Pese al reclamo de organizaciones sociales de derechos y agrupaciones de inquilinos e inquilinas, el vencimiento del decreto que congela los alquileres y prohíbe los desalojos en el marco de la pandemia de coronavirus ya es un hecho. A partir de mañana y pese a medidas que intentarán paliar ese efecto, podrán comenzar a efectivizarse cientos de juicios de desalojo en curso y deberán firmarse nuevos contratos de alquiler, con fuertes aumentos. “La realidad de muchos hogares es que si se termina esta protección se van a quedar en la calle literalmente”, advierten desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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“Desde nuestro punto de vista no están dadas las condiciones ni sociales, ni económicas, ni sanitarias para eliminar de un día para otro la protección del DNU 320, porque estamos hablando de más de un millón y medio de hogares en Argentina que dependen de sus ingresos periódicos mensuales para sostener su vivienda, y los ingresos mermaron, aumentó el desempleo, la economía no termina de arrancar. La realidad de muchos hogares es que si se termina esta protección se van a quedar en la calle literalmente. Hubo un aumento importante del monto de los alquileres y quienes busquen se van a enfrentar a un mercado mucho más caro, más los gastos de mudanza”, alerta Luna Miguens, Coordinadora del área Derechos económicos, sociales y culturales del CELS, en diálogo con Tiempo. Y agrega que hay “muchas dificultades” para hacer cumplir la Ley de Alquileres, por lo que “no está garantizado ese marco regulatorio”.
Según una encuesta realizada en octubre pasado por el CELS junto a la Universidad de San Martín entre inquilinos e inquilinas del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), el 66% de los hogares inquilinos registró una reducción de ingresos y tiene algún tipo de deuda. “La encuesta mostró una situación económica muy comprometida y con el paso del tiempo no pudo sino haber empeorado”, señala Miguens. “Todos los indicadores empeoran en los hogares más vulnerables. En los que tienen niñes, personas con discapacidad o mayores a cargo, el 73% perdió ingresos. Y el endeudamiento llega al 83% en hogares en villas y asentamientos”. Además, de acuerdo a datos a los que accedió el CELS del ámbito judicial, la situación es “preocupante” en relación a la cantidad de juicios de desalojos que se activarán y efectivizarán a partir de abril.
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En tanto, “hay todo un campo de alquiler en pensiones o habitaciones, en villas, el alquiler informal, que es muy importante y el protocolo de alerta temprana –dispuesto por el Gobierno ante la no extensión del DNU- no lo incluye. Y los desalojos en el mercado formal terminan presionando sobre ese mercado informal, porque quienes no puedan ingresar a un nuevo alquiler van a terminar probablemente en una habitación y también va a ser un problema en ese sector. Va a presionar sobre toda la cadena”, remarca Miguens. “Implica un agravamiento del déficit habitacional en términos generales. Y tampoco es recomendable en términos sanitarios: en el mejor de los casos quienes son desalojades se van a vivir con otra familia y eso aumenta los niveles de hacinamiento. Garantizar una vivienda adecuada para la mayor cantidad posible de hogares también tiene que ver con prevenir desde lo sanitario”.
Ante el vencimiento del decreto y la negativa gubernamental a extenderlo, organizaciones nucleadas en el colectivo Prohibido Desalojar convocaron a movilizarse este miércoles desde las 10 al Obelisco. “Los desalojos ya se han producido en estos meses a pesar del DNU. Hemos recibido denuncias, y a partir de ahora creemos que se va a exponer a miles de personas y los alquileres se van a hacer impagables para muchas familias”, cuestiona desde la protesta Gabriel Marquesi, de Inquilinos en Lucha. Sobre las nuevas medidas, como el protocolo de alerta temprana y las mediaciones ante los riesgos de desalojo, considera que “no van a contener en nada”.
“Estamos planteando la construcción de 4 millones de viviendas, porque hay problemas de vivienda gravísimos en 4 millones de personas a nivel nacional”, apunta Marquesi. El reclamo pide también la creación de un comité de solidaridad ante desalojos y el establecimiento de un tope para alquileres en función del salario mínimo, vital y móvil.
