraestructura”, a la que los maestros llevan relevamientos de cada distrito. Este año, la carpeta incluía a la Escuela 49 de Moreno, con la advertencia: “No se pueden realizar clases en esa situación”. No fue tenida en cuenta. «
Nicholson y el «dibujo» de las cocinas
Apenas un mes y medio atrás salieron a la luz los audios del director de Infraestructura Escolar bonaerense, Mateo Nicholson, en los que desentrañaba la metodología de sobreprecios e irregularidades en el área: «Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan». Hasta hoy las causas judiciales en su contra no han prosperado.
Las miradas también giran hacia el titular de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, al que apuntan por su falta de antecedentes pedagógicos para el cargo. No tiene diplomas en materia educativa. Se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de San Andrés en 1996 y realizó un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown. Lo suyo fueron las consultorías y el lobby en Estados Unidos a favor de las pruebas estandarizadas como PISA. Devoto de la competencia entre escuelas a la hora de evaluarlas, posee firmas off shore. Por ejemplo, Formar Foundation Inc., con jurisdicción en Florida, EE. UU., y que vio la luz en el escándalo de los Panamá Papers, junto al ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.
La génesis de toda esta situación crítica radica en el presupuesto. En los números, Vidal redujo los fondos que se destinan a Educación y Cultura. Mientras en 2016, con el presupuesto sciolista aprobado en 2015, ocuparon el 28,1% del total de lo gastado en la Provincia, en 2017 esa proporción bajó a 24,9 por ciento. Los 3,2 puntos porcentuales de diferencia significan $ 16.533 millones menos, según un informe del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA). «Según nuestros últimos relevamientos, más del 70% de los establecimientos educativos tienen algún tipo problema edilicio», denunció Mirta Petrocini, presidenta de la FEB.
Una política nacida en la Ciudad
Los problemas de infraestructura no son exclusivos de la Provincia. En la Capital, donde el PRO gobierna hace 11 años, las denuncias son recurrentes. En el jardín de infantes Margarita Ravioli de Caballito, por ejemplo, los docentes deben recurrir a caloventores ya que no pueden usar las estufas por una pérdida de gas. Molestos, los padres de la cooperadora realizaron el viernes un corte en la avenida Rivadavia. «En los hechos, es el aporte de la cooperadora lo que sostiene la educación de nuestros hijos. Pero no podemos meternos a arreglar infraestructura. Por eso hacemos reclamos, pero no hay respuesta», cuenta Fernando Gacio Baquiola, padre de Manuel, de la sala turquesa. «Para quienes auditamos las políticas educativas del macrismo en la Ciudad, nada es novedad», explica Cecilia Segura, titular de la Auditora General porteña. «El macrismo desinvirtió en infraestructura, subejecutó los presupuestos, tercerizó las obras en empresas a las que controla poco y mal e hizo oídos sordos a los reclamos y a los informes que hemos hecho desde la Auditoría señalando las falencias. La Ciudad destina fondos millonarios a empresas que, a pesar de los incumplimientos, vuelven a ganar obras. Este modelo enriqueció a los privados pero las escuelas están cada vez peor».
