La pandemia evidenció muchas aristas de la desigualdad económica, que ya existían, pero con el aislamiento social preventivo y obligatorio nos explotaron en la cara. La infraestructura, o falta de ella, en los barrios populares, villas y asentamientos en todo el país es una de las más graves. ¿Cómo seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud si no se tienen los recursos básicos necesarios para siquiera lavarse las manos periódicamente?
Tener una gran porción de población urbana en condiciones tan precarias es una especificidad argentina y latinoamericana, lo que plantea una urgencia extra a la hora de enfrentar un virus que trae más dudas que certezas. Encima, en nuestro país se suma una crisis económica que ya estaba atravesando.
A su vez, la población de menores ingresos es mayoritariamente mujer: el 66% del grupo poblacional de menores ingresos es femenino. Esta feminización de la pobreza, sumada a la mayor tasa de desempleo de las trabajadoras y la mayor probabilidad de tener trabajos informales, nos hace suponer que fueron y son las mujeres las más golpeadas por la recesión que se acrecentó con la cuarentena.
Fuimos las primeras despedidas, suspendidas y quienes tenemos estructuralmente los menores ingresos, pero los gastos se mantienen. A todo este contexto de vulneración económica nos toca hacer visible lo que, en 2020, sigue quedando en el baño: en la pandemia seguimos menstruando.
Se hicieron numerosas colectas de donación bajo el lema “Al virus lo superamos entre todes”. Sin embargo, no encontramos mención a la compra de estos insumos de primera necesidad. Lo decimos no sólo para evidenciar un fenómeno que acompaña a un estimado de 12 millones de argentinas y argentines, sino también para mostrar cómo en un contexto de reducción de nuestros ingresos mantenemos un gasto esencial: el de productos de gestión menstrual.
Según la última estimación de la campaña #MenstruAcción, una persona menstruante gasta $ 2900 pesos anuales en compra de toallitas y este número asciende a $ 3800 en el caso de comprar tampones. Un gasto que se actualiza al son de la inflación mientras los ingresos parecen congelarse (o perderse en reducciones salariales o despidos). Por esto decidimos hacer, por primera vez, una colecta solidaria. Si bien entendemos que el Estado es quien debe garantizar el acceso a estos productos, como se traduce de los más de 12 proyectos de ley presentados y la campaña de #MenstruAcción, entendimos que en el contexto actual era urgente llegar a las compañeras de los barrios más vulnerados para que tuvieran los ingresos suficientes y así poder hacer las compras necesarias.
Este llamado fue acompañado por más de 400 personas y recolectamos $ 217.310 neto (porque pagamos todos los impuestos y comisiones correspondientes) en el Mes de la Salud Menstrual, por lo que, según nuestros cálculos, se pudieron comprar más de 21 mil toallitas, o más de 16 mil tampones. ¿Será que alcanzamos la justicia menstrual? La respuesta es NO.
‘‘NO’’ en mayúsculas porque los parches no solucionan un problema, y menos nos desvían de los objetivos. Necesitamos cambios estructurales tanto como atender la urgencia. Los proyectos que buscan alcanzar la justicia menstrual esperan su tratamiento en el Congreso, como el proyecto de legalización del aborto (ese que hace dos años consiguió la media sanción de Diputados en una jornada histórica). Y los derechos son cambios estructurales urgentes. «
