En julio el Congreso nacional votó dos leyes muy importantes en la lucha por el medio ambiente: la declaración de Emergencia Ecológica y Ambiental, y la ley de Adopción de Medidas y Mitigación del Cambio Climático.

Argentina fue el cuarto país del mundo en declarar la emergencia ecológica y ambiental, que exhorta al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumpliendo con los objetivos plasmados en el Acuerdo de París, al cual suscribimos en 2018.

Fueron lxs jóvenxs, como  en muchos otros temas de interés público, los que se movilizaron para pedirles a sus representantes que atiendan a sus reclamos. “Jóvenes X el Clima Argentina” —parte del movimiento global liderado por la joven sueca de 16 años, Greta Thunberg— presentó el Proyecto de Declaración de Emergencia Climática en el Senado como un primer paso para exigir políticas públicas que respondan a la problemática del medio ambiente de manera integral y federal. 

La ley a la que el Senado de la Nación dio media sanción se propone desarrollar estrategias y promover una nueva conciencia ambiental que permita reducir los efectos del cambio climático. Plantea la creación de un Gabinete Nacional del Cambio Climático que tendrá como función articular entre las distintas áreas de gobierno y un Consejo Asesor Permanente compuesto por científicos, profesionales, organizaciones ambientales, de la sociedad civil y entidades académicas.

Claro que para llevar adelante los principios de estos proyectos, necesitaremos no sólo la aprobación de la Ley de Cambio Climático en la Cámara de Diputados de la Nación, sino también la voluntad política de quienes ocupen el Poder Ejecutivo Nacional y de las Provincias.

No hay tiempo que perder. Tenemos que tomar conciencia de que el cambio climático es un problema global que exige medidas urgentes y, por sobre todo, eficientes. Necesitamos políticas públicas que estén a la altura de las necesidades de una población que genera cada vez más y más desechos.

No nos podemos conformar con que exista una ley, la 25.916, de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos que promueve la separación y reciclado de residuos si nadie puede cumplirla.

La basura es uno de los problemas más graves para quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires. Las organizaciones desarrollaron experiencias de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) con los que demostraron estar muy por encima en su conciencia ambiental y social respecto de la clase política, que parece desconocer los objetivos de esta Ley.

La provincia de Buenos Aires se debe una política de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y de erradicación de los basurales a cielo abierto. Para ello, entre otras cosas, hay que dotar de presupuesto al Órgano Provincial de Desarrollo Sustentable, dejando atrás las políticas de ajuste de la Gobernadora María Eugenia Vidal.

El cuidado del medio ambiente es una tarea urgente y nos involucra a todxs.  Lxs jóvenes y  los sectores vulnerables de este país son los que más sufren las consecuencias y son, también, quienes han tomado el tema en sus manos. El Estado se tiene que hacer cargo. No podemos seguir dándoles la espalda.