El 14 de febrero, las directoras de ocho escuelas rurales del Delta de San Fernando fueron citadas para notificarse de la decisión de cierre dispuesta por la gobernación bonaerense. El rechazo y la organización de la comunidad, la medida de no innovar y la resistencia de docentes y familias que todavía perdura, tuvieron alcance nacional. Nadie se enteró, en cambio, de que una semana atrás, Prefectura Naval, en un procedimiento ilegal, secuestró en la zona la embarcación de Pedro Andino, un isleño de 74 años, que ya había sido desalojado de su casa por la misma fuerza.
No habría relación entre ambos hechos si Pedro no fuera miembro de la cooperativa Isla Esperanza, que viene denunciando atropellos, amenazas y ataques sistemáticos contra la población del Delta, particularmente los habitantes de los arroyos Anguilas y Paloma, que resisten al avance del megaemprendimiento inmobiliario Colony Park SA.
«Desde hace años pareciera estar llevándose un plan para deshabitar la zona explica Diego Domínguez, uno de los fundadores de la cooperativa, que ya de por sí tiene pocos habitantes. Primero nos sacaron los surtidores de gasolina en el arroyo y ahora nos quieren cerrar las escuelas. Si a eso le sumamos que el sistema de salud es sumamente precario, que no hay propuestas educativas terciarias que inviten a los pobladores a permanecer en las islas, que el suministro de energía es deplorable, que el transporte es lento y caro, y encima hay cada vez más emprendimientos para loteos de barrios cerrados, muchas veces en conflicto con el territorio y el ambiente, el mensaje es que a nadie le interesa lo que pasa con los isleños».
El Delta de San Fernando es una de las más importantes reservas de biosfera (una categoría internacional de zonas protegidas) del mundo. Representa una gigantesca área de humedales y una población con un modo de vida único: los isleños son portadores de saberes y prácticas muy valiosas, de una identidad que les proporciona la vida insular.
«Desde el comienzo de las obras de Colony Park, Prefectura actuó a favor de la empresa, amenazando a las familias con acciones de desalojo. Eso apunta al vaciamiento de la isla, para que puedan instalarse los grandes emprendimientos inmobiliarios. Por ejemplo, en el arroyo Anguilas, destruyeron la fuente de trabajo y las viviendas, y secuestraron las embarcaciones. No tenerlas es como no tener piernas en la ciudad», se queja Domínguez.
La cooperativa Isla Esperanza forma parte del Observatorio de Humedales del Delta, pensado como «un espacio de difusión, investigación y organización para la búsqueda de soluciones frente al avasallamiento del modo de vida isleño». Desde esa organización, se denuncia que «se pretende seguir extrayendo renta del Delta a través de un turismo depredador, invasivo, que se vuelve peligroso por la velocidad de las lanchas que aplastan a las embarcaciones isleñas».
Sin embargo, eso no es lo peor. Según el diagnóstico elaborado por el Observatorio, «la población se enfrenta solapadamente a planes de desarrollo inmobiliario apoyados por grandes empresas y funcionarios corruptos cuya especialidad es lavar dinero negro en fabulosas cantidades. Ello implica la expulsión de pobladores y la conversión de las islas en barrios privados náuticos de lujo. Para acorralar silenciosamente a las familias isleñas, les suben los precios de las lanchas colectivas, les niegan servicios de salud, comunicación y ahora también pretenden quitar las escuelas».
Consultados por Tiempo, desde el municipio de Tigre explican que el intendente Julio Zamora viene reclamando a las autoridades nacionales y provinciales una solución para la problemática del transporte fluvial, que afecta severamente a la población isleña, sin subsidios ni compensaciones tarifarias. También ha impuesto multas de hasta 900 mil pesos a Edenor por los cortes en el Delta.
Crímenes hidrogeológicos
Luego del apogeo del poblamiento de las islas por parte de inmigrantes campesinos a fines del siglo XIX, se conformó un polo de producción frutihortícola que abastecía a Buenos Aires y que hasta hoy deja su huella en el popular Puerto de Frutos, ubicado en el municipio de Tigre.
«A partir del año 2000, el Delta se empieza a repoblar otra vez, llegando a los casi 10 mil habitantes que somos hoy, que no nacimos en las isla pero fuimos llegando hace cinco, diez o 20 años. Nosotros fuimos testigos de cómo al modelo forestal y turístico se sumó el proyecto inmobiliario, que copia el modelo Nordelta, cambiando la fisonomía de las islas, provocando inundaciones trágicas y contaminación», dice Domínguez.
«Tigre ya tiene la mitad de su territorio entregado a los desarrollos inmobiliarios. A esta gente, el Delta les plantea un problema, porque no pueden cruzar con sus autos. Por eso quieren construir puentes. Privatizan arroyos, canales, dragados y costas, y así modifican la geografía, elevan los suelos, que a su vez alteran los ríos y provocan las inundaciones. Son crímenes hidrogeológicos, porque están atentando contra la seguridad de la gente que vive en las islas», explica Martín Unziata, ambientalista y poblador del Delta desde hace 40 años.
«Cuando los lugares de la querencia y el territorio amado son amenazados o destruidos escribió la isleña y socióloga Sofía Astelarra en su tesis sobre el conflicto con Colony Park, la salida es sacar el conflicto afuera y defender el territorio de vida, logrando frenar, así, la colonización». «
Marcha atrás en Caracoles, que conserva su escuela
El martes pasado se conoció la noticia de que todos los pobladores de las islas del Delta estaban esperando: Caracoles no se cierra. La gobernación bonaerense, finalmente, decidió escuchar la voz de la comunidad y en una reunión en La Plata que mantuvieron funcionarios provinciales y representantes de gremios docentes, dio marcha atrás al traslado temporario que había propuesto para la Escuela N° 25 y el jardín de infantes «rural e islas de matrícula mínima» sobre el arroyo Caracoles, en la segunda sección de Islas, partido de San Fernando. De acuerdo al compromiso asumido por los funcionarios, el jueves 15 de marzo se reanudarán las clases normalmente.
Para el Frente de Docentes Isleños, esto demuestra que caen solos y huecos los argumentos de la inaccesibilidad fluvial y de la integración social. La comunidad isleña es pequeña pero es fuerte, y sabe lo que necesita, al tiempo que advierten que la lucha seguirá porque el cierre de cursos en las escuelas secundarias N° 9, de Carabelas, y N° 22, del río Paraná Mini y el Chaná, continúa en suspenso.
Colony Park: topadoras, dragado irregular y muchos lotes vendidos
«Colony Park es el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta argentino. Un concepto inmobiliario único en el país que le ofrece desurbanizar su vida en tan sólo cinco minutos.» Así se presentó el megaemprendimiento inmobiliario a comienzos de 2008, cuando desembarcó en el arroyo Anguilas, ostentando una orden de desalojo para las familias del lugar. A cambio, los representantes de Colony Park les proponían a los isleños la firma de un «convenio de desalojo» por el cual los indemnizaban con una suma que iba desde los 1500 a los 30 mil pesos. Varias familias no aceptaron y entonces sus casas, embarcaciones y herramientas de trabajo fueron quemadas y arrasadas con máquinas.
Colony Park también destruyó con topadoras el monte y dragó el arroyo Anguilas, cambiando su curso de agua y usando los sedimentos para rellenar.
A inicios de 2011, la cooperativa Isla Esperanza que sufrió robos y hasta la quema de su local y organizaciones socioambientales realizaron un festival donde apareció por primera vez el lema «No Colonyzarán. Defendemos el modo de vida isleño». Ese año, en el marco de una causa judicial radicada en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, las obras fueron frenadas. Para la justicia, Colony Park SA había realizado «de manera irregular trabajos de dragado y relleno en el Canal de Vinculación y el río San Antonio, en la primera sección del Delta de Tigre», lo que alteró las vías navegables.
Recién en septiembre de 2016, Arroyo Salgado procesó a directivos de la firma y a exfuncionarios provinciales y del municipio de Tigre, cuando Sergio Massa era intendente. La jueza sobreseyó, en cambio, a las autoridades de la Dirección Nacional de Vías Navegables y de la Prefectura. La querella insistirá sobre la responsabilidad de esas reparticiones, por permitir el avance de las obras, cuyas secuelas ambientales siguen vigentes.
En la web de Colony Park todavía puede leerse que el proyecto contará con «un hermoso Club House, un edificio moderno, de estética simple y funcional, con sectores para adultos, otro para adolescentes y el restante para niños», entre otros lujos. La página afirma que ya se vendió el 72% de los lotes de la primera etapa.
