La Policía Metropolitana rodeó el edificio de Pichincha 191, en el barrio porteño de Balvanera, con cientos de efectivos para desalojar a 7 familias que viven allí, entre ellos 14 niños y dos personas con discapacidad.

El avance de la policía fue anunciado en un comunicado difundido por la mañana de este viernes. “Tras 5 días de resistencia al desalojo, el juez Norberto Tavonanska, la fiscal Claudia Barcia y la Policía Metropolitana se deciden a concretar el desalojo de las familias de Pichincha 191, quienes siguen reclamando, mientras defienden sus hogares, alguna respuesta del GCBA”, informaron organizaciones sociales.

Luego de varias horas de tensión, el juez cambió su postura y asignó hoteles por tiempo indeterminado para las familias hasta que se les otorguen un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Si acepan, la sorganizaciones tratarán de generar una mesa de dialogo para poder avanzar en las negociaciones con el IVC.

El proceso de desalojo comenzó el lunes, cuando efectivos de la Metropolitana intentaron sacar a las familiar, pero fue evitado por la presencia de vecinos y organizaciones sociales y políticas.

Las familias denuncias irregularidades de las autoridades judiciales para ordenar el desalojo. El abogado Juan Lenta, quien representanta a las familias, señaló que “el informe presentado por la fiscalía resulta inconsistente, puesto que refiere a medidas de seguridad para un hotel, y este inmueble no funciona como tal desde el año 2000, cuando su dueño desapareció”.

Explican además que hay un “ensañamiento por parte del Juez Tavosnanska, quien se negó siquiera a aceptar los 4 informes presentados por arquitectos de distintos organismos y organizaciones. Aquí no hay peligro alguno de derrumbe, ni riesgo de vida, el juez y la fiscal Barcia lo saben e igual continúan avanzando”.

“En el interior del edificio se vive una situación de angustia e incertidumbre que se ha traducido en problemas de salud de mujeres embarazadas, y también hay quienes han perdido su trabajo para defender su vivienda. Hay gente que vive aquí hace 15 años y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene ningún problema en mandarlos a la calle”, relató Agustina Mayansky, docente del bachillerato popular Vientos del Pueblo, donde estudian varios habitantes del edificio.