El exintendente de la ciudad de Paraná tiene una particularidad, cuanto menos, incómoda: comenzó a ser juzgado por el presunto financiamiento de bandas dedicadas al narcotráfico cuando todavía estaba en funciones. Por mucho menos, varios funcionarios debieron renunciar a sus cargos, pero Sergio Varisco insistió (hasta su ulterior derrota en las elecciones ante el peronista Adán Bahl) en ocupar el despacho principal de la intendencia.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la capital entrerriana, el fiscal José Candioti lo acusó de ser el «coautor» de «financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes» y pidió para Varisco diez años de prisión y una multa de 250 mil pesos.

El fiscal detalló que, en septiembre de 2017, el funcionario de Cambiemos se había comprometido con Daniel «Tavi» Celis, apuntado como vendedor de drogas, a entregarle unos 50 mil pesos mensuales para financiar su «negocio». Candioti también pidió penas de nueve años de prisión para el exconcejal Pablo Hernández y la exsecretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, mano derecha de Varisco.

Durante el juicio trascendió una escucha telefónica en  la que Celis, sindicado como líder de la banda, pregunta si «la Bordeira pagó la cuota esa», y agrega: «Si vendió toda la mercadería, ¿cómo no te va a pagar?». El propio Celis, que declaró en la causa como arrepentido, corroboró el acuerdo político con Varisco para las elecciones de 2015. Contó que militó en la campaña electoral con su Movimiento Vecinalista del Oeste, y detalló que aportó dinero a cambio de contratos para sus familiares y allegados. Aceptó, además, que usaba «la estructura municipal», camiones oficiales, para transportar la droga.

La causa llamada «narcomunicipio» ya tiene 34 imputados y, según la fiscalía, carga probatoria suficiente para condenarlos a todos.

Tras conocerse el pedido de condena, Varisco dijo que se siente «apabullado y lógicamente indignado», e insistió con su inocencia. Durante la declaración que realizó a la salida del juzgado, denunció que «hubo funcionarios nacionales que intentaron perjudicarme. Si no, no me explicó por qué Patricia Bullrich tuiteó a todo el país mi procesamiento, o que haya tuiteado victimizándose por una foto, acusando a mi espacio político. O que haya hablado de narcomunicipio».

Entre los demás imputados, se cuentan los hermanos Omar y José Ghibaudo, dueños del campo donde aterrizó una avioneta con 317 kilos de marihuana; Renzo Bertana, hijo «del corazón» de Celis; y María Esther Márquez, una curandera que ayudaba «espiritualmente» a los hermanos Ghibaudo.