Este aniversario de Tiempo es diferente de los que hubo en los medios de la Argentina. La gesta que representa la formación de la cooperativa, como respuesta a la vez solidaria y creativa a contrapelo de la mercantilización imperante en el sector de la comunicación, es motivo de festejo y de orgullo. El camino forjado es arduo y ajeno a los premios y reconocimientos instituidos, a las facilidades político-administrativas, técnicas y económicas también institucionalizadas, que están, como estuvieron siempre, reservadas para las empresas que troquelan el consenso al statu quo. Ustedes no son lo instituido sino lo instituyente.

Celebramos el aniversario de Tiempo Argentino cooperativo porque nos enseña que la autogestión puede desafiar el catastrofismo aun en una industria fuertemente concentrada y aturdida por una metamorfosis radical. Que aun allí el trabajo creativo sigue marcando diferencia. Que lo accesorio no siempre puede encandilar lo primordial.

Es difícil caracterizar el ecosistema de comunicación –que es lo que me toca– en pocos minutos, pero es necesario. Aunque la regulación de las comunicaciones no figuraba como preocupación de agenda de ninguno de los principales candidatos en 2015, el presidente Mauricio Macri tomó por decreto el control de la autoridad regulatoria, gubernamentalizándola; desguazó capítulos estratégicos de las leyes votadas por el Congreso y, en el caso audiovisual, validada por la Corte Suprema de Justicia; aceleró cambios en la estructura de propiedad resultado de lo cual es una nueva fase en la concentración del sector que se manifiesta en la extranjerización completa de Telecom, el inminente inicio de Clarín como operador de cuádruple play a través de su desembarco en telefonía móvil; la exoneración de todas las (ya antes de diciembre de 2015, fracasadas) adecuaciones de los grupos concentrados a la normativa; el bloqueo de la realización de concursos en licencias audiovisuales con una prórroga por casi 15 años; las transferencias de titularidad con escaso control; la retirada del Estado como garante de la transmisión en abierto de eventos de interés público y su plena cesión al mercado; la anulación de límites a la concentración de la TV paga; la adopción de una cláusula anticompetitiva a los conglomerados infocomunicacionales para la construcción de redes de fibra.

Tanta actividad en tan poco tiempo ubica a Macri como uno de los presidentes más ocupados en el tema, que complementa con una comunicación política de «gentismo 2.0» innovadora y, por ahora, eficaz. La vía del decreto y de resoluciones que a su vez contradicen sus propios decretos debilita la mentada seguridad jurídica a mediano plazo, pero los efectos de esta política serán duraderos y trascienden el mandato 2015-2019.

Comparto, algunas preguntas:

¿La concentración de las comunicaciones empezó en diciembre de 2015 o tuvo a partir de la presidencia de Macri un nuevo impulso, lo que permitiría hablar de una nueva etapa en una historia larga de concentración primero horizontal, luego multimedios, más tarde conglomeral y ahora convergente?

¿Hay concentración buena y concentración mala para el interés público? ¿Hay «daños colaterales» digeribles cuando, al menos en el plano discursivo, se esgrime la consigna de la desconcentración o de la competencia que rigieron las políticas de medios desde 2009 y hasta el presente (ayer desconcentración, hoy competencia) aunque en los hechos ni hubo desconcentración ayer ni hay competencia ahora?

¿Puede haber competencia económica con los niveles de concentración que sofocan a cualquier agente que carece de integración vertical con posiciones de privilegio en los eslabones de la cadena productiva?

¿Es lógico disociar el derecho que es social e individual a la Libertad de Expresión (y que no se reduce a la vital libertad de palabra), de la preocupación por las condiciones en las que algunos pocos actores cuentan con el sostén del Estado para captar mayores recursos que, en muchos casos, son públicos o son facilidades esenciales para ejercer derechos fundamentales? El suponer que la élite social, económica y cultural que tiene/tenemos acceso a opinar en los medios equivale a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, ¿no confunde libertad de opinión –cuya conquista fue costosa a través de décadas en el país– con el derecho a la libertad de expresión y a la cultura?

¿Cómo puede actuar el Estado para resolver o al menos moderar las marcadas asimetrías sociales, económicas, culturales y geográficas en los derechos asociados a la comunicación?

¿Cómo interpelar desde experiencias autogestivas a un Estado cuyo personal dirigente expresa una concepción de la comunicación limitada a los grandes actores industriales?

Quienes reclamamos políticas públicas democráticas e inclusivas, ¿podemos desconocer el daño que al interés público, al acceso a la información y a las posiciones más avanzadas en libertad de expresión y derecho a la comunicación y la cultura le causan concepciones patrimonialistas que cristalizan, por ejemplo, en feedlots de engorde de empresarios inescrupulosos sin contraprestación por los millones que obtuvieron vía publicidad oficial u otros recursos?

¿Reducir engañosamente la clasificación de empresarios vaciadores y patoteros engordados en esos feedlots como «empresarios K», no supone ignorar olímpicamente sus negociados con los gobiernos de la vieja Alianza, del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y de Cambiemos, ahora, en la Nación? ¿No es más productivo comprender que en esas prácticas anida un tipo de vínculo estable entre política y medios que necesita ser revisado? ¿No es acaso más distintivo su ensamble con los servicios de inteligencia?

¿Se puede analizar la situación crítica de los medios y del periodismo si se ignora el desmonte actual de las regulaciones en materia de propiedad y financiamiento de producciones que fueron elogiadas por organismos cautos, como la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de DD HH y cuyos objetivos procuraban dotar de mayores posibilidades de acceso al ejercicio del derecho a la libertad de expresión?

¿Tendría esta política de desmonte de derechos el escaso cuestionamiento público (a diferencia de lo que se ve en otras áreas, como la educación) si se hubieran respetado los objetivos de las regulaciones anteriores, es decir, si no hubieran sido profanados en nombre de una improvisada y cortoplacista guerra desatada entre 2009 y 2015 con un multimedios –el principal multimedios– que fue aliado del anterior gobierno hasta 2008?

¿La afectación de derechos con una lógica que es regresiva porque quita posibilidades de avance en su ejercicio por parte de quienes no persiguen el lucro ni tienen posiciones protagónicas en el sector, no contribuye acaso a un cambio mayúsculo, cultural, que define como clientes y consumidores a los ciudadanos, la mayoría de los cuales se ven disminuidos como sujetos de derecho? ¿Esta operación no hubiese sido más ardua de haberse materializado parte de los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión enunciados en la etapa anterior?

¿Cómo se concilia el reclamo por la ampliación de derechos con un marco de creciente concentración tutelada por la disputa por la renta en comunicaciones entre Clarín y Telefónica en la que los verdaderos nuevos actores son los llamados depredadores digitales a escala global como Google o Facebook?

¿Hay relación entre la nueva disposición de las tendencias editoriales, que asigna al gobierno y a la cultura oficial una preeminencia manifiesta, y la redistribución del gasto en publicidad oficial, cuyo volumen total se redujo, cuya orientación prioriza el criterio de rating (que equivale a cercanía política) y cuya discrecionalidad también decreció? ¿Hay relación entre la lógica triunfante en la distribución de la torta publicitaria y las condiciones precarias en las que se ejerce el periodismo y profesiones colindantes?

Formular interrogantes, aunque algunos puedan ser incómodos, es vital para comprender el sentido de las políticas del gobierno y el valor estratégico que tiene la comunicación en la sociedad actual, tanto en lo que refiere a las reglas de juego de los magnates de la palabra como en lo que hace a las modalidades discursivas del oficialismo y del resto del sistema político.

Tiempo Argentino, con su ejemplo autogestivo que es inédito, y muchos de los queridos compañeros acá presentes con valiosas experiencias cooperativas, nos invitan a articular más y mejores espacios para ayudar a responderlos.

Celebramos porque poner en acción colectiva el malestar y las experiencias que ustedes vivieron en carne y alma, y hacerlo con lógica de asociación cooperativa, abre caminos que van más allá de lo imaginable y representa un ejemplo digno de admiración.«

* Texto leído por el autor en la celebración del aniversario de la cooperativa Por Más Tiempo.